Diputado venezolano pide protección y refugio para migrantes en América Latina

El diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) José Gregorio Correa pidió, el pasado domingo 25 de julio, refugio, atención y protección para los migrantes venezolanos que se encuentran en países de América.

“Los venezolanos que hoy están por sus tierras, están por circunstancias de la vida, la mayoría no porque quería, y no puede ser que en algunos países nos traten como que si fuésemos una cosa indeseable”, dijo el legislador a través de un comunicado de prensa.

Correa expresó preocupación por los migrantes que se encuentran en distintos países de América, especialmente en Perú, “ante las amenazas de posibles expulsiones a partir del 28 de julio”.

El parlamentario señaló que “el mejor regalo” que se le puede dar a Simón Bolívar, del cual se celebraron 238 años de su nacimiento el sábado 24 de julio, es darles protección a los venezolanos en el exterior, porque su sueño era “unir a toda América”

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 5,4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 para huir de “la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”.

A principios de febrero, el Gobierno de Colombia anunció que acogería legalmente a unos dos millones de venezolanos, regulares o irregulares, con un Estatuto de Protección Temporal que tendrá una vigencia de 10 años y que fue elogiado por la comunidad internacional.

El anuncio lo hizo el presidente colombiano, Iván Duque, en una declaración que dio junto al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, quien calificó la medida de “gesto histórico”.

“El anuncio de Colombia de otorgar protección temporal a los venezolanos que se encuentran en su territorio por un periodo de 10 años es un gesto humanitario emblemático para la región, inclusive para el mundo entero”, aseguró Grandi.

Mientras, el Gobierno de Chile anunció, el pasado 24 de abril, el inicio de un proceso de expulsiones, con el que busca deportar a unos 1.500 extranjeros durante 2021 en 15 vuelos distintos, amparándose en la nueva Ley de Migración que se promulgó dos semanas antes y que permite y facilita esta fórmula.

El primer vuelo partió con destino a Caracas para devolver a un grupo de 55 personas en situación de irregularidad migratoria, “a pesar de que muchas de esas personas no contaban con una orden judicial al efecto”, alertó Amnistía Internacional.

“Esto puede implicar una violación a las protecciones legales reconocidas por la Constitución de Chile”, agregó la organización, puesto que “los migrantes se vieron imposibilitadas de recurrir a la expulsión o solicitar amparo”.