Final. Con la requisitoria fiscal se inicia la última fase del proceso por la tortura, desaparición y muerte de 53 personas.,Tras seis años de juicio oral por las torturas, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos militares del cuartel Los Cabitos, de Huamanga, en 1983, la Fiscalía presentó sus últimos alegatos y la requisitoria final. La fiscal Luz del Carmen Ibáñez expuso los principales indicios y pruebas contra el alto mando de dicha instalación militar acusándolo de ser responsable en la modalidad de autoría mediata por dominio de organización de las violaciones de derechos humanos cometidas contra 53 personas en la lucha contra el terrorismo. PUEDES VER: Sobrevivientes de Los Cabitos murieron esperando justicia "No fueron hechos aislados, sino que se cometieron en un contexto de lesa humanidad. Es decir, en medio de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil", señaló ante la Sala Penal Nacional. Estuvieron presentes familiares de las víctimas, entre ellas, Angélica Mendoza de Ascarza, cuyo hijo Arquímedes fue detenido por efectivos militares en julio de 1983 y sigue desaparecido. También asistió Celsa Taco de Barrientos, cuyo hijo Luis Alberto fue sacado de su casa en setiembre de ese mismo año y sus restos fueron hallados en el terreno conocido como La Hoyada, que funcionaba como campo de tiro del personal militar. La representante del Ministerio Público recordó que los sobrevivientes dieron sus testimonios dando detalles sobre las torturas que sufrieron. "Se les colgaba con las manos amarradas hacia atrás y les jalaban los pies; o les aplicaban el llamado 'submarino', en piscinas o cilindros, donde los ingresaban de cabeza hasta casi ahogarlos; o el 'pollo a la brasa', que consistía en aplicarles electricidad", enumeró, entre otros métodos de tortura. Solo asistieron tres de los seis acusados que permanecen en el proceso. Dos están exonerados por enfermedad y uno es reo contumaz. Recordó que otros cuatro que estuvieron inicialmente han fallecido, entre ellos el general Clemente Noel, quien fue jefe político militar de Ayacucho en 1983. La fiscal explicó qué funciones tuvo cada uno de ellos y por qué no pueden negar los delitos por los que se les procesa, como el jefe del Destacamento de Inteligencia, Pedro Paz Avendaño, y Arturo Moreno Alcántara, que trabajó con él; el jefe del Batallón Los Cabitos, Humberto Orbegozo Talavera; el jefe de estado mayor administrativo, Roberto Saldaña.
