A qué intereses responde Josué Gutiérrez
El defensor del Pueblo reclama ante el TC la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio.
La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello ha señalado que la iniciativa del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, al acudir al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio es propia de abogados que representan los intereses de narcos y proxenetas. Expresiones muy duras, pero compatibles con lo señalado por el juez supremo Manuel Luján, quien representa, en la máxima instancia judicial, a la Subcomisión Especializada. El magistrado ha señalado que una medida como la planteada por el defensor va a proteger los intereses de los testaferros y de los grandes corruptos.
¿A qué se refiere esta ley de extinción de dominio? A la facultad del juez para retornar al Estado bienes pertenecientes a investigados, que fueron adquiridos con dinero ilícito. Se trata de una forma legal de garantizar para el Estado la recuperación de fortunas basadas en operaciones fraudulentas y que durante el proceso judicial podrían ser transferidas a terceros para que se pierda la pista.
Es necesario anotar que se debe distinguir claramente entre testaferros y personas de buena fe que adquirieron propiedades que no tenían tacha ni gravamen y que fueron sorprendidas durante estas operaciones de compra-venta, y que ahora pueden estar siendo afectadas por una errónea interpretación de la ley. Sin embargo, no se trata de eliminar la ley, como pretende Josué Gutiérrez, sino de aplicarla con justicia.
Lo que resulta sorprendente, en este caso particular, es que el defensor del Pueblo, que no ha dicho una palabra frente a la violencia sin límites desplegada por el Estado para sofocar la protesta social al inicio del Gobierno de Dina Boluarte; la persecución contra los magistrados de la JNJ por parte del Congreso; el intento de copamiento de las instituciones electorales y todos los desmanes de carácter jurídico que han ocurrido durante su gestión al frente de la Defensoría, ahora gestione ante el TC esta demanda.
¿Qué fines persigue y a quién está intentando favorecer Gutiérrez? No hay que olvidar el origen de su elección, amañada por los intereses comunes del fujicerronismo. Hay bienes ilícitos que proteger entre sus exclientes. Los Cerrón y también los fujimoristas deben perseguir algunos intereses similares.
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