El año de la impunidad
Los 49 fallecidos durante los disturbios no han encontrado justicia.
El primer ministro, Alberto Otárola, ha señalado ayer que no es posible que le atribuyan a él o a la presidenta Dina Boluarte las muertes provocadas por el exceso de violencia ejercido por las fuerzas del orden. Asegura que no existe ningún señalamiento durante las investigaciones que los señalen.
El papel que no ha terminado de esclarecerse es el que se ha podido ejercer desde la autoridad que da el poder. La orden que no se dio cuando se hacía obvia la participación del Ejército y la Policía contra población desarmada que protestaba por el nuevo Gobierno y exigía elecciones adelantadas.
Se han hecho investigaciones independientes que dan cuenta de crímenes extrajudiciales contra pobladores de localidades como Ayacucho, Andahuaylas, Puno e incluso Lima. Estas investigaciones realizadas por organismos internacionales, e incluso por la justicia internacional, han establecido fehacientemente que se trataba de personas que murieron sin siquiera haber participado en la ola de disturbios.
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No se trata de supuestos. Prensa como La República y la premiada IDL-Reporteros han documentado paso a paso lo ocurrido en esas fechas lamentables, y han establecido las muertes ocurridas y la existencia de órdenes relacionadas a la magnitud de la represión.
Que la justicia, en este caso la etapa de investigación de las muertes correspondiente al Ministerio Público, no haya logrado aún determinar responsabilidades, no significa que las autoridades –ministro de Defensa, ministro del Interior, el primer ministro y la propia presidenta– hayan quedado descartadas. Solo se puede determinar que el trabajo del Ministerio Público no ha terminado o ha sido deficiente. La presencia de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en todo este proceso inacabado solo hecha sombras sobre lo actuado.
¿Por qué se persistió en mantener el modus operandi de la represión violenta si ya se conocía de los excesos? Esa es la pregunta que no tiene respuesta.
Es de esperarse que el nuevo giro que muestra el Ministerio Público permita ahora conocer el resultado de las investigaciones. Un año después no es posible que no se tengan resultados y que se extienda un manto de impunidad sobre quienes permitieron los excesos y por quienes, una vez conocidos los primeros resultados en términos de número de personas fallecidas, no actuaran de inmediato. Todo esto debe ser materia de las investigaciones. Es también necesario que la opinión pública acceda a estos resultados.
Los organismos internacionales han incidido en la necesidad de verdad y sanción. También lo han hecho las entidades que defienden los derechos humanos y la prensa independiente. Es pronto para exigir que no se involucre a alguna autoridad en los hechos luctuosos de diciembre, enero y febrero. Se requiere primero el esclarecimiento exhaustivo de lo ocurrido. Es un saldo negativo que arrastraremos hasta el 2024, en el que esperamos que finalmente haya justicia.
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