Según nos informa la prensa, tan pronto la estrella de fútbol Paolo Guerrero acordó jugar en Trujillo por el club César Vallejo, él y su familia fueron víctimas de extorsión. Afortunadamente, pareciera ser que los responsables de dicha extorsión fueron rápidamente identificados y capturados por la policía, lo cual lamentablemente no es el caso la mayoría de las veces.
El caso de Paolo Guerrero fijó la atención de buena parte de los peruanos en un tipo de crimen que se está volviendo cada vez más común en el Perú y que desgraciadamente ya era bastante común en Trujillo. La extorsión ha sido un serio problema en Trujillo desde hace casi dos décadas, y fue la primera ciudad grande del Perú en ser severamente afectada por ese crimen.
La extorsión a la madre de Guerrero se conoció casi a la misma vez que la presidenta Dina Boluarte visitaba La Libertad para anunciar que se establecerían campamentos militares en cuatro empresas mineras de Pataz, justamente para enfrentar la extorsión de que eran víctimas esas empresas. Recordemos que las víctimas son siempre personas, como lo fueron los 10 trabajadores que murieron a raíz del ataque en Pataz.
En su discurso de aquel día, la presidenta dijo ser la mamá de todo el Perú y declaró que César Acuña era el papá de La Libertad. Entiendo que muchos preferirían ser huérfanos a aceptar semejantes padres. Por ejemplo, Acuña, que tiene más de 20 años jugando un rol clave en dicha región, especialmente en Trujillo, sin haber hecho casi nada por ella. César Acuña ha sido congresista por La Libertad entre 2000 y 2006, alcalde de Trujillo del 2007 al 2014 y presidente regional de La Libertad en el 2015 y actualmente es gobernador regional de La Libertad por el periodo 2023 a 2026.
En general, en la década pasada, la victimización a nivel nacional, es decir, el porcentaje de personas que aseguran haber sufrido un acto criminal, tuvo una tendencia a la baja, coincidente con la fuerte reducción de la pobreza. Hacia el 2017, la victimización se estancó, coincidiendo con la reducción en el ritmo de disminución de la pobreza. Después de un bajón durante el periodo de pandemia, la criminalidad ha venido aumentando en todo el Perú y ya ha superado el nivel del 2019.
Viendo las cifras en detalle, llama la atención que, si bien los pequeños centros poblados tienen menor índice de criminalidad y menor sensación de inseguridad que las grandes ciudades, en los centros poblados ambas han venido creciendo a tasas mucho más altas. Finalmente, llama mucho la atención cómo se ha multiplicado cierto tipo de crímenes, en particular, la extorsión.
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Trujillo y Lima son las ciudades que lideran las estadísticas de extorsiones en el Perú. En el 2017 había el doble de probabilidad de ser víctima de una extorsión en La Libertad que en la región Lima. Entre el 2017 y el 2022, la frecuencia de las denuncias por extorsión en Lima se multiplicó por ocho, ¡pero La Libertad seguía liderando el índice de extorsiones al haberse multiplicado por cinco! (La región Tumbes también ha mostrado un elevado índice de extorsiones, ligeramente mayor al de la región Lima.) Igualmente, La Libertad y Lima lideran el número de personas detenidas por extorsión.
¿Por qué se da tanta extorsión en Trujillo (y en general, en La Libertad)? Trujillo es una ciudad que se ha beneficiado del crecimiento económico y no tiene más pobreza que muchas ciudades semejantes, ¿entonces por qué? La explicación en parte es que la extorsión necesita que se den a la vez dos condiciones: crecimiento económico, para asegurar que haya a quién extorsionar; y debilidad institucional, para que cualquier lucha en contra de la extorsión sea inefectiva, sobre todo en sus inicios, cuando es más vulnerable.
Usaremos el Índice de Competitividad Regional (INCORE) que publica el Instituto Peruano de Economía para comparar La Libertad con otras regiones del Perú y constatar que ambas condiciones se dan en la región, más que en el Perú en general. Cabe resaltar que, como sabemos, La Libertad es una parte costa y otra parte sierra. Las provincias de la costa tienen, por ejemplo, un ingreso por habitante tres veces mayor a las provincias de la sierra, con lo cual el promedio esconde diferencias muy grandes, más grande que en la mayoría de regiones.
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La Libertad se encuentra en el puesto 10 de 25 en la clasificación general del INCORE. Sin embargo, vemos que, por un lado, el gasto real por habitante y el ingreso real por trabajo de la región están ambos en el tercio superior del país (puesto 8), mientras que si miramos los componentes institucionales vemos que en la resolución de expedientes judiciales, una medida clave de funcionamiento de la institucionalidad, se encuentra en el puesto 21 y en la medida de ejecución de la inversión pública se encuentra en el puesto 20.
Otro síntoma de la inadecuada gestión pública es que en La Libertad el presupuesto público por habitante está en el puesto 24 de 25. ¡Una región relativamente próspera no puede contar con tan bajo presupuesto! En el Perú eso es casi una garantía de población sin atender y servicios públicos ineficientes.
Queda claro entonces que en Trujillo se encontraron una economía en crecimiento con una muy pobre institucionalidad, incluso para estándares peruanos. Esto es independiente de la mala suerte o casualidad que suelen ser parte de la explicación.
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La extorsión en todo el mundo comienza generalmente en actividades ilegales, como la prostitución, las drogas o los préstamos informales. En estos casos, las víctimas generalmente no reportan el crimen y así este se va fortaleciendo hasta que entra de lleno a las actividades legales. La extorsión es doblemente mala porque ataca no solo a la riqueza generada (como el robo común) sino que ataca a la fuente generadora de riqueza.
Como hemos sostenido en esta columna anteriormente, mientras más tarde en darse una respuesta decisiva del aparato legal y la sociedad civil, tanto más difícil será lidiar con el problema. Como aprendimos con Sendero Luminoso, si se pierde mucho tiempo (“son abigeos”, nos decían al principio y luego llegó el primer gobierno de Alan García y la capacidad de respuesta ante el terrorismo desapareció) se necesitarán mecanismos extraordinarios, como por ejemplo los jueces sin rostro, y la población exigirá y aceptará medidas que resultarían inaceptables en un contexto normal.
Es tiempo de que se haga caso a los especialistas (que los hay) y se dejen de lado medidas que no son más que un saludo a la bandera. El caso de Paolo Guerrero parece señalarnos que cuando la presión es grande se obtienen resultados.
En este contexto, nuestro ministro de Justicia anuncia que se tomarán medidas “como en El Salvador” de Bukele. Y no lo haría si no pensara que será popular decirlo. Del dicho al hecho hay poco trecho. Estamos advertidos.
De La Oroya. Economista y profesor de la Universidad del Pacífico y Doctor en Finanzas de la Escuela de Wharton de la U. de Pennsylvania. Pdte. del Instituto Peruano de Economía, Director de la Maestría en Finanzas de la U. del Pacífico. Ha sido economista-jefe para AL de Merrill Lynch y dir. gte gral. ML-Perú. Se desempeñó como investigador GRADE.