El armisticio inevitable, por César Azabache Caracciolo

En los últimos días la Fiscalía de la Nación ha presentado al Congreso cinco denuncias constitucionales contra la señora Boluarte. Estas denuncias corresponden a los cinco asuntos más importantes por los que la Fiscalía la venía investigando: la represión a las movilizaciones que comenzaron en diciembre de 2022, los Rolex, la protección dispensada a Vladimir Cerrón, aún prófugo, el abandono del cargo durante las cirugías a las que se sometió y la influencia de su hermano Nicanor en el gobierno.

Su defensa ha acusado recibo del evento como si representara un ataque legal indiscriminado contra ella. En lo personal creo sencillo notar que el evento representa todo lo contrario. Presentar estas denuncias equivale a declarar que las investigaciones preliminares seguidas en su contra han terminado. Eso significa que entramos en un momento en el que, salvo nuevos descubrimientos, no habrá más declaraciones ni diligencias promovidas por la fiscalía. Terminadas las investigaciones, estos cinco casos están siendo entregados a un Congreso cuya mayoría se ha mostrado consistentemente comprometida con asegurar la continuidad de quien aún ejerce la presidencia. En estas condiciones es imposible pensar que la entrega de estos casos pueda exponer a la señora Boluarte a enfrentar un ambiente hostil o algo semejante.

Buscar prórrogas extraordinarias en todos los casos, retener las investigaciones más allá de lo razonable, multiplicar los testimonios sin necesidad o solicitar medidas judiciales no justificadas habrían sido expresión de un ataque abierto. Entregar los casos al Congreso representa exactamente lo contrario.

El evento parece más bien el anuncio de un armisticio inevitable. Inevitable porque las investigaciones preliminares no pueden durar indefinidamente. Cuatro meses, ocho a lo sumo, 36 solo en casos excepcionales, muy graves, muy complejos. Las investigaciones preliminares deben terminar en algún momento. Y cuando se dirigen contra quien ejerce la presidencia, los casos que contienen están destinados a quedar en suspenso, porque para continuar desde este punto la fiscalía necesita autorización del Congreso. Y mientras el artículo 117 de la Constitución siga en vigencia, esa autorización solo puede ser emitida cuando el mandato presidencial termine.

El Congreso, por cierto, podría continuar con sus propias investigaciones preliminares. Tiene para esos fines a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales y tiene la posibilidad de nombrar Comisiones Especiales de Investigación. En el caso Castillo, el primero en el que la fiscalía autorizó investigar a un presidente en ejercicio, el Congreso lo hizo, y las indagaciones que se desarrollaron después de la denuncia de la fiscal Benavides arrinconaron tanto al entonces presidente que Castillo terminó intentando escapar a México y perdió la presidencia por mano propia, en un absurdo intento por perpetrar el golpe de Estado por el que ahora enfrenta un juicio.

Sin embargo, la mayoría en el Congreso ha dejado ya en claro que esta vez no tiene la intención de hacer lo mismo. Lo ha declarado expresamente en dos casos: el de las muertes causadas en las protestas y en el caso Rolex. El cambio de opinión es evidente: Antes de mayo de 2022, cuando el fiscal Sánchez autorizó la primera investigación preliminar seguida contra Pedro Castillo, la mayoría en el Congreso aplaudió la decisión. El cambio en la doctrina sobre protecciones presidenciales impulsado por el fiscal Sánchez bloqueó la única defensa que logró articular Pedro Castillo cuando empezó a construirse el cerco legal que se tendió a su alrededor. Pero apenas tres años después, el Congreso ha cambiado de opinión. 

El giro podría justificarse si no fuera por la ligereza que exhibe. La superficialidad de las razones que ahora se esgrimen para no investigar a la señora Boluarte confirma que la mayoría en el Congreso cambia de criterio por simples preferencias subjetivas. Antes cuando se trataba de Pedro Castillo, las investigaciones preliminares y parlamentarias procedían. Ahora que se trata de Boluarte, ya no proceden.

Esta incongruencia tendrá consecuencias más adelante. Pero esa será otra discusión.

Poco más de un año antes del cambio de gobierno la Fiscalía de la Nación ha concedido a la señora Boluarte, de una manera u otra, lo que su defensa pedía: Un espacio en el que, sin mayor esfuerzo, podrá lograr que estos casos queden en suspenso durante el año que queda antes que su mandato termine. Todo en atención a las protecciones que aún le dispensa el artículo 117 de la Constitución.

Los casos quedan entonces “en suspenso”, no cerrados definitivamente, porque ninguna decisión que se base en el artículo 117 de la Constitución forma cosa juzgada ni representa una absolución o algo semejante. Más allá de las palabras que se empleen en cada decisión del Congreso, las desestimaciones basadas en el artículo 117 solo aplazarán los debates hasta que el período de la presidenta haya terminado.

El destino final de los casos que el Congreso terminará de desestimar en los próximos días dependerá de la conformación del siguiente parlamento, el primero bicameral desde 1992. Una conformación del pleno distinta a la actual puede reabrir estas discusiones sin mayor esfuerzo. Por ende el destino legal de la señora Boluarte pasa al terreno de las preferencias políticas de los electores, de los debates de la campaña y de la opinión pública. Un área poco favorable para ella, si seguimos a las encuestas.

Los riesgos que la señora Boluarte enfrenta en este último año no provienen entonces de las cinco denuncias presentadas en su contra por la Fiscalía de la Nación. Provienen de un nuevo giro de la mayoría en el Congreso. Uno en que después de haberla protegido tanto decidan finalmente emprender nuevamente la ruta de la vacancia.