Por: Hernán Chaparro, psicólogo social, Facultad de Comunicación, Universidad de Lima.
Los resultados de una encuesta no se pueden tomar de manera literal. Por ejemplo, ya hemos señalado que las encuestas de intención de voto que se hacen con meses de anticipación al día de votación no captan un compromiso importante con el voto. Son respuestas más influidas por un proceso de memoria inmediata que se activa cuando a uno le preguntan por quién votar en un momento donde esa decisión está muy lejana. La mente captura aquellos nombres que le suenan en ese momento, sin campaña en curso, y nombra a alguno que puede ser de interés. No hay más.
Es bueno recordarlo ahora que el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) preguntó si se estaba de acuerdo o no con la propuesta del presidente Castillo de convocar a una asamblea constituyente. 47% dijo estar de acuerdo versus un 49% que se mostró en desacuerdo. En general, la mitad del país se mostró a favor. ¿Qué significa esto?
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Algunos querrán comparar con otras encuestas, como la de Ipsos de abril, realizada por encargo de Lampadia. Se preguntó: ¿cuáles son los aspectos que debería priorizar el gobierno de Pedro Castillo durante el presente año? Solo un 8% mencionó “impulsar una asamblea constituyente”. Hacer una comparación de ese tipo es un error. Son preguntas que ponen al encuestado en dos situaciones totalmente diferentes. En el caso del IEP la pregunta es directa y plantea una alternativa de respuesta dicotómica (de acuerdo o en desacuerdo). Es parecida a cómo se suele aplicar en los referéndums. La pregunta de Ipsos pide a la persona que piense sobre las cosas que el Gobierno debería priorizar en su gestión. No lo indica, pero es probable que se haya mostrado una tarjeta con las alternativas de respuesta múltiple. Todas las encuestas muestran que las prioridades ciudadanas están, hace mucho tiempo, en luchar contra la corrupción, la delincuencia, por la reactivación económica. En términos comparativos, la política se ve como parte del problema, no de la solución. La pregunta del IEP es directa sobre un tema en particular y la otra habla sobre qué priorizar en la gestión.
Una interpretación posible sobre el 47% que dice estar de acuerdo con que se redacte una nueva Constitución es que sea un grupo semejante al que votó por Castillo en segunda vuelta. Salvo Lima y el norte, el apoyo es mayor en todas las otras macrozonas. Son quienes vieron en él una posibilidad de cambio a favor de mayor justicia e igualdad y que ahora, una vez más, se sienten frustrados. Hoy, Castillo no parece representar una solución a estas demandas. De acuerdo con la encuesta de Ipsos, la gente pide cosas que se resolverían con una buena gestión, pero es justamente la gestión la que hace agua. En la misma encuesta del IEP solo un 21% apoya la gestión de Castillo y un 72% considera que, “en comparación con gobiernos anteriores, el gobierno de Castillo terminará siendo” igual o más corrupto. Del lado ciudadano, esa mitad que apoya la redacción de una nueva Constitución, el 95% reconoce no haber leído o haber leído solo algunos capítulos, lo que está pidiendo es justicia y cambio. Que una cierta campaña busque asociarla con el voto a favor de una asamblea constituyente es otra cosa.
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En la nube de palabras que publicó en Twitter el IEP, para mostrar qué pide la gente a una nueva constitución, los términos más mencionados son educación, corrupción, empresas, leyes, monopolios, derechos, seguridad, congresistas. Lo que se mencionan son las mismas demandas que diversos gobiernos, en parte por incapacidad y mucho por corrupción, no resuelven. Esto es la base de buena parte del sentimiento antiestablishment que pide que todos se vayan. Es el rechazo a la corrupción lo que se expresa en el pedido de una asamblea constituyente. El comportamiento del Ejecutivo, gobiernos locales y algunos congresistas la alienta.
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