El mandatario socialista español, Pedro Sánchez, se tomó cuatro días para analizar su permanencia al frente del Gobierno de su país, a la que podría renunciar hoy debido a las denuncias por corrupción contra su esposa, que se han pretendido activar en la justicia. Se trata de una nueva acusación que surge de las canteras de una ONG denominada ‘Manos Limpias’ y que se ocupa de exponer mediáticamente casos contra funcionarios públicos o políticos en funciones, del tipo fake news, que luego son judicializados, en lo que se denomina una operación de lawfare o judicialización de la política, ampliamente conocida en muchas latitudes, incluyendo la nuestra.
El presidente Sánchez ha señalado, en su locución del viernes, que se trata de una decisión que adoptará sin participación de su equipo de Gobierno y que depende básicamente de la tranquilidad de su familia, afectada por este tipo de accionar político desgastante. ¿Vale la pena?, se ha preguntado en una carta dirigida al pueblo español.
Hoy anunciará su decisión de irse o quedarse, y con ello también se conocerá si habrá una convocatoria a elecciones anticipadas o si el presidente pedirá un respaldo al Congreso en una nueva investidura que renueve su liderazgo, para presentar un relanzado plan de gobierno.
Lo que vaya a pasar en la península ibérica será de enorme interés no solo para los españoles sino para el mundo entero, que ya conoce la grave afectación que provocan las fake news y la lawfare no solo en las elecciones (Brasil, Estados Unidos) sino en el proceso mismo de ejercer un mandato de gobierno.
La maquinaria está debidamente organizada: se lanza una denuncia anónima, esta la recoge un medio de comunicación adscrito y la expone públicamente. Se multiplica en las redes sociales y luego los voceros políticos de la oposición la reproducen para armar revuelo. En el ínterin, la denuncia judicial se abre y empieza el vía crucis del acusado que, pese a su inocencia, terminará escarnecido por el maltrato sufrido, sin que una absolución judicial tardía logre al final reivindicarlo socialmente.
La otra España, como la llama Pedro Almodóvar, la del PP y Vox, la de ultraderecha y fascista, que monta estos escenarios perversos donde la política que importa –la que piensa en salud, educación, trabajo– vive arrinconada por las fake news o los bulos, y esta creciente judicialización de la política, podría hoy anotarse una victoria muy peligrosa para la democracia en el mundo. Esperemos que no ocurra.
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