
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) impulsa una propuesta para establecer sanciones penales en los casos más graves de servicios turísticos informales o ilegales que expongan la vida, salud o integridad de turistas y ciudadanos. La iniciativa fue incluida en el pedido de delegación de facultades legislativas presentado al Congreso de la República.
La propuesta plantea incorporar al Código Penal nuevos delitos relacionados con la prestación de servicios turísticos y el uso de determinados vehículos destinados al transporte de pasajeros. El planteamiento se conoce tras intervenciones realizadas en Cusco por actividades de guiado sin la acreditación requerida, en una región que concentra destinos como Machu Picchu y registra una importante afluencia de visitantes.
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El proyecto contempla crear el delito de “Producción de peligro en la prestación de servicio turístico”, dirigido a situaciones excepcionales cuya gravedad supere el ámbito de las infracciones administrativas. Según el Mincetur, la medida busca reforzar las herramientas de prevención y disuasión frente a operadores que desarrollen actividades sin cumplir las condiciones legales de habilitación, funcionamiento y seguridad.
La propuesta también incorpora un delito referido al ensamblado, comercialización y utilización, dentro del servicio público de transporte turístico, de vehículos tubulares construidos sobre el chasis de otro vehículo. El objetivo señalado por el sector es fortalecer el cumplimiento de las exigencias técnicas y de seguridad para evitar que pasajeros y tripulantes sean expuestos a unidades que no reúnan las condiciones establecidas.
La propuesta fue presentada un día después de que la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) de Cusco informara sobre la intervención de un ciudadano checo de 44 años que ofrecía servicios de guiado sin contar con la acreditación y documentación exigidas. El hecho ocurrió el lunes 14 de septiembre en el tramo Intihuatana-Hidroeléctrica, ruta amazónica hacia Machu Picchu.
Los fiscalizadores levantaron un acta y abrieron un Procedimiento Administrativo Sancionador contra la agencia de viajes que contrató al ciudadano extranjero. El caso fue comunicado además a Migraciones y a la Gerencia Regional de Trabajo. Dos semanas antes, Gercetur había intervenido en el mismo sector a una ciudadana de Uganda por ejercer aparentemente de manera irregular como guía de turismo.
El Mincetur precisó que la eventual incorporación de estos delitos al Código Penal no eliminará los mecanismos administrativos vigentes para la formalización, orientación, supervisión, fiscalización y sanción de los operadores turísticos. La vía penal se aplicaría a situaciones excepcionales en las que la conducta y el riesgo generado superen ese ámbito.





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