Por: Aníbal Velásquez (*)
Fuimos uno de los países con más posibilidades de alcanzar la meta de Hambre Cero el 2030 porque tuvimos éxito en reducir la desnutrición crónica infantil a la mitad en un periodo de 8 años hasta el año 2015, a tal punto que la Fundación Bill y Melinda Gates nos reconoció como un ejemplo mundial. Este buen desempeño se atribuye a mejoras en la economía y la reducción de la pobreza, y a una alianza multiactor que permitió impulsar políticas de Estado, con un sistema de presupuesto de resultados para financiar intervenciones efectivas, mejores programas de protección social, y mayor inversión en salud y educación.
Ahora que la población vulnerable del Perú sufre problemas de acceso económico a una alimentación saludable por el impacto de la pandemia de COVID-19 y el incremento de precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes, necesitamos reactivar las alianzas y las políticas basadas en evidencias científicas y en las mejores prácticas.
Las alianzas del sector público y privado podrían contribuir a reducir la inseguridad alimentaria mucho más que si cada actor trabajase por separado porque podrían desarrollar intervenciones innovadoras, más rápidas, y más costos eficientes.
Las experiencias de WFP en este tipo de alianzas han mostrado buenos resultados en hacer sostenibles intervenciones de iniciativa privada cuando los programas de responsabilidad social incluyen proyectos de investigación-desarrollo-innovación (I+D+I), diseñados con el sector público, a partir de un análisis del problema y necesidades. Los proyectos que tienen evaluaciones rigurosas y que fortalecen capacidades de las instituciones públicas y comunitarias tienen mayor chance de ser escalados en programas o políticas nacionales con financiamiento del Estado.
En el Perú, WFP promovió alianzas público y privadas, entre otras iniciativas, con Minsa, MIDIS, gobiernos regionales y locales con Fospibay-Miskimayo en Piura y Antamina en Áncash que permitieron reducir la anemia mediante acción de agentes comunitarios. Con base en estas experiencias y otras sistematizadas por WFP y Unicef, el Programa de Incentivos Municipales del Ministerio de Economía y Finanzas incluyó las visitas domiciliarias de agentes comunitarios el año 2019 que contribuyeron con la reducción de la prevalencia de anemia en 3.4 puntos porcentuales en el país, luego de 4 años que se mantenía en 43.6%.
Para enfrentar el hambre las alianzas pueden desarrollar acciones para mejorar la asistencia alimentaria, la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, modernizar el sistema de protección social en emergencias, aumentar las inversiones en la infraestructura rural y desarrollo tecnológico, mejorar la capacidad de producción agrícola y su articulación con el mercado, y acortar las cadenas de comercialización de alimentos.
También podemos trabajar más en mecanismos que permitan la articulación del sector público y privado como las leyes de promoción de las asociaciones público-privadas, fondos sociales, y la que promueve el mecanismo de obras por impuestos (OxI) (importante que ahora también se puede utilizar para actividades de operación y/o mantenimiento; y proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica). Además, siendo la generación de evidencia muy importante se podría replicar la experiencia pública y privada de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) para crear Centros de Innovación Social.
Vemos con entusiasmo que más de 70 empresas respondieron al llamado que se hizo en el panel de Lucha contra el Hambre en CADE este año para implementar acciones y fortalecer el trabajo articulado. Esperamos generar una alianza para poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición y alcanzar la meta de la agenda 2030.
(*) Oficial nacional sénior de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
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