¿Está el Perú “al garete”?
Se sabe, en lo esencial, qué se entiende por “estar al garete”. Buscando una definición/interpretación en el sacrosanto GPT se le define como “algo que está desordenado, fuera de control o sin dirección clara”.
A primera vista, la realidad cotidiana, pues, no parece ofrecer dudas. No solo por una serie de rasgos evidentes en cuanto a falta de objetivos y metas declaradas, sino por la obvia incapacidad gubernamental/estatal de fijar metas y producir resultados concretos que beneficien a la economía nacional, la salud o la seguridad ciudadana y, en general, a la población.
Dos ejemplos ilustrativos.
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Primero, las amenazas constantes para demoler la independencia judicial. Tras la guerra declarada contra la independiente Junta Nacional de Justicia, el trasfondo una institucionalidad sistemáticamente magullada. Con la impune e inconstitucional destitución por el Congreso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos (simplemente porque no les gustó una decisión de esa fiscal). O, luego, con la actuación de la suspendida fiscal Benavides, hoy investigada como cabeza de una red de organización criminal que incluiría a congresistas.
Segundo, la brutal ineficiencia en la ejecución del presupuesto público. Llegamos a fines de diciembre con uno de los más bajos niveles de ejecución presupuestal del siglo. No se puede “tirar la pelota” a los Gobiernos regionales y locales, como si el Gobierno central gobernase otro país. Hay responsabilidad y, por cierto, es un tema pendiente que los anteriores Gobiernos también dejaron en el aire.
Experiencias eficaces en ejecución presupuestal las hay incluso en Estados federales como Brasil: el diligente Ministerio do Desenvolvimento (Ministerio de Desarrollo) supervisa y monitorea eficazmente, tanto la inversión del Gobierno federal como la de los locales y estatales (con autonomías mayores que los de las regiones o municipios en el Perú).
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Pero el telón de fondo y la esencia de la cuestión en el Perú no está solo –ni tanto– en eso de estar “al garete”. Está en la venalidad que plaga al Congreso y en su esencial y permanente confrontación con los valores democráticos. En ello no hay nada “al garete”. A esa lógica se suma activamente, ahora, el Ejecutivo al colocar al país, en los hechos, fuera del sistema interamericano de derechos humanos, más allá de lo declarativo.
Lo de estar “al garete”, pues, no describe el grave mal que hoy corroe al Perú: cuestionamiento sistemático, en los hechos, a la división de poderes y un Congreso atravesado por la corrupción o al servicio de intereses privados (por ejemplo, los recientes y abruptos cambios a la ley forestal). Con todo esto, obviamente, ya ha pasado al ámbito de la ilusión el objetivo declarado de hacer al Perú miembro de la OCDE, la crucial Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Así nunca.
Por otro lado, confrontando lo que la Corte Interamericana había dispuesto en el tema Fujimori. El Gobierno optó por no acatar y enfrentarse. Si en posterior y surrealista declaración desde la Cancillería se dijo –oficialmente, y sin rubor– que no había existido desacato alguno, los hechos hablan por sí solos. Atrás va quedando, pues, la Cancillería que otrora o en la transición democrática promovió la democracia: Carta Democrática Interamericana o reconociendo en la transición democrática la responsabilidad internacional del Perú en graves casos de violación a los derechos humanos.
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Grave involución y al servicio de intereses oscuros la demolición en curso de la institucionalidad. Destaca, en ello, el Congreso, pero no se queda allí. Por ello, guarda preocupantes semejanzas de fondo con evoluciones producidas en otro país de la región como Guatemala. Lo que viene ocurriendo en el Perú no solo se equipara, sino que hasta supera el llamado “Pacto de los Corruptos” sufrido en nuestra hermana nación centroamericana. Que condujo, como se sabe, a la reciente decisión del Gobierno estadounidense de retirarle la visa a más de 300 congresistas, políticos y empresarios de ese país.
Cuidado, pues, con el anhelo de quienes hoy hunden al Perú de visitar al ratón Mickey y amigos en Florida. De pronto, se les podría desvanecer a congresistas corruptos y antidemocráticos y a otros responsables de graves pasos en la demolición democrática. Como diría nuestro recordado Humberto Martínez Morosini, “… se sienten pasos”.
Solo enmendando rumbos se podría despejar el panorama. Como dicen en Colombia, “amanecerá y veremos”.
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.