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La Oroya, 20 años después

La Corte IDH determinó que el Estado peruano es responsable de la contaminación en ciudad minera.

En el Día Mundial del Agua, se emitió una sentencia histórica sobre el derecho de una población a gozar de los beneficios del agua, el suelo y el aire sin contaminación, pero además a apreciar el desarrollo subsiguiente de las nuevas generaciones, sin la carga pesada de los metales que alteran la vida y la salud de las poblaciones que habitan en zonas mineras.

Se trata de La Oroya, una población minera ubicada en la sierra sur y que fue considerada en su momento entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Su población, adicionalmente, soportó un cambio de ubicación, ya que se encontraba bajo una veta de mineral. Los niños de La Oroya fueron denominados “los niños de plomo” por la cantidad inmensa de ese mineral encontrada en sus pulmones.

El Centro Metalúrgico La Oroya ha pertenecido en algunos períodos al Estado y en otros al sector privado. En 1922 ya mostraba su enorme potencial y fue explotado por una empresa norteamericana hasta su nacionalización con Velasco Alvarado. A partir de allí, se alternaron la empresa Doe Run y el Estado, y también una larga paralización de 13 años, sin que en ningún momento se observaran garantías de calidad del medio ambiente.

Ya en 1981 se dieron a conocer las primeras denuncias de la población por la calidad del suelo, el agua y el aire, y los efectos que tenía la alta contaminación en la salud de los habitantes. En esa lucha que ya dura más de 20 años, han sido acompañados por defensores ambientales y el periodismo. En el caso de La República, la campaña informativa sobre la destrucción del hábitat en La Oroya fue constante.

La decisión adoptada por la Corte IDH ha sido calificada como histórica. Es la segunda en su género. La primera correspondió a un caso similar en Argentina. La responsabilidad del Estado peruano ha sido determinada por los jueces por unanimidad y ahora corresponde que se establezcan las acciones inmediatas para reparar el daño provocado por la alta concentración de minerales en el ecosistema. Se trata de remontar el agravio y devolverle a la población de La Oroya condiciones y calidad de vida para el futuro de esa población olvidada.

La República

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