TC: este Congreso, impedido de elegirlo

La independencia de la justicia no es solo una obligación constitucional. Es un derecho humano fundamental reconocido establecido en varios instrumentos internacionales que los Estados se han obligado a hacer respetar. ¡Qué tribunal más relevante para hacer valer esa independencia –y preservar la propia– que una corte o tribunal constitucional!

Es crucial, pues, quién integra un Tribunal Constitucional y cómo son escogidos y designados sus miembros. En el proceso en curso en el Congreso vemos que, contra viento y marea, quieren hacerlo antes del 28 de julio. Siempre he pensado que no es mala idea que los altos cargos de la magistratura sean seleccionados por una instancia política. En tiempos apretados se creó la Junta Nacional de Justicia el 2019 y dejaron pasar la oportunidad de afianzar la independencia judicial asignándole a la JNJ esta función o, siquiera, la de preseleccionar ternas para que escoja luego el Congreso. Por lo visto prevaleció la miopía; no se le pasó por la cabeza al gobierno de Vizcarra, ni tomaron en cuenta propuestas públicas de que lo considerara.

Mientras, pues, le seguirá tocando al Congreso hacer la designación. Ya hemos visto el patético nivel de muchas de las preguntas hechas a postulantes en la Comisión buscando que adelanten opinión o sobre temas personales y no sobre cualificaciones constitucionales.

Destacan dos razones para que no sea este Congreso sino el que se instala el 28 de julio el que debe elegir a los seis integrantes del TC. Destacan dos.

Primero, que el Congreso ha venido actuando al margen de la Constitución. De manera reiterada. En escasos 15 meses, desde que se instaló en marzo del 2020, aprobó varias leyes cuestionadas por su constitucionalidad, rompiendo todos los récords. Y lo sigue haciendo.

Ya el TC declaró –por unanimidad– la inconstitucionalidad de tres de sus leyes: la 31018, que suspendía el cobro de peajes; la 31039, de ascenso automático en el escalafón y nombramientos de personal en el sector salud; ley 31083, que establecía un régimen facultativo de devolución de aportes a la ONP. Y hay tres más en fila, entre ellas la creación arbitraria de una “cuarta legislatura”. Y podrían llegar a un TC nombrado en esas condiciones, amparos sobre el proceso electoral para minar al gobierno de Castillo. No puede haber más evidencia de intereses conflictuados que lo hagan este Congreso pródigo en inconstitucionalidades.

Segundo, marcados conflictos de interés en integrantes de la Comisión Especial del Congreso. Que tiene la delicada responsabilidad de seleccionar los candidatos. Dejando de lado las lamentables preguntas que hicieron algunos de sus miembros a los postulantes, la composición de la Comisión está medularmente afectada en su idoneidad e integridad. Muchos resaltan a dos que deberían haberse abstenido de participar –o no ser designados– por tener serios conflictos con la ley y la justicia. Que bien pueden acabar en el TC.

Uno, el congresista José Luna Morales, que viene siendo investigado desde el 2018 por la fiscal de crimen organizado Sandra Castro, como integrante de la organización criminal “Los gánsteres de la política” por graves hechos de corrupción. Además, como uno de los propietarios de tres universidades no licenciadas, tiene interés directo en asuntos que bien podrían llegar al TC.

Otro, el congresista José Vega Antonio. Grabado para obtener beneficios para él y su organización política, en coordinaciones con el ex magistrado supremo César Hinostroza, sindicado por la Fiscalía como el cabecilla de los “Cuellos Blancos del Puerto” y con el controvertido Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta la semana pasada.

Y hay más razones, pero ¿esto no es suficiente?