Los delirios de la libertad, por Ariela Ruiz Caro

En su mensaje a la nación de fin de año, el presidente Javier Milei dijo estar seguro que si todos los actores políticos sociales, sindicales y empresariales apoyan su programa liberal en un lapso de 45 años, el PBI per cápita de Argentina se multiplicará por 10 veces, por lo que alcanzará niveles similares a los de Irlanda, que actualmente está 50% por encima del de Estados Unidos.

 Alucinante espera para un programa inviable que ha visto incrementar aún más la inflación a 1,2% diario como consecuencia de la devaluación del 118% —tan pronto asumió el Gobierno—, el despido de miles de empleados públicos y de empresas privadas, y el congelamiento de las obras públicas, así como del presupuesto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La caída del consumo en diciembre ha sido de 38,4% en comparación al mismo mes del año anterior, los salarios se han congelado y la recaudación tributaria ha caído en picada.

Milei ha dicho también que tiene la certeza “que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas”.  Por eso, invitó “a todos los argentinos de bien” a que exijan a sus representantes la aprobación de los dos megapaquetes de leyes: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ómnibus, que ha presentado y pretenden refundar la república.

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Independientemente de las opiniones sobre las leyes incluidas en el DNU (solo en materia laboral extenderá el período de prueba de tres a ocho meses, facilitará los despidos de quienes participen en medidas de fuerza y limitará el derecho a huelga), es inconstitucional. La Constitución de Argentina de 1994 reguló la facultad del Poder Ejecutivo de dictar, en determinadas circunstancias, DNU. Pero sometió esta facultad a condiciones muy estrictas: a) que circunstancias excepcionales hicieran imposible convocar al Congreso; y b) que no se regulen temas penales, tributarios o electorales.

Milei también ha enviado una ley ómnibus que pide la delegación de facultades extraordinarias por dos años, prorrogables por otros dos, que ha generado rechazo al considerarse que implica una absolución de la Constitución nacional, pues deja de lado la labor del Congreso. En esta ley presenta la lista de las 41 empresas públicas que serán privatizadas, incluidas aquellas que son rentables. Además, propone la ley de tierras, por lo que extranjeros y fondos buitres podrán comprarlas sin ningún límite en el territorio argentino, el presidente podrá tomar endeudamiento sin ser debatido en el Congreso y autorizar la presencia de bases militares. En su redacción han participado abogados de las mayores corporaciones locales y extranjeras.

La ley también atenta contra el desarrollo de la cultura nacional y propone cerrar el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA); además de impulsar el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional de la Música (Inamu) y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). La ley incluye también el incremento de las sanciones penales a la protesta social.

Desde que Milei asumió el poder el 10 de diciembre, ha perdido un punto porcentual diario de popularidad, un desgaste acelerado nunca visto en la región en tan corto tiempo. Su imagen negativa es hoy de un 55%, pero cuenta todavía con un respaldo del 44% que tiene esperanza y no avizora lo que muy probablemente ocurrirá. Es en este marco que el 24 de enero tendrá lugar la huelga general con movilización, liderada por la Central General de Trabajadores (CGT). Será una expresión importante de rechazo a las medidas de Milei, pero la resistencia deberá darse también en el ámbito político, multipartidario, en el que lo central sea la defensa de la Constitución, de la división de poderes y la democracia. Algunos líderes políticos argentinos equiparan a Milei con Fujimori al señalar que Argentina no necesita un personaje que gobernó durante un largo tiempo sin respeto a la división de los poderes del Estado, además de dar un autogolpe.