Menores peruanos son reclutados por grupo armado colombiano en el Putumayo

Por: Pamela Huerta Bustamante

En un pequeño territorio al borde del río Putumayo, que hace las veces de frontera entre Perú y Colombia, se encuentra San Antonio del Estrecho, capital de la provincia a la que el río da nombre. Esta corriente no solo divide dos naciones, también conecta a comunidades indígenas y campesinas que comparten un mismo territorio dominado por los Comandos de la Frontera (CdF), un grupo armado cuyos líderes formaron parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Allí vive Klever*, quien tiene apenas 10 años y es conocido en su comunidad por sus habilidades con la pelota. Quiere ser futbolista profesional. Y aunque no ha terminado la primaria, su familia ya recibió una oferta. "Fueron unos colombianos que vienen de vez en cuando. Siempre que llegan juegan partido con él y toman su gaseosa. Ahí hablan y le dicen que en unos años podrá irse con ellos. Es como un trabajo, pero no sé", cuenta su padre, con una sonrisa que no logra ocultar el nerviosismo.

La oferta proviene de los CdF. En el río Putumayo los límites políticos o las nacionalidades no tienen significado. Y captar menores peruanos para las pugnas de este grupo armado en Colombia tampoco representa ninguna contradicción.

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Lo que ofrecen es difícil de rechazar en un territorio donde el 50% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha: alrededor de 600 dólares mensuales, días de descanso, uniformes y armas. La tasa de deserción escolar en primaria alcanza el 7,3% —más de cuatro veces el promedio nacional—, y el analfabetismo es de 7,2%, superando el 5,1% de la media nacional. Quien logra llegar a Iquitos a estudiar debe prepararse, según el dicho local, para "tener barriga de marrano": comer una vez al día.

"El reclutamiento se da en la medida en que el Estado no les da otra opción", explica el padre Fernando Flórez, un misionero católico que trabaja desde hace más de 15 años en la cuenca del Putumayo. En 2014 formó un grupo juvenil que, con el paso de los años, fue quedando con cada vez menos integrantes.

"Los hombres casi todos se fueron reclutados. Eran jóvenes tranquilos, normales", relata. Una vez, una madre le trajo a su hija para que la hiciera entrar en razón. La joven había decidido unirse a los CdF. Le decía a su madre que cuidara a su nieto, que ella le enviaría dinero. "Yo me voy, no encuentro más", dijo. La madre lloraba: "¿Y si mi hija se muere, padre?".

Según el derecho internacional, la adhesión de un menor a un grupo armado es siempre forzada, ya que un niño, niña o adolescente no tiene la madurez cognitiva para consentir válidamente su ingreso a una organización armada, y los factores de vulnerabilidad extrema —pobreza, ausencia de opciones, engaño— anulan cualquier noción de libre albedrío. La responsabilidad penal recae íntegramente sobre los adultos que reclutan.

El padre Flórez cuenta que, cada cierto tiempo, los CdF lo abordan cuando navega el río, y que en algunas ocasiones se ha encontrado con jóvenes que él mismo formó en la iglesia. Él dice que los enfrenta con amor, porque los sigue considerando su familia. Y cuando los interpela, la respuesta que suele recibir es que “no se pudo hacer más”.

El problema, sin embargo, no existe para el Estado peruano: no hay denuncias formales. Para esta investigación se consultó a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ninguna respondió hasta el cierre de esta edición. César Campos, alcalde del Putumayo, al ser consultado sobre el problema de reclutamiento en su provincia, señala: "Tengo una familia y también corre peligro mi vida". Luego añade que los puestos policiales "se caen a pedazos" y que la población no confía en que denunciar pueda protegerlos. "No tenemos una política de frontera seria que cuide a nuestros niños", finalizó.

La ausencia de denuncias produce un círculo difícil de romper: sin casos registrados, el fenómeno no aparece como prioridad estatal. El problema puede existir sin estadísticas. Y puede crecer precisamente porque no aparece en ellas.

El escenario se agravó en agosto de 2026. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, puso fin a los diálogos de paz y retomó los bombardeos contra grupos armados disidentes. En el departamento del Guaviare, operaciones recientes dejaron al menos 30 muertos, incluidos tres menores de edad. Para los menores reclutados por los CdF —incluidos los peruanos— el nuevo escenario es una amenaza concreta: atrapados en una organización que opera a ambos lados del río, en una guerra que se intensifica.

"Mientras la respuesta estatal a las necesidades básicas insatisfechas no sea una realidad, los territorios siguen en riesgo", advierte una fuente de la Defensoría del Pueblo del Putumayo colombiano. Habla de salud, educación, carreteras y acceso a servicios que todavía no llegan de manera suficiente a las comunidades y lanza la pregunta que nadie en el Perú parece dispuesto a responder: "¿Qué les está ofreciendo el Estado a los niños?".

En el Putumayo, la respuesta a esa pregunta puede determinar si un niño permanece en su comunidad, cruza el río para incorporarse a un grupo armado o termina atrapado en una guerra que se libra cada vez más cerca de su casa.

Una investigación realizada por Al Margen y Amazon Underworld

*El nombre fue cambiado por motivos de seguridad.