Decisión judicial ordena al gobierno de Trump reincorporar "inmediatamente" a empleados en periodo de prueba despedidos
El jueves 13 de marzo, el juez William Alsup ordenó la reincorporación de empleados en período de prueba despedidos por Donald Trump, representando un obstáculo para su estrategia de despidos masivos en su segundo mandato.
El juez federal, William Alsup, ordenó el jueves 13 de marzo que varias agencias gubernamentales reincorporen "inmediatamente" a los empleados en período de prueba que fueron despedidos como parte de una medida impulsada por el gobierno de Trump para reducir la fuerza laboral federal. La decisión aplica a los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro, aunque el magistrado dejó abierta la posibilidad de "extender la orden a otras entidades" en el futuro.
"El tribunal considera que la Oficina de Administración de Personal ordenó a todas las agencias despedir a los empleados en período de prueba, con excepción de los empleados de misión crítica", expresó rechazando los argumentos del Departamento de Justicia de que la OPM simplemente emitió "orientación" a las agencias que luego llevaron a los despidos.
TE RECOMENDAMOS
ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Durante su segundo mandato, Trump viene realizando despidos masivos
Desde el inicio de su segundo mandato en 2025, Trump llevó a cabo despidos masivos en agencias gubernamentales como parte de su estrategia de reducción del Estado. Entre las más afectadas está el Departamento de Educación, que eliminó más de 1,300 empleos, reduciendo su personal a la mitad, lo que podría afectar la gestión de préstamos estudiantiles. También, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sufrieron recortes significativos.
Los despidos fueron justificados como una medida para aumentar la eficiencia del gobierno, pero enfrentaron fuertes críticas de sindicatos y expertos que advierten sobre posibles impactos negativos en la administración pública. Especialmente, la eliminación de oficinas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión causó controversia. Mientras Trump defiende estas acciones como parte de su plan de reestructuración, algunos grupos iniciaron demandas para frenar los despidos y restablecer ciertos puestos.
Elon Musk propone eliminar agencias federales para mejorar la eficiencia gubernamental
Elon Musk, en su rol como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) bajo la administración del presidente Trump, propuso la eliminación de agencias federales para "reducir el gasto público y aumentar la eficiencia gubernamental". Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Musk enfatizó la necesidad de "medidas drásticas en lugar de simples reducciones", argumentando que si no se eliminan las raíces del problema, es fácil que este vuelva a surgir.
Asimismo, criticó el sistema actual de EE. UU., afirmando que da prioridad al "gobierno de la burocracia" sobre el gobierno del pueblo. Señaló que el exceso de regulaciones es una consecuencia inevitable de largos períodos de prosperidad, donde se acumulan más normas y reglamentos con el tiempo.
"Despidos en prueba afectan a jóvenes", advierte investigadora de la Institución Brookings
Los Angeles Times informó que Elaine Kamarck, investigadora principal de la Institución Brookings, advirtió que despedir a empleados en período de prueba es un "error", ya que afecta principalmente a los trabajadores más jóvenes. "Los Baby Boomers se están jubilando a diestra y siniestra, así que en realidad las personas que quieres mantener son probablemente la mayoría de las que están actualmente en periodo de prueba". "Son más jóvenes y supuestamente tienen mejores habilidades, y eso es lo que quieres", detalló.
La Casa Blanca informó que 75.000 personas se inscribieron en el programa de "renuncia diferida", una iniciativa impulsada por Trump para reducir la fuerza laboral. Este programa, descrito como un paquete de liquidación, ofrecía a los empleados un pago hasta el 30 de septiembre a cambio de su renuncia. Ante ello, un juez federal eliminó un obstáculo legal que impedía su implementación.
