Nicolás Lynch La noche del domingo 30 de abril, en el programa Cuarto Poder se incluyeron los nombres e imágenes de Alberto Adrianzén y las mías, así como el contenido de una conversación telefónica que no evidenciaba ningún delito, en un reportaje donde se hablaba de terrorismo, narcotráfico, guerra sucia y compra de testigos. No es la primera vez que un medio vinculado al grupo El Comercio me calumnia, lo hizo ya el 2010 y el 2012. Me ha sorprendido, sin embargo, la hechura del reportaje. Juntan a dos personas de izquierda con un conjunto de implicados en delitos graves, algunos de lesa humanidad, con el objetivo claro de que por simple asociación todos terminemos en el mismo saco. Es decir, el pretendido preludio de nuestra liquidación política. ¿Cuál es la historia detrás del tinglado? Hacernos aparecer en algún esquema de financiamiento ilegal de la política. Pero, ¿qué pasó en realidad? En mi caso, como candidato al Congreso por Lima de Gana Perú, presenté cuentas a la ONPE de mis ingresos y gastos de la campaña personal por el voto preferencial. Además, absolví satisfactoriamente y en el plazo legal una observación que me hizo la misma ONPE por no haber declarado —no sabía que tenía que hacerlo ya que entendí que solo el partido debía consignarlo— un aporte de cinco mil soles que hice a la campaña del nacionalismo. Todo esto es información pública que tiene la autoridad electoral desde abril de 2011 y que el equipo de Cuarto Poder debió consultar. Lo que sucede es que la derecha está desesperada ante el vendaval de denuncias de corrupción. En pocas semanas, además, se harán públicas, por parte de la fiscalía brasileña, las delaciones premiadas hechas meses atrás por los directivos y funcionarios de Odebrecht. En este escenario se dan cuenta de que se les hunde la clase política y con ella muy probablemente el régimen que administran. Ante esa posibilidad están decidiendo a quién salvar y Alan García quisiera ser el “amigo elegido” de los poderes fácticos. La estrategia entonces sería terminar de enlodar a Ollanta Humala, que nunca tuvo dedos de organista, para salvar al elegido y con él supuestamente a esta democracia. Pero en este despliegue debe haber un daño colateral, como ha dicho un editorial de El Comercio el mismo domingo 30. Este “colateral” somos los izquierdistas que apoyamos el 2011 el programa de la Gran Transformación. La historia es harto conocida, Humala usó el programa y el apoyo para llegar al gobierno y luego se entregó a los poderes de siempre, siendo tildado por la izquierda como traidor. La derecha y sus medios ocultaron este viraje y han tratado de convertir la venalidad en virtud usando a Humala hasta donde fuera posible, pero denostando siempre de quienes tuvimos el coraje de levantar las justas banderas de la transformación. En este escenario, sin embargo, vuelve a tener extraordinaria actualidad la propuesta central que hemos planteado todos estos años: una nueva Constitución que nos lleve a un nueva República. Esta es la única manera de extirpar de raíz el cáncer de la corrupción y establecer una comunidad política que tenga como objetivo no el despojo sino el bienestar de los peruanos.
