Antes que sea tarde, por Juliana Oxenford

Que no tienen sangre en la cara, lo sabemos y de sobra. Lo que no conocíamos, y ahora gracias a la explícita narrativa de la congresista Rosangella Barbarán nos hemos venido a enterar, es que, además de inescrupulosos, hampones y miserables, nuestros padres de la patria también “la tienen chiquita”.  

A estas bajezas se resumen las participaciones de algunos parlamentarios.

Ahora la manera de atacarse entre ellos y seguir haciendo del Palacio Legislativo una fauna salvaje, donde entre ellos se matan con tal de seguir sobreviviendo, es vociferar chismes de lo que dijo tal o cual. No se les puede pedir más. De este séquito de oportunistas sinvergüenzas solo queda aguardar a que se larguen lo antes posible.

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Desgraciadamente, no solo se aferran a sus curules mientras se rizan las pestañas y publican videos en TikTok. Bueno fuera. Arremeten contra todo y todos, pisotean la norma, modifican a la mala medio centenar de artículos de la Constitución Política como parte de una reforma que debieron hacer hace rato y de manera inteligente. Todo esto para poder seguir postulando (o por lo menos no terminar tras las rejas) mientras abrazan estampitas pidiéndoles a todos los santos no perder el poder que les regala ese manto sagrado llamado inmunidad.

Han inhabilitado inconstitucionalmente a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Dos abogados honorables que no podrán ejercer cargo público durante diez años, mientras a la ‘mochasueldo’ más chora le salvan el pellejo en una primera votación y al rato, para evitar peores consecuencias que saben que más temprano que tarde tendrán que pagar, se hacen los rudos tan solo suspendiéndola de su cargo. Es decir, a quien se le comprobó que recortaba los sueldos de sus trabajadores y se convirtió en el personaje emblemático del proceder más sucio e ilegal que pueda existir por parte de un legislador no se le inhabilita. Se le manda a casa con matrícula condicional como quien obliga a un alumno a escribir cincuenta veces en la pizarra: “No volveré a robarles a mis compañeros”. Listo, eso fue todo. Que el Poder Judicial se encargue del resto.

Durante la sesión, María Cordero Jon Tay se quebraba en su nulo intento de victimizarse cuando, de pronto, uno de los integrantes del otro grupo cuestionado con quien tampoco pasa nada, Edwin Martínez (el del clan ‘Los Niños’), tuvo la desfachatez de intervenir en el pleno saliendo en defensa de su colega para cerrar con broche de estiércol su participación: “¿Cuántos ‘mochasueldos’ ha habido en el Congreso y no se les ha sancionado?”. Sí, ese es el nivel. Así responden quienes fueron elegidos para representar a sus regiones y terminaron asumiendo el rol de ese personaje antagónico, odiado, que nunca falta en una historia. Lo más triste es que esto no es ficción, es real. Está pasando en vivo y en directo, diariamente y frente a todos.

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Esto no es una guerra de ideologías o debate de posturas. No podemos pedirle lo imposible al que, sin duda, es el peor Parlamento de la historia. Deberíamos inocularnos una sobredosis de dignidad para no permitir que estos bravucones persistan en su intento de robarnos lo poco que aún nos queda. Después, puede que sea demasiado tarde. Sin democracia, no nos queda nada.

¿Sabrán estos impresentables lo que es un Estado de derecho? Lo dudo. Sobre todo si el máximo representante del Parlamento nacional, Alejandro Soto, ya anunció que ha ordenado al procurador del Congreso denunciar penal, civil, constitucional y administrativamente a la inhabilitada Inés Tello. La exmiembro de la Junta Nacional de Justicia, quien, con la ley de leyes bajo el brazo, exige que se le reponga en su cargo por haber sido separada y maltratada de manera inconstitucional. Pero no contentos con deshacerse de quien además fue un personaje clave en las condenas impuestas a los delincuentes que nos condujeron a esta inmundicia política de la que no logramos escapar desde la época del fujimontesinismo —cinco legisladores investigados por el caso Benavides (Chirinos, Aragón, López, Cordero y Tello)—, tienen el descaro de denunciar a Delia Espinoza. Nada menos que la fiscal que los investiga.

Así se han hecho omnipotentes, a costa de la supremacía que les otorga un escaño, un voto. Gracias a la ausencia de un equilibrio de poderes. Con la anuencia silenciosa de una presidenta que está pintada, de espaldas al país. Desde su lujoso Rolex, Dina cuenta las horas que faltan para volver a ser citada a declarar por los cincuenta muertos que carga sobre sus espaldas. De eso no se va a librar. De esa sombra nadie se escapa. A diferencia de la impunidad que tiene fecha de caducidad, el dolor es perpetuo.

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Generalizar suele ser injusto, más aún cuando hay unos dos o tres congresistas que actúan con coherencia y en defensa de la institucionalidad. Esos que deberían representar a la mayoría, pero que, sin embargo, en un país donde todo funciona al revés, han pasado a convertirse en raros especímenes. Los caviares, les dicen. La derecha radical, ultraconservadora —aliada ahora a una izquierda casi mononeuronal y fanática—, se ha encargado de ponerlos contra la pared y atacarlos por todos los flancos. No los quieren cerca. Los detestan. Convivir con alguien medianamente decente no hace más que resaltar con notable claridad cuán miserable eres. Es cierto, las comparaciones son odiosas, pero por lo menos el noventa por ciento del Parlamento actúa de manera perversa, canalla y cobarde.

Tan vil como chantajear a quienes vivimos en un país donde la salud está en cuidados intensivos. Un país que ocupó el primer lugar en el ranking de muertos por covid en el 2020. Un país donde casi la mitad de nuestros niños, de entre los seis y treinta y cinco meses, presentan cuadros de baja hemoglobina por falta de hierro. El Poder Legislativo, que ha hecho poco y nada para proteger a los más vulnerables, de pronto se manifiesta preocupado. Ahora resulta que Fuerza Popular, en un intento de reconciliación con esa mayoría que los rechaza enérgicamente, ha presentado un proyecto de ley que obliga a todas las farmacias a vender medicamentos genéricos. Lo que no anuncian es que esta ley no aplicaría a las boticas que pertenecen al registro del Remype, las micro y pequeñas empresas donde —casualmente— están inscritas las dos farmacias de los dos hijos de dos de los congresistas naranjas Mery Infantes y Víctor Torres, quienes firmaron el proyecto de ley. No, no es casualidad. Esto es lobby puro y duro. Una nueva puesta en escena bajo la pantomima de una lideresa que se presenta en redes indignada porque —según ella— cuando sale a comprar no encuentra Panadol al alcance de sus bolsillos. Keiko Fujimori, una vez más, superándose a sí misma y demostrándonos, otra vez, que está dispuesta a todo con tal de que esta nueva campaña rumbo al sillón presidencial no se le queme en la puerta de Palacio.

Así estamos y presumo que así seguiremos. Mientras este grupete de malhechores siga secuestrando instituciones y Dina Boluarte mantenga su atención en conseguir alguna explicación coherente para contarnos de dónde salió el reloj que ostenta en este Perú con hambre, nada va a variar.

O cambiamos nosotros, la peleamos, o mañana —y quizás sin darnos cuenta— habremos perdido esta batalla donde lo único que se busca es resguardar la democracia. La libertad en el Perú no puede convertirse en una utopía. Eso, nunca más.