Perú y México en su peor momento, por Oscar Vidarte A.

Históricamente, la relación entre Perú y México ha sido cordial, pero prácticamente inexistente. Desde la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1832, que dio inicio formalmente al vínculo bilateral, no existe mucho por rescatar en la dinámica entre ambos países. Los intereses del Perú estuvieron por largo tiempo concentrados en la resolución de sus diferencias fronterizas con los países vecinos, lo que impidió que nuestro país asuma una política más activa a nivel regional (y mundial). Tratándose de México, la importancia que le ha dado (y le sigue dando) a su relación con EEUU lo ha alejado de aquellos temas de interés regional. Considerando el tamaño de su economía y de su población, no se puede negar el papel de potencia regional de México, aunque no siempre ha cumplido este rol.

Recién a partir de la década del sesenta del siglo pasado se comenzó a dar un mayor acercamiento político, el mismo que se va a materializar en contactos al más alto nivel. El apoyo de México a finales de los 90 para que el Perú pueda ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) resultó fundamental. Lamentablemente, los intentos por lograr avances económicos resultaron insuficientes, de forma tal que para 1995 las exportaciones de Perú a México solo representaban el 1,9% del total.

No obstante, en el siglo XXI, la relación entre Perú y México mejoró sustancialmente. El surgimiento de la Alianza del Pacífico (AP) y las dinámicas multilaterales que este espacio de integración promovió posibilitaron un cambio importante entre ambos países. Ello permitió, a pesar de las reticencias de México por negociar y ratificar tratados comerciales, concluir un Acuerdo de Integración Comercial, vigente desde el 2012 y clave para la existencia de la AP. En el, probablemente, mejor momento de la historia de la relación bilateral —determinado por una intensa dinámica política, el aumento de las oportunidades comerciales y en materia de inversión, así como mayores flujos de personas—, ambos países firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica (2014), lo cual reflejó su interés por seguir profundizando su vínculo.

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La llegada de Pedro Castillo al poder en el Perú pareció augurar buenos tiempos para la dinámica bilateral. Su sintonía política e ideológica con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, era evidente. Incluso la AP, que había tenido un rol tan importante en la construcción de la relación bilateral, parecía que podía seguir teniéndolo en tanto sus países miembros, ahora todos con Gobiernos de izquierda, buscaron darle un nuevo enfoque al bloque, promoviendo una agenda social y no solo económica como parte de sus prioridades.

Además, considerando el difícil escenario político interno, Castillo necesitó desarrollar a nivel internacional cierta legitimidad que le dé sostenibilidad a su régimen, justamente el vínculo con México sirvió para dicho fin. Por ello, no sorprende el apoyo que el presidente mexicano le dio a Pedro Castillo una vez dejó el poder. Si bien López Obrador tenía razón al hacer énfasis en el racismo existente y papel antidemocrático de ciertos sectores de la oposición a Castillo desde el inicio de su gobierno, increíblemente desconoció el intento de golpe de Estado llevado a cabo por Castillo, suceso por el cual se encuentra detenido.

Resulta curioso que un gobierno que ha defendido la Doctrina Estrada y el principio de no intervención en los asuntos internos —razón por la cual no cuestiona al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela— haya tenido un papel tan importante en la crisis peruana, a tal punto de articular una reacción contra el nuevo Gobierno peruano conjuntamente con los Gobiernos de Colombia, Bolivia y Argentina. En una posición que más que política parece hasta personal, el Gobierno mexicano ha cuestionado en diferentes ocasiones al Gobierno de Dina Boluarte, algunas veces con razón (luego de las más de 50 personas asesinadas durante las protestas) y otras no tanto (cuando cuestiona la legalidad de su llegada al poder). La respuesta del Gobierno peruano a las continuas críticas de López Obrador fue expulsar a su embajador del Perú declarándolo persona non grata. Hasta el día de hoy, la relación se encuentra a nivel de encargados de negocios. Unos meses después, justificando su decisión en la inexistencia de “normalidad democrática” en el Perú, el presidente mexicano se negó a entregar la Presidencia Pro Tempore de la AP a nuestro país. Felizmente, gracias a la “mediación” de la Cancillería chilena, se pudo llevar a cabo el traspaso de esta al Perú.

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El capítulo más reciente de esta historia ha sido la decisión del Gobierno mexicano de imponer nuevamente visas a los peruanos que buscan viajar a México, utilizando como fundamento el aumento de la presencia de peruanos que utilizan dicho país como plataforma para ingresar de manera ilegal a EEUU. Aunque cierta esa información, si Perú y México tuviesen una buena relación, este asunto se hubiese manejado de forma distinta. Colombia es uno de los países con mayor cantidad de nacionales detenidos en la frontera entre México y EEUU, y México no le ha impuesto el requisito de la visa para que sus connacionales ingresen a territorio mexicano. En otras palabras, la decisión de México termina siendo una consecuencia adicional del debilitamiento de la relación bilateral que comenzó en el 2022 y que afecta directamente nuestra imagen como país en el exterior.

La respuesta del Perú no se hizo esperar. A manera de reciprocidad, inicialmente el Gobierno peruano decidió también comenzar a exigir visa a los mexicanos que quieren venir a nuestro país. Para algunos puede ser una respuesta digna frente a lo realizado por México. Sin embargo, una política exterior que se construye sobre la base del “golpe a golpe” no tiene resultados positivos (como lo estamos viendo en los últimos dos años). Se debe pensar de forma más inteligente, demostrando que podemos priorizar nuestros intereses como país y de los sectores que podrían verse perjudicados con una medida de esa naturaleza. Hay muchos países que obligan a los peruanos a solicitar visa, mientras que el Perú no. Es más, el Perú suprimió las visas a los mexicanos el 2009 y ellos recién hicieron lo mismo el 2012. Es probable que todo esto explique las razones que llevaron al Gobierno peruano a revocar una decisión que nunca tuvo que darse.

Finalmente, es importante señalar que la AP, donde comenzó todo, también se ve afectada. Como bloque de integración, desde un inicio promovió el libre flujo entre los nacionales de los cuatro países. La supresión de visas que los países miembros llevaron a cabo fue resultado de acuerdos políticos al interior de la AP. Sin embargo, la actual decisión del Gobierno mexicano debilita el proceso de integración promovido por la AP, bloque que, sin duda alguna, debido a su proyección en la región del Asia-Pacífico, es mucho más importante para Perú que para México. La relación entre ambos países a nivel bilateral y multilateral está en su peor momento.