Exministra de Justicia y Derechos Humanos. Abogada.

Para resolver los problemas tienes que "querer" y "poder". Necesitas las dos, no basta con una de ellas.

Tomemos el ejemplo de la seguridad ciudadana. Poder resolverla es posible: requiere una política que combine prevención, persecución, reinserción. Pero qué pasa si no le metes el presupuesto necesario? Nada de eso funciona.

Un Gobierno que quiera resolver el problema de seguridad ciudadana de verdad, tiene que meterle plata a cada pata de esa mesa. Para la prevención, sin educación de calidad, empleo y acciones para prevenir violencia intrafamiliar, seguirán apareciendo nuevos delincuentes. Para desarrollar solo ese primer punto de prevención necesitas hacerlo una prioridad y meterle plata.

Igual con la persecución del delito. Ahí ya se sabe que necesitamos una policía moderna, honesta e implacable. Para eso necesitas presupuesto, pero también comprarte algunos pleitos. Algo que a muchos políticos no les conviene hacer. Nuevamente, poder y querer.

Lo mismo si queremos que las cárceles cumplan con la reinserción que promete la ley. Las personas privadas de su libertad eventualmente regresarán a la sociedad, y debemos garantizar que, al cumplir su condena, tengan herramientas para no reincidir. ¿Posible? Claro. ¿Rentable? No siempre a corto plazo. Poder y querer.

Resolver problemas demanda más que discursos: exige voluntad y acciones concretas. Quien quiere hacer política de verdad debe saber que su trabajo es resolver problemas, no describirlos. Trabajemos en soluciones reales y visibles para devolverle la confianza a nuestra gente. Yo me anoto.

Encuesta IEP

Perú: un problema por resolver, por Marisol Pérez Tello

Quien quiere hacer política de verdad debe saber que su trabajo es resolver problemas, no describirlos. Trabajemos en soluciones reales y visibles para devolverle la confianza a nuestra gent

La República

Mucho se ha hablado de igualdad e inclusión, pero pocas veces hemos sido capaces de sostenerlas más allá del discurso. La Beca 18 nació para eso, para que una hija de agricultores en Accomarca, un niño awajún en la Amazonía o un joven asháninka que creció entre carencias pero con dignidad pudiera romper el destino heredado de la pobreza lacerante. Fue el intento más serio del Estado por convertir la palabra “oportunidad” en un derecho.

<blockquote class="wp-block-quote">Puedes ver: <a href="https://larepublica.pe/opinion/2025/12/01/regimen-posterga-prioridades-del-estado-editorial-26284">EDITORIAL | Régimen posterga prioridades del Estado</a></blockquote>

Por eso la frustración de hoy es tan grande. Se prometió financiar más de 20 000 becas al año, pero el presupuesto aprobado no alcanza ni para 2 000. Y, peor aún, dentro de ese recorte brutal, apenas 100 becas quedarían para comunidades indígenas amazónicas, como las awajún y asháninka, jóvenes que históricamente han tenido menos y a quienes ahora se les quiere dejar prácticamente sin nada. Lo mismo ocurre con la Beca Repared, que bajo este presupuesto solo tendría 200 becas, cuando antes se proyectaban más de 2 200. Reducir una reparación así es negar, otra vez, la deuda del Estado con quienes crecieron entre pobreza y violencia.

Aun así, se pretende responsabilizar a Alexandra Ames, una profesional competente y honesta, que condujo este programa con compromiso y con la convicción de que la movilidad social sí es posible cuando el Estado se toma en serio su tarea. Culparla por errores administrativos generados por otros no solo es injusto: es moralmente inaceptable.

Esto no es un debate técnico. Es ética pública. La educación es la única política que transforma vidas sin matices. Y la pandemia fue la fotografía más brutal de esa incapacidad del Estado para proteger a quienes más lo necesitaban.

Hoy, dejar caer la Beca 18 es repetir esa misma crueldad, miles de jóvenes quedándose sin la posibilidad real de mirar el futuro con esperanza. No es un programa más. Es la frontera mínima de un país que quiere, de verdad, llamarse justo.

Marisol Pérez Tello

Becas y esperanza, por Marisol Pérez Tello

La pausa de Ignacio. Ignacio podría ser cualquiera, pero su historia coincide con lo que hoy necesitamos como país. Él acaba de terminar más de dieciocho años en prisión. No importa ahora discutir las razones; importa la pausa que lo cambió. En el encierro vivió dos momentos decisivos. El primero: entender que estaba ahí por sus actos, aunque muchos digan que son inocentes —y quizá algunos lo sean—; igual, tienen que asumir consecuencias. El segundo llegó al recuperar la libertad, cuando toca volver a la sociedad, corregir errores, acercarse a la familia que quedó atrás y llorar a quienes ya no están. Nada de eso es sencillo, pero en esa pausa Ignacio volvió a mirarse por dentro.

Esa experiencia me recordó la pausa ignaciana, ese gesto tan simple y tan necesario de detenernos, respirar y ver cómo estamos. San Ignacio de Loyola proponía hacerlo a diario: reconocer lo que nos da paz y lo que nos la quita, agradecer y pedir claridad para seguir. Y eso es justo lo que necesitamos hoy. No podemos continuar en esta guerra de todos contra todos, escuchando solo a quienes piensan como nosotros, creyendo que el Perú saldrá adelante si un grupo vence y desaparece al otro.

Tenemos que detenernos y reconocernos. Agradecer que, pese a todo, hemos sobrevivido a la pandemia, a crisis económicas, a gobiernos que fallaron, al crimen organizado que nos va robando la esperanza. Y pedir luz para el proceso electoral que decidirá el rumbo del país, donde los políticos debemos actuar con responsabilidad y la ciudadanía pensar bien en manos de quién dejará el futuro.

Pensemos también en las cárceles, convertidas en objetivo del populismo penal que promete seguridad a costa de abusos. Ahí conviven inocentes, culpables, primarios que no entienden cómo llegaron y personas realmente peligrosas. Una política seria debe separar, recuperar y prevenir. Ignorar eso solo profundiza el problema.

Hagamos una pausa. Ignacio ya la hizo y está empezando de nuevo. Quizá el Perú también pueda hacerlo. Si nos detenemos un momento, todavía podemos encontrar un camino que nos devuelva un poco de esperanza.

Hagamos una pausa por el Perú, por Marisol Pérez Tello

Este fin de semana participé en un taller nacional con jóvenes líderes que trabajan en temas sociales. Hablamos de política, de liderazgo, de responsabilidad, de valores. Hablamos de compasión, ese compromiso humano y profundo con el otro, de dejarte tocar por su dolor y hacerlo tuyo.

Había una pregunta que se repetía en las intervenciones: ¿cómo enfrento el miedo y la duda? El miedo, simplemente, se afronta. Está ahí siempre, mucho más en un país en el que te pueden matar por casi todo. La política te expone más cuando la haces bien, cuando enfrentas al crimen organizado o al poder que ha sido usado para hacer daño. Pero hay que vivir con ese miedo sin dejar que te paralice. Se afronta. Se combate haciendo, caminando, hablando, dando la cara.

Y sobre la duda, quizá la pregunta más difícil, solo hay una respuesta: coherencia. Podemos equivocarnos muchas veces, pero lo importante es que los errores no nazcan de la corrupción, sino del intento honesto por hacer lo correcto.

En el Perú, el verdadero fracaso no está en fallar, sino en rendirse o venderse.

Me dio mucho gusto ver y sentir esperanza en jóvenes que quieren vivir de acuerdo con lo que piensan, con lo que creen y con lo que sienten. Jóvenes que quieren servir y que creen que un mundo mejor es posible, que por eso luchan por el medio ambiente, por la justicia, por sus pueblos y por su gente.

En el Perú hay esperanza, sin duda. Está en esos jóvenes que no se resignan, que no se rinden, aunque estén decepcionados de la política y de los políticos. Una generación que exige resultados, que quiere una democracia que sirva, que resuelva y que transforme.

Por ese joven, por todos los demás, por los que no se van, los que no callan, los que sueñan… por ese joven que anhela “ser joven para los demás”, vale la pena seguir creyendo, seguir luchando y seguir haciendo política con el corazón y con la verdad.

Un joven para los demás, por Marisol Pérez Tello

¿Cómo debió ser la transición? Se argumentó que la señora Boluarte debía ser vacada por no haber enfrentado la inseguridad ciudadana. Sabemos que razones sobraban desde el inicio, y la estrategia de resistir hasta el último año para impedir el cierre del Congreso fue evidente. Este Congreso, que vacó a Dina Boluarte en horas y ahora es crítico de todo, es el que antes la blindó para que permaneciera en el poder, porque les convenía. Junto con ella retrocedieron en la lucha contra el crimen organizado y consolidaron lo que hoy es inocultable: un pacto. Pacto que llaman mafioso, pacto que sin duda garantiza impunidad, pacto que sirvió para sostenerse a cualquier costo.

Hoy es todo el poder concentrado y en etapa electoral.

Si realmente se aspiraba a una transición tras la vacancia, con seguridad, elecciones limpias y estabilidad económica, debió convocarse a las fuerzas políticas no para sostenerse, sino para entregar el poder a quien condujera estos meses nuestro país, con serenidad y prioridades claras. La seguridad no se garantiza con estados de emergencia, toques de queda o amenazas, sino con acciones concretas y una estrategia que trascienda al próximo gobierno.

La legitimidad no nace del cálculo, sino de un proceso electoral sin dudas. La economía no se estabiliza ignorando las alertas del Consejo Fiscal mientras se aprueba un presupuesto en medio de cuestionamientos.

Hoy, las marchas de los jóvenes nos recuerdan la indignación y el hartazgo. No nos piden discursos. Nos exigen responsabilidad. Tendrían que escucharlos un poco más y quizá entenderían.

La transición debió ser un acto de valor, de renuncia y de servicio al país; requería un líder para eso, pero la mediocridad eligió la subsistencia en el poder sobre el bien común. El costo más alto ya está pagado: vidas que no volverán.

Escuchemos a los jóvenes, por Marisol Pérez Tello

¿Qué tiene que ver el voto digital con la ley de impunidad? TODO. Ambos responden a una misma estrategia y a una vieja forma de hacer política: controlar el poder, debilitando la justicia y manipulando la democracia, como lo han hecho todos los autoritarismos y dictaduras. Por un lado, el Congreso aprueba una norma que busca blindar a quienes violaron derechos humanos, escudándose en seiscientos procesos eternos que el propio Ejecutivo no ayuda a resolver, amarrando el presupuesto y la información. Por el otro, el Estado impulsa un voto digital, legítimo y necesario pero, sin las garantías mínimas. Abarcará por lo menos a los casi 170 mil miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, que podrían votar mientras resguardan el proceso electoral. No es eficiencia ni coincidencia: es cálculo político.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/opinion/2025/10/11/un-presidente-de-la-coalicion-autoritaria-del-congreso-993520">EDITORIAL | Un presidente de la coalición autoritaria del Congreso</a></blockquote>

Las elecciones de los últimos años se ganaron por menos de 50 mil votos.

La Ley, llamada de impunidad, está suspendida porque permite que sentenciados en más de ciento cincuenta casos accedan a beneficios ilegales. La Corte Interamericana y las Naciones Unidas ya han señalado que es incompatible con los compromisos internacionales del Perú, y los jueces NO van a aplicarla, sentencias del Tribunal Constitucional, los avalan.

Aun así, se insiste en presentarla como efectiva bajo la mentira de reconciliación, cuando en realidad busca influencia y obediencia, sumando un montón de promesas que no piensan cumplir y que no serán evidentes hasta después de las elecciones.

Ni el voto digital ni una ley inconvencional, y, por tanto, ilegal, pueden usarse para condicionar instituciones que deben ser neutrales. Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no necesitan favores ni perdones políticos que las envilecen, sino justicia, respeto y elecciones limpias. Porque lo que está en juego no es solo la memoria del pasado, sino la libertad.