Defensa de escolar agredido pide incluir a los adultos que iban en bus del Liceo Naval

Pasaban las 11.00 p. m. del viernes cuando una minivan llegó a la puerta de Maranguita. Los seis adolescentes investigados por la presunta violencia sexual contra un compañero de 16 años descendieron uno por uno, escoltados por policías y personal judicial.

Una cadena humana de agentes policiales y representantes del Ministerio Público resguardó el ingreso mientras los menores, con el rostro cubierto y las manos esposadas, eran conducidos al centro juvenil. Algunos se cubrieron además con colchas o prendas para evitar ser reconocidos.

El personal del Tercer Juzgado de Familia presentó en la puerta la orden de internamiento y los seis fueron admitidos en el establecimiento. Minutos antes, el Poder Judicial había comunicado la decisión de imponerles cuatro meses de internamiento preventivo. No estuvieron sus familiares durante el ingreso. Los padres y otros parientes llegaron recién durante la mañana del sábado para consultar por el régimen de visitas. El acceso al centro juvenil no fue autorizado y se les informó sobre las restricciones correspondientes.

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Una vez dentro del centro juvenil, pasaron por una evaluación médica clínica, además de los certificados emitidos por Medicina Legal. También fueron derivados al módulo de acogida y aislamiento. Este periodo inicial permitirá realizar las evaluaciones correspondientes antes de definir el programa que seguirá cada uno durante el internamiento.

Seguirán bajo tutela del Pronacej

Luis Vega, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), informó que ‘‘ejecutará las medidas socioeducativas que determine el Poder Judicial’’ para los seis menores investigados. “Nosotros somos receptores y vamos a hacer cumplir lo que el juez dispone”, señaló. Los adolescentes fueron incorporados al Programa de Nivel 1 y serán evaluados por los equipos técnicos de los centros juveniles, conformados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados.

El director precisó que los resultados de la “evaluación integral y permanente” permitirán determinar si corresponde la permanencia de los menores en el programa asignado o su eventual traslado a otro centro juvenil. Vega también señaló que, si corresponde por su edad, continuarán sus estudios dentro del centro juvenil y recibirán las terapias psicológicas establecidas. El funcionario informó que ‘‘trabajará en su rehabilitación’’ y ‘‘no les otorgará un trato preferencial respecto de los demás jóvenes que cumplen medidas en estos centros’’. Las visitas estarán restringidas a familiares directos, quienes deberán acreditarse previamente y acudir en los horarios establecidos por el centro. El Pronacej explicó que los familiares directos tendrán dos visitas mensuales.

El primer encuentro está previsto para la primera semana de octubre. “Los trabajadores sociales, el equipo técnico, este lunes o martes deben estar comunicándose con la familia de los jóvenes que han llegado”, dijo Vega. Asimismo, explicó que la defensa legal de los adolescentes constituye un derecho y puede acudir al centro juvenil previa coordinación con la dirección. La institución también indicó que los investigados permanecerán bajo el sistema juvenil aun si alguno alcanza la mayoría de edad durante el cumplimiento de una eventual medida socioeducativa, de acuerdo con la normativa vigente. ‘‘No serán trasladados a un penal.

Actualmente, albergamos a 2.059 infractores’’, manifestó Vega. El director de la institución consideró necesaria una modificación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente: “Hoy tenemos jóvenes de 25, 26 y de 27 años con niños de 14 que deberían tener un tratamiento distinto en base a su nivel de riesgo”. Explicó que el Pronacej plantea que, en el futuro, aquellos jóvenes mayores de edad que presenten un nivel de riesgo alto y considerando la infracción cometida puedan ser trasladados a un penal, si la legislación es modificada.

Sanción “ejemplificadora”

El abogado de la familia del adolescente agraviado, Jorge Petrozzi, señaló que espera que, de establecerse responsabilidad, se imponga a los adolescentes la máxima medida de internamiento. “Los ocho años de condena, eso es lo que espero, no menos, eso es lo que debería ocurrir”, declaró. El defensor comparó esa eventual sanción con la que correspondería si los acusados fueran adultos.

“Si fueran mayores de edad, les correspondería entre treinta y treinta y cinco años. Después de eso viene la cadena perpetua”, sostuvo Petrozzi. Insistió en que su objetivo es establecer una consecuencia que sirva como precedente frente a hechos similares. “Tiene que ser una sanción ejemplificadora para que al que se le vuelva a ocurrir hacer algo así, le quede bien claro que se puede ir ocho años preso”, afirmó. El abogado también remarcó que no busca un trato vejatorio para los adolescentes durante un eventual internamiento: “Quiero justicia, porque eso es lo que la familia me ha pedido”.

Defensa pide acelerar procesos

Mientras los adolescentes permanecen en Maranguita, la defensa legal cuestionó el tiempo que podría tomar la investigación preparatoria. El abogado Petrozzi advirtió que esta etapa puede extenderse entre 60 y 90 días y ampliarse si el caso es declarado complejo. “Si se toman todo ese tiempo en la investigación, el día que venza ese plazo, ya se va a haber vencido también el plazo de los cuatro meses de internamiento’’, señaló. Por ello, pidió al Ministerio Público acelerar las diligencias para llegar a una eventual acusación y juicio.

“Como las evidencias son abrumadoras, el fiscal puede tomarse dos o tres semanas bien trabajadas y decir: ‘Nos vamos a juicio'”, afirmó. Incluso, sostuvo que una indagación más rápida permitiría llegar a una sentencia dentro de los cuatro meses. Asimismo, el abogado del escolar ha puesto el foco en la responsabilidad de los adultos que se encontraban en el bus durante el traslado del equipo deportivo, cuando ocurrieron los hechos. Jorge Petrozzi anunció que la próxima semana presentará una denuncia penal contra dos docentes que se encontraban en la unidad. Según explicó, la denuncia se sustentaría en las figuras de omisión de funciones y omisión de auxilio.

El abogado diferenció la situación del conductor, respecto de quien dijo no considerar, por ahora, que exista responsabilidad penal. “Nosotros no hemos tenido conocimiento hasta el momento ni de que el colegio ni la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, que es la que rige a los colegios, ni la Marina como tal haya tomado alguna acción legal contra estos”, sostuvo Petrozzi. El letrado recordó que la denuncia fue presentada por el padre del adolescente y cuestionó el primer comunicado del colegio, que calificó el hecho como una agresión física entre estudiantes. “Ese comunicado penoso que sacó el colegio indicando sobre las agresiones físicas sufridas por un alumno es una evidente intención de tapar el problema”, sostuvo.

La denuncia anunciada por la defensa deberá ser presentada y evaluada por el Ministerio Público. El Ministerio de Educación, por su parte, informó que solicitaría al Liceo Naval la nómina de docentes que estuvieron presentes durante el traslado para determinar eventuales responsabilidades. Mientras continúan las investigaciones, el Minedu también anunció la revisión de las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder. En 2025, hubo 45 denuncias por violencia sexual en el Liceo Naval Almirante Grau.

Investigación luego de revelar identidad

Milagros Leiva reveló en vivo la identidad del menor agredido. Tras ello, reconoció su error y pidió disculpas a la familia. El Ministerio Público anunció que inició investigación preliminar contra la periodista por el presunto delito de revelación indebida de identidad.

La revelación también provocó el rechazo del MIMP, que recordó la obligación de proteger la identidad de menores víctimas de violencia para evitar su exposición y revictimización. El Minjusdh advirtió que difundir información que permita identificar a un menor sin consentimiento puede generar responsabilidades y sanciones.