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Carlincatura de hoy

Carlincatura de hoy jueves 11 de abril de 2024

La República

Por Yuri Castro

Los teléfonos públicos instalados legalmente dentro del penal El Milagro de Trujillo durante el gobierno de Ollanta Humala, concebidos para que los internos mantengan contacto con sus familiares y abogados, han terminado convirtiéndose en una herramienta utilizada por presos y cabecillas de las organizaciones para ejecutar secuestros, extorsiones y hasta asesinatos desde las frías celdas de este establecimiento penitenciario.

Oficialmente, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad es la que acaba de descubrir esto tras la pesquisa realizada a integrantes de La Nueva Jauría de la provincia de Virú (La Libertad), desarticulada hace unos días luego de que se emitieran las órdenes de captura a través de la resolución N.° 01 del Expediente 7367-2026-79, emitida el 27 de octubre de 2026 por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La investigación fiscal, que permitió la orden judicial, reúne los resultados de informes de inteligencia y escuchas legales ejecutadas por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional. Los registros permitieron identificar comunicaciones originadas en números de cabecera de los teléfonos públicos del establecimiento penitenciario y vincular algunas de ellas con códigos asignados a internos.

<h2>HOLA, TE HABLAN DESDE LA PRISIÓN</h2>

Según la tesis fiscal, desde estas líneas se comunicaban con integrantes que permanecían en libertad, coordinaban cobros de dinero, pedían apoyo para detenidos y utilizaban llamadas trianguladas para enlazar a distintas personas.

La investigación no se refiere a teléfonos celulares ingresados clandestinamente, sino a equipos de uso autorizado instalados dentro de los pabellones y administrados por Prisontec, empresa que mantiene con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un contrato para prestar servicios de seguridad tecnológica en las prisiones del país, algunas de ellas de máxima seguridad.

El Informe Policial N.° 113-2026-COMOPPOL/DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPDIAC-Trujillo, del 25 de mayo de 2026, incorporado en las investigaciones fiscales, analizó las llamadas procedentes de establecimientos penitenciarios y administradas mediante el sistema de Prisontec.

La Policía cruzó esos registros con las líneas que ya se encontraban sometidas a interceptación legal por su presunta utilización dentro de La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José.

El análisis identificó números de cabecera desde los cuales salían las llamadas del penal. En los registros figuraban, además, el nombre y el código de identificación del interno que utilizaba el servicio. El 28 de julio de 2024, por ejemplo, una línea atribuida a Kenyi José Moisés Alcántara Cabrera, alias &quot;Kenyi&quot;, recibió una llamada desde la cabecera 56309143. La Policía estableció que la comunicación se originó en el penal El Milagro de Trujillo y quedó asociada al código de Jhosep Martin Carranza Urcia, alias &quot;Grillo&quot;.

La misma cabecera aparece en registros posteriores vinculada con diferentes usuarios. Esto indica que los números de cabecera correspondían a los equipos o puntos de telefonía pública. La individualización se realizaba mediante los códigos utilizados para efectuar cada llamada.

El 27 de enero de 2025, la línea atribuida a Pepe Anelis Castro Reyna, alias &quot;Castro&quot;, recibió otra comunicación desde el penal. El origen fue la cabecera 13212182 y el registro quedó asociado nuevamente a Carranza Urcia.

Un día después se produjo otra llamada hacia la misma persona, esta vez desde la cabecera 13214071. El cruce de información policial volvió a identificar como usuario a alias &quot;Grillo&quot;. Estos registros permitieron a los investigadores establecer que las comunicaciones no solamente tenían como punto de origen físico el penal de Trujillo, sino que podían ser relacionadas con internos determinados a través de los códigos almacenados por el sistema.

<h2>“GRILLO” COORDINABA COBROS DESDE PRISIÓN</h2>

La investigación fiscal atribuye a Jhosep Martin Carranza Urcia una función de coordinación entre el denominado frente interno de la organización y sus operadores en libertad. Según el expediente fiscal, &quot;Grillo&quot; habría utilizado los teléfonos públicos para comunicarse con &quot;Kenyi&quot; y coordinar el cobro de dinero que debía entregar una persona vinculada con trabajadores que descendían de una zona minera.

El contenido recogido por la Policía forma parte de una serie de comunicaciones en las que los investigados hablaban sobre pagos, intervenciones policiales y solicitudes de ayuda para personas detenidas. El juzgado consideró que los elementos presentados resultaban suficientes para autorizar medidas restrictivas de derechos destinadas a obtener nuevas pruebas.

Carranza Urcia también aparece entre los internos cuyas celdas fueron incluidas en la orden de registro ejecutada durante el denominado Operativo Titanic 2026. En aquella intervención, la Policía encontró una libreta con números telefónicos que, según la hipótesis policial, corresponderían a posibles víctimas de extorsión. El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, señaló que los internos ofrecían una falsa protección frente a hechos violentos que la propia organización podía provocar.

<h2>EL “TRILAI”: PARA BURLAR RESTRICCIONES</h2>

Una de las modalidades descritas en las escuchas es el denominado trilai, término empleado por los investigados para referirse a llamadas trianguladas o conferencias de tres participantes. El procedimiento consistía en que una persona ubicada fuera del penal recibía la llamada del interno y, desde su celular, incorporaba a una tercera persona. De esta manera, el reo podía comunicarse indirectamente con otro integrante, un intermediario o una persona con la que necesitaba coordinar.

En una de las conversaciones analizadas, &quot;Castro&quot; le indica a &quot;Kenyi&quot; que una persona conocida como &quot;Jarra&quot; quería hablar con él desde el penal y que realizaría el trilai para conectarlos. Una vez establecida la conferencia, el interno habría informado que fue trasladado a otro pabellón después de una pelea y pidió el número telefónico de &quot;Kenyi&quot;.

La importancia del mecanismo radica en que permitía ampliar el alcance de los teléfonos autorizados. Aunque el interno llamara a un número previamente registrado o conocido, el receptor podía incorporar a otras líneas que no aparecían como destino inicial de la comunicación penitenciaria.

Las escuchas incorporadas en el expediente fiscal muestran que las organizaciones investigadas mantenían una comunicación constante entre sus integrantes recluidos y quienes operaban en las calles. Las conversaciones abarcan el cobro de cupos a comerciantes y transportistas, la colocación de calcomanías extorsivas, la identificación de víctimas y las negociaciones de los montos exigidos.

Los stickers eran colocados en negocios, viviendas y vehículos para marcar a quienes se encontraban bajo el control de la organización. La Policía incautó 108 calcomanías durante los allanamientos ejecutados en Trujillo y Virú.

El coronel PNP Robert Trujillo Tarazona, jefe de la Diviac, explicó que La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José actuaban de manera independiente, pero compartían esta modalidad para infundir temor y obligar a sus víctimas a pagar.

El expediente contiene, además, conversaciones sobre posibles atentados, adquisición de armas y disputas entre grupos rivales. En una comunicación se menciona el precio solicitado para asesinar a una persona en medio de una disputa por terrenos.

En otras llamadas, los investigados hablan sobre armas de fuego, pistolas, una Glock y subametralladoras Mini Uzi que estarían disponibles ante una posible confrontación.

Prisontec no ingresó al penal de Trujillo como una empresa de telefonía convencional. Su intervención forma parte del contrato de Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones, suscrito en octubre de 2014 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la empresa, con participación del INPE.

El contrato comprende dos servicios relacionados: el bloqueo de señales de telefonía celular y wifi dentro de los establecimientos penitenciarios, y la administración de los teléfonos públicos autorizados para uso de los internos.

El INPE ha explicado que estos equipos, conocidos como los teléfonos azulitos, permiten ejercer el derecho de comunicación de las personas privadas de libertad. Prisontec administra el servicio en 33 establecimientos incluidos en el contrato. En marzo de 2018, el INPE anunció la puesta en funcionamiento del sistema de bloqueadores en el penal de Trujillo. En esa oportunidad informó que Prisontec había instalado 160 teléfonos públicos dentro de los pabellones.

El organismo penitenciario aseguró entonces que los equipos funcionaban bajo condiciones de seguridad y que las personas que recibieran las llamadas serían advertidas de que estas procedían de un penal.

El objetivo del modelo era impedir el uso de celulares clandestinos sin eliminar el derecho de los internos a comunicarse por canales controlados. Ocho años después, la investigación contra La Nueva Jauría revela que miembros de una presunta organización criminal habrían utilizado precisamente esos canales autorizados para mantener contacto con sus operadores.

<h2>¿QUIÉN DEBÍA DETECTAR LAS LLAMADAS DELICTIVAS?</h2>

El INPE ha señalado públicamente que Prisontec tiene la obligación contractual de comunicar a la Policía Nacional o al Ministerio Público las llamadas de internos relacionadas con actividades delictivas. También debe informar a la administración penitenciaria para que adopte las medidas correspondientes.

Sin embargo, la posición institucional contiene una complejidad adicional. En otro caso ocurrido en el penal del Callao, el INPE sostuvo que no tiene facultades para escuchar el contenido de las llamadas realizadas desde los teléfonos públicos sin una orden judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Ambas afirmaciones plantean una pregunta que requiere explicación: si el contenido de las llamadas está protegido y solo puede ser intervenido judicialmente, ¿mediante qué mecanismo Prisontec identifica una comunicación delictiva para reportarla?

En el caso de La Nueva Jauría, el expediente fiscal señala que la Policía accedió a registros administrados por Prisontec y los cruzó con líneas sometidas a interceptación legal. El sistema no ha impedido que internos investigados mantuvieran contacto con operadores externos durante varios meses. Los registros citados abarcan comunicaciones efectuadas en 2024 y 2025.

El caso obliga a revisar si existían patrones capaces de activar alertas, como llamadas frecuentes a líneas investigadas, el uso de diferentes cabeceras por un mismo interno o la reiteración de comunicaciones con personas vinculadas a actividades extorsivas. También debe establecerse si los números de destino estaban sujetos a alguna validación, si los internos podían llamar libremente a cualquier línea y cómo se supervisaba el uso reiterado de las cabeceras.

El funcionamiento del sistema de seguridad tecnológica penitenciaria ha recibido cuestionamientos anteriores. En 2022, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Ministerio de Justicia no había contratado oportunamente a una empresa independiente para supervisar la calidad del bloqueo de señales, pese a que esa obligación figuraba en el contrato suscrito en 2014.

La institución señaló específicamente que los hallazgos en el penal de Trujillo evidenciaban problemas en el funcionamiento de los bloqueadores y deficiencias en la supervisión estatal. El cuestionamiento de la Defensoría se refería principalmente al bloqueo de celulares y wifi, no al contenido de las llamadas efectuadas mediante los teléfonos públicos. Sin embargo, constituye un antecedente relevante sobre los problemas de supervisión del contrato de seguridad tecnológica.

En octubre de 2026, el propio INPE reconoció la necesidad de fortalecer sus sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Su presidencia señaló que algunos equipos vinculados con el convenio firmado con Prisontec en 2014 podían presentar limitaciones tecnológicas y zonas sin cobertura.

La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José habrían generado ganancias ilícitas superiores a S/ 2 millones desde 2022, principalmente mediante extorsiones a transportistas, comerciantes, bodegas y mercados.

Durante el Operativo Titanic 2026, la Policía detuvo a 14 presuntos integrantes y allanó 21 inmuebles, además de registrar tres celdas del penal El Milagro. Las autoridades incautaron 36 teléfonos celulares, un CPU, siete libretas, municiones, vehículos, dinero en efectivo y las calcomanías utilizadas para identificar a las víctimas. El hallazgo de celulares clandestinos confirma que las comunicaciones ilegales no se limitaban a los teléfonos públicos. Sin embargo, los registros de Prisontec revelan un problema distinto: los integrantes también habrían utilizado una infraestructura autorizada, identificable y administrada como parte de un contrato de seguridad con el Estado.

Los internos no necesitaban necesariamente ocultar un celular para comunicarse. Podían recurrir a los teléfonos de los pabellones, utilizar códigos registrados y apoyarse en operadores externos para triangular las llamadas.

El INPE debe informar si conocía el uso atribuido a las líneas, qué sanciones disciplinarias aplicó y si restringió temporalmente el acceso de los internos investigados después de recibir información policial.

Prisontec debe explicar cómo opera el registro de usuarios, cuál es el procedimiento para informar llamadas presuntamente delictivas y si reportó las comunicaciones identificadas en el expediente.

El Ministerio de Justicia, como parte contratante, debe precisar qué supervisión realiza sobre el servicio, qué indicadores utiliza para evaluar su eficacia y si se aplicaron penalidades o medidas correctivas.

Cabecillas de bandas utilizan teléfonos públicos del penal El Milagro para coordinar extorsiones, secuestros y asesinatos

Boca Juniors y River Plate protagonizarán un emocionante Superclásico este domingo 1 de noviembre en la Bombonera por la fecha 15 del <a href="https://larepublica.pe/tag/superliga-argentina">Torneo Clausura 2026</a>. Este encuentro podría marcar el futuro de los eternos rivales, pues los xeneizes buscan defender el liderazgo de la tabla anual, mientras que los millonarios necesitan seguir sumando para mantenerse en zona de clasificación a copas internacionales.

En el historial general del Superclásico del fútbol argentino, se registran 267 partidos oficiales, dejando 94 victorias para Boca Juniors, 88 para River Plate y 84 empates. El último duelo entre xeneizes y millonarios fue el 19 de abril del 2026, donde los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena lograron un triunfo por la mínima diferencia.

<h2>Historial Boca Juniors vs River Plate: últimos 10 clásicos</h2>

De los últimos 10 Superclásicos, Boca Juniors tiene una pequeña ventaja sobre River Plate, en la que ha cosechado cinco victorias, tres de ellas de forma consecutiva en las últimas ediciones; por su parte, el equipo millonario no gana un clásico argentino desde el 2024, donde venció 1-0 en la Bombonera con gol de Manuel Lanzini.

<ul> <li>River Plate 0-1 Boca Juniors (LPF) | 19.04.26</li> <li>Boca Juniors 2-0 River Plate (LPF) | 09.11.25</li> <li>River Plate 2-1 Boca Juniors (LPF) | 27.04.25</li> <li>Boca Juniors 0-1 River Plate (LPF) | 21.09.24</li> <li>River Plate 2-3 Boca Juniors (CLP) | 21.04.24</li> <li>River Plate 1-1 Boca Juniors (CLP) | 25.02.24</li> <li>Boca Juniors 0-2 River Plate (CLP) | 01.10.23</li> <li>River Plate 1-0 Boca Juniors (LPF) | 07.05.23</li> <li>Boca Juniors 1-0 River Plate (LPF) | 11.09.22</li> <li>River Plate 0-1 Boca Juniors (CLP) | 20.03.22</li> </ul>

Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Foto: Composición LR/Chat GPT

Historial del Boca Juniors vs River Plate: cómo quedaron los últimos Superclásicos del Fútbol Argentino

La investigación sobre el atropello de <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/27/caso-lizeth-marzano-periodista-marisel-linares-pide-archivar-investigacion-en-su-contra-por-atropello-de-deportista-en-san-isidro-1676565">Lizeth Marzano</a> sumó un nuevo elemento tras revelarse el testimonio que Adrián Villar brindó a la Policía a fines de agosto. Según el documento difundido por el programa de Magaly Medina, sostuvo que sufrió un desvanecimiento mientras manejaba a causa de la medicación que ingirió para combatir una infección estomacal, hecho que habría desencadenado el fatal accidente.

Gino Marzano, hermano de la víctima, cuestionó el testimonio y recordó la contradicción del imputado, quien en un inicio aseguró que creyó haber impactado contra un scooter. Según la tesis fiscal sobre el hecho ocurrido el 17 de febrero de 2026 en Camino Real, Lizeth Marzano trotaba por la zona contigua al Lima Golf Club cuando el vehículo invadió la berma y la arrolló.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2024/05/04/denuncian-a-mayra-chambilla-por-presuntas-estafas-en-inversiones-monto-supera-los-s200000-evat-ntpe-354184">Peruanos denuncian a Mayra Chambilla por presuntas estafas en inversiones: monto supera los S/200.000</a></blockquote>

<h2>Adrián Villar declaró que sufrió malestares estomacales y perdió la consciencia antes del accidente</h2>

En su manifestación ante la Policía, Villar sostuvo que su salud venía deteriorándose desde el sábado previo al atropello, aquejado por vómitos, diarreas intensas y desmayos esporádicos que —según adujo— ya había sufrido en años anteriores. Bajo ese cuadro, afirmó que el día del accidente no desayunó y solo ingirió una galleta para administrarse bactrim, antibiótico recetado. A ello sumó una jornada de alta exigencia, en la que asistió primero a clases universitarias y luego a su centro laboral.

Hacia las 5:30 p. m., pasó a recoger a su expareja, Francesca Montenegro, para acompañar a los abuelos de ella a una cena familiar. Cerca de las 10:30 p. m., tras dejar a los adultos mayores en su domicilio, se trasladaron a la vivienda de la influencer donde permaneció hasta que ella se durmió.

Fue durante ese trayecto cuando ocurrieron los hechos. El acusado señaló que se detuvo ante la luz roja de un semáforo en Camino Real y que, tras reiniciar la marcha, sus recuerdos se tornaron difusos. Sin embargo, declaró haber percibido dos impactos y recobrado el conocimiento recién cuando se encontraba recostado sobre la puerta y la ventana del piloto.

“Me desconecté. Lo siguiente que recuerdo es que, en ese estado en el que estaba, sentí un primer golpe; luego sentí un segundo golpe y, con ese segundo golpe, empiezo a reaccionar dándome cuenta de que mi cuerpo y cabeza estaban recostados en la puerta y ventana del piloto. Lo primero que veo cuando recupero mi consciencia es un árbol, hojas y ramas en la parte frontal del carro, una figura del torso inferior de una persona yéndose hacia la derecha, y todo sucede en dos o tres segundos”, explicó.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/27/caso-lizeth-marzano-periodista-marisel-linares-pide-archivar-investigacion-en-su-contra-por-atropello-de-deportista-en-san-isidro-1676565">Caso Lizeth Marzano: periodista Marisel Linares pide archivar investigación en su contra por atropello de deportista en San Isidro</a></blockquote>

<h3>Adrián Villar asegura que regresó en bicicleta al lugar donde creyó haber ocurrido el atropello</h3>

En el mismo testimonio, el conductor explicó que, después de llegar a su vivienda, se bañó y tomó su bicicleta para dirigirse al lugar donde creía que había ocurrido el accidente. Según indicó, fue hasta esa zona para comprobar lo sucedido. Este episodio forma parte de la declaración en la que también describió los problemas de salud que, según afirmó, había presentado antes de conducir.

El caso de Lizeth Marzano continúa en investigación, mientras la familia de la deportista busca que se esclarezcan las circunstancias del atropello y las presuntas responsabilidades de los involucrados. En tanto, la prisión preventiva de Adrián Villar tiene como fecha prevista de vencimiento el 25 de noviembre de 2026, cuando se cumplirían los nueve meses de la medida dictada en su contra, salvo que el Poder Judicial disponga su ampliación.

El trágico hecho ocurrió el 17 de febrero de 2026, cuando Marzano fue arrollada en Camino Real. Su familia busca aclarar las circunstancias y responsabilidades del incidente.

Hermano de Lizeth Marzano afirma que Adrián Villar cambió su versión y culpó a medicamento por quedar ‘inconsciente’ al volante

Las personas que contratan trabajadores del hogar deben respetar sus <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/06/tienes-derecho-a-apagar-el-telefono-la-infraccion-de-las-empresas-que-mandan-tareas-durante-el-feriado-del-8-de-octubre-582186">derechos laborales</a> y evitar prácticas que puedan constituir discriminación. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó que estas obligaciones incluyen garantizar la alimentación durante la jornada de trabajo, otorgar los beneficios establecidos por ley y respetar las condiciones personales, culturales y religiosas de quienes realizan labores domésticas.

El pronunciamiento se difundió en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora cada 29 de octubre. La institución también informó que, entre 2025 y 2026, realizó 1,623 asistencias técnicas y orientaciones dirigidas a empleadores y trabajadores como parte de sus acciones preventivas.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/24/indecopi-multa-con-mas-de-s18-millones-a-cinco-empresas-por-importar-llaveros-pulseras-y-otros-productos-labubu-sin-autorizacion-2150328">Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización</a></blockquote>

<h2>Trabajadoras del hogar: qué beneficios laborales deben recibir según la Sunafil</h2>

Entre los derechos reconocidos a las trabajadoras y los trabajadores del hogar figura el pago de dos gratificaciones al año, por Fiestas Patrias y Navidad. Cada una equivale a una remuneración mensual cuando se ha completado el semestre correspondiente; si el tiempo trabajado es menor, el pago se calcula de manera proporcional.

También corresponde la <a href="https://larepublica.pe/tag/cts">Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)</a>, cuyo depósito debe efectuarse dentro de los primeros quince días de mayo y noviembre de cada año. A ello se suman los descansos semanales remunerados, los feriados y el 30 de marzo, establecido como feriado no laborable remunerado por el Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.

La normativa contempla, además, 30 días calendario de vacaciones remuneradas después de un año continuo de servicios, siempre que se cumpla el récord vacacional exigido por ley. Los empleadores deben garantizar la afiliación al Seguro Social de Salud (EsSalud) y al sistema de pensiones, que puede ser público o privado. Asimismo, se reconoce la protección durante la gestación y la lactancia, la nulidad del despido por maternidad y el descanso pre y postnatal de 98 días calendario, conforme a las normas del régimen laboral general de la actividad privada.

Otro aspecto señalado por la Sunafil es que la alimentación y el alojamiento deben proporcionarse durante el tiempo en que se desarrollan las actividades en la vivienda. Estos conceptos no forman parte de la remuneración, por lo que no corresponde descontarlos del sueldo.

<h2>Sunafil advierte sobre prácticas discriminatorias y obligaciones de los empleadores del hogar</h2>

La institución recordó que los empleadores no pueden exigir a las personas trabajadoras del hogar que realicen actos contrarios a los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas o espirituales de sus pueblos. Esta conducta constituye un acto de discriminación, según lo señalado por la entidad.

Tampoco está permitido obligarlas a utilizar uniformes, mandiles, delantales u otras prendas que las identifiquen como trabajadoras del hogar cuando se encuentren en espacios o establecimientos públicos. Estas restricciones forman parte de las orientaciones que la Sunafil difunde para promover el respeto de sus derechos.

Las medidas se desarrollan mediante acciones preventivas, asistencias técnicas y orientación tanto a quienes contratan personal doméstico como a quienes prestan estos servicios. Según la entidad, estas actividades sumaron 1,623 entre 2025 y 2026, en el marco de la difusión de las obligaciones laborales aplicables al trabajo del hogar.

En el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, Sunafil destaca que es obligación proporcionar alimentación y respetar las condiciones personales, culturales y religiosas de los trabajadores del hogar.

Sunafil recuerda obligaciones de empleadores: trabajadoras del hogar tienen derecho a alimentos, gratificaciones y CTS

Uno de los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, internado junto a otros cinco adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/07/caso-liceo-naval-madre-de-implicado-denuncia-nueva-presunta-agresion-sexual-dentro-de-maranguita-por-parte-del-principal-sospechoso-96068">Maranguita</a>, manifestó temer por su seguridad mientras afronta una investigación por la presunta agresión sexual contra un compañero de la misma institución educativa. Esta situación se produce luego de que denunciara un nuevo intento de abuso, ocurrido el pasado 6 de octubre en las duchas del establecimiento, el cual habría sido perpetrado por otro de los investigados.

El caso motivó nuevas diligencias y la separación del estudiante denunciado, mientras las autoridades recogen testimonios para determinar qué ocurrió. Por su parte, la familia del agraviado aseguró que <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/15/segundo-caso-del-liceo-naval-madre-denuncia-presiones-para-evitar-que-su-hijo-reporte-presunto-ataque-en-maranguita-877830">recibieron llamadas de los padres del acusado</a> para que no formalizara la denuncia ante las autoridades.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/16/hombre-incendia-vehiculo-de-bomberos-en-los-olivos-y-regresa-para-ver-como-quedo-la-unidad-tras-el-fuego-715248">Hombre incendia vehículo de bomberos en Los Olivos y regresa para ver cómo quedó la unidad tras el fuego</a></blockquote>

<h2>Segundo denunciante del caso Liceo Naval teme por su seguridad en Maranguita: tres testigos respaldarían su versión</h2>

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 en la zona de duchas, tras un partido de fútbol. El menor afectado señaló que fue abordado por la espalda mientras se aseaba, en una acción cuyo modus operandi coincide con el reportado por el primer agraviado. Tras reaccionar y encarar a su compañero, el estudiante manifestó sentirse asustado e intranquilo por su integridad.

“Me siento triste, con bastante miedo e intranquilo. La verdad, ahí siento que mi vida corre peligro”, declaró el agraviado según el expediente del caso al que tuvo acceso el programa Ocurre Ahora.

Respecto a los testimonios, tres de los cuatro testigos presenciales respaldaron en distinto grado la versión del denunciante —mencionando incluso burlas tras el incidente—, mientras que el cuarto afirmó no haber visto la secuencia. El acusado negó la agresión y sugirió que la acusación busca favorecer la salida del denunciante del centro juvenil, afirmación que no ha sido acreditada.

<h2>Familia del segundo denunciante del caso Liceo Naval rechaza pacto de silencio y revela llamadas para evitar la denuncia</h2>

En un comunicado con fecha del 14 de octubre de 2026, la familia del adolescente que reportó el reciente incidente en el Liceo Naval rechazó categóricamente las versiones sobre un presunto pacto de silencio entre los menores involucrados. Aseguró que su menor ha colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones y mantendrá su disposición para declarar sobre lo presenciado.

Asimismo, expresaron su solidaridad con la víctima del primer caso y reiteraron que el adolescente no forma parte de ningún intento de encubrimiento ni tiene conocimiento de dicho acuerdo. Por su parte, la madre reveló haber recibido llamadas de allegados al menor denunciado para persuadirla de no emprender acciones legales de la nueva denuncia. No obstante, reafirmó su decisión de continuar con el proceso tras escuchar el testimonio de su hijo, descartando que la medida responda a una estrategia o animadversión personal contra el otro interno.

“He recibido llamadas por parte de la familia del denunciado para no denunciar el hecho, pero ello iría contra los principios y valores con los que hemos sido educados y sería tolerar una conducta que, como familia, rechazamos tajantemente (…)Somos una familia que cree en la justicia y en la verdad. Mi menor hijo, en las declaraciones brindadas, ha mostrado desde un primer momento su voluntad de colaborar con la justicia y aclarar los hechos como se presentaron”, se lee en el comunicado.

<img src="https://trome.com/resizer/v2/JVZV2RW2UJDXZCG7XIV5ZNWLPE.jpg?auth=3aabc43004059fc19def94479cbb9ca0e6b2b938c8a4d667d2f96b4694af1d50&width=1200&height=1667&quality=75&smart=true" alt="Comunicado de la familia del segundo agraviado en el caso Liceo Naval." title="Comunicado de la familia del segundo agraviado en el caso Liceo Naval." width="900" height="1250"/><figcaption>Comunicado de la familia del segundo agraviado en el caso Liceo Naval.</figcaption>

La familia del denunciante rechaza un pacto de silencio y reafirma su apoyo a la víctima. Continúan colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia, según su comunicado.

Segundo denunciante del caso Liceo Naval advierte que teme por su seguridad en Maranguita: familiares habrían recibido llamadas para no denunciar agresión