
El Ministerio de Educación (Minedu) asumirá de manera extraordinaria y temporal la conducción de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, luego del grave hecho de violencia ocurrido el 15 de setiembre contra un estudiante durante su traslado en un vehículo destinado al servicio educativo. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 016-2026-MINEDU.
La reorganización permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca garantizar la prestación del servicio educativo con énfasis en la protección integral de los estudiantes. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, mientras que el Ministerio Público realiza diligencias preliminares y la Defensoría del Pueblo supervisa las actuaciones relacionadas con la protección de los derechos de los escolares.
El decreto dispone que el Minedu conduzca la reorganización de la gestión educativa y la gobernanza institucional del colegio durante el periodo establecido. Para ello, la cartera realizará las acciones necesarias para designar de manera extraordinaria y temporal a un director responsable de este proceso, cuya función se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027.
La norma señala que esta medida responde a la necesidad de fortalecer temporalmente la conducción, supervisión y verificación del servicio educativo. Asimismo, toma en cuenta que el Liceo Naval es administrado por la Marina de Guerra del Perú, aunque se encuentra sujeto a las políticas nacionales y disposiciones técnico-educativas establecidas por el sector Educación.
Durante la reorganización, el Minedu, mediante sus instancias de gestión educativa descentralizada y en coordinación con el Ministerio de Defensa, deberá adoptar medidas para asegurar la protección integral de los estudiantes y la continuidad del servicio educativo. El decreto también contempla acompañamiento socioemocional para los escolares y la comunidad educativa.
Entre las disposiciones figuran acciones de prevención frente a actos de violencia, intimidación o represalia, además del objetivo de mantener la calidad educativa alcanzada por la institución. La norma establece que su aplicación será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.





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