Doña muerte y sus secuaces, por Indira Huilca

El régimen de Dina Boluarte ha vuelto a perpetrar una agresión contra los derechos de miles de peruanos y sus familias. A través de una directiva emitida por la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se establecen nuevos plazos administrativos para dar por terminada la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Ahora se impone un límite de hasta 18 meses para la investigación de carácter humanitaria que está a cargo del MINJUS.

Estamos hablando de hechos ocurridos entre 30 a 40 años atrás, y que requieren diligencias especializadas para identificar y restituir restos humanos que se encuentran en su mayoría en fosas ilegales. Estos procesos, que ya se realizaban con lentitud y poco compromiso estatal, y que ahora se quieren boicotear con esta directiva, son parte de las obligaciones del Estado en mérito a diversos tratados internacionales y la Ley de Búsqueda de Personas desaparecidas, aprobada en el año 2016, que no establece ningún plazo de término.

A partir de cifras del Registro Nacional de Personas Desparecidas (RENADE), se calcula que todavía existen más de 19000 personas desaparecidas durante las décadas de 1980 y 1990 cuya búsqueda no ha concluido. Ha sido justamente gracias a la lucha y exigencia de organizaciones de familiares y víctimas que se logró algunas de estas políticas en materia de búsqueda. No ha sido fácil, porque a pesar de la crueldad que padecieron miles de personas de forma directa y el país en su conjunto, la apuesta de la clase política ha sido por la impunidad y el negacionismo. Negar que, luego de que Sendero Luminoso iniciara un período de terror, la respuesta por parte del Estado, a través de las Fuerzas Armadas y policiales, produjo también graves violaciones a los derechos humanos, en su mayoría contra población quechuahablante y campesina.

Lamentablemente, desde hace varios meses, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encabezado por el hoy PCM, Eduardo Arana, varios personajes grises han venido operando para debilitar las políticas de Derechos Humanos. No olvidemos que Javier Pacheco, Director de Búsqueda de Personas Desaparecidas, promotor de esta directiva infame, fue antes Procurador General nombrado por Boluarte y Eduardo Arana para desactivar unidades que investigaban casos contra altos funcionarios. El negacionismo y la corrupción siempre de la mano.