Una vergüenza internacional

El viernes último se difundió una carta suscrita por cuatro embajadores acreditados en el Perú (Colombia, Canadá, Australia y Francia) dirigida al presidente del Congreso. En ella manifiestan su “profunda preocupación ante medidas como las previstas en la Ley 31018 que vulnera seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual”. ¿De qué se trata? De la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia en aquellas carreteras construidas y mantenidas bajo inversión privada extranjera proveniente de estos países.

La Constitución de 1993 incluyó un artículo que es la piedra angular en la protección a la inversión privada nacional y extranjera. Este artículo es la razón por la que se han podido desarrollar obras gigantescas o usted puede alquilar una parte de su casa con la absoluta tranquilidad de que no perderá su renta por intervención del Estado. El artículo 62 dice “la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

“Pacta sunt servanda” no es un invento de la autocracia fujimorista como algún político me dijo. Es la base del derecho civil, creado por los romanos, por el cual el contrato obliga a las partes. Toda la prosperidad de un país desarrollado se basa en solo esto: si das tu palabra, tienes que cumplirla. Si esta conducta se expande a todos los ámbitos de la vida humana, tienes una sociedad asentada en el estado de derecho y no en el abuso y la picardía. Por supuesto, el socialismo peruano odia este artículo de la Constitución porque no permite arrebatar propiedades y rentas para jugar a Robin Hood.

Sin embargo, para este Congreso la Constitución es papel higiénico. Para favorecer los intereses de sus amigos camioneros decidieron regalarles el peaje. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Los precios de productos que se transportan por las carreteras del Perú no han bajado, ¿verdad? Pero flaco favor les ha hecho. Cuando sus camiones circulen por pistas sin mantenimiento por meses veremos qué tan cara les salió la gracia.

Sin embargo, lo más grave es lo que esta ley ha destruido. Casi 30 años de trabajo para atraer y consolidar inversión privada de gran magnitud que es la única que puede producir un adelanto social y reducir hoy las brechas en infraestructura en carreteras, puertos, aeropuertos, interconexión y generación eléctrica, agua y saneamiento, interconexión digital. Inversiones en las que el Estado y el sector privado peruano solo pueden participar en porcentajes menores dado que no tiene la posibilidad de realizar inversiones gigantescas. En un país en recesión, dentro de un mundo en recesión, la única ventaja que podíamos exhibir era la de ser un país serio, cumplidor de sus obligaciones internacionales, que ofrecía al mundo la garantía de una Constitución garante de la palabra empeñada.

Los cuatro embajadores representan el esfuerzo coordinado de cuatro cancillerías. Cuatro países en los que el Perú tiene relaciones bilaterales y multilaterales muy sólidas. Uno de ellos, limítrofe. ¿Qué creen que leen los demás Estados del mundo en esa carta? Aquí no viene un centavo más, cuando más lo necesitamos. La calificación de riesgo país va a caer (encareciendo el crédito internacional para todos) y, llevado a tribunales internacionales, el Estado peruano perderá hasta lo que no tiene. ¿Por qué? Porque un Estado que no respeta ni su propia Constitución, no respeta a nada y a nadie. Es, por tanto, un paria internacional. Ahí vamos.

Si hubiera justicia, los congresistas que votaron a favor de este engendro jurídico deberían ser solidariamente responsables con sus patrimonios personales por el inmenso daño causado que, a estas alturas, parece irreparable.

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