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Sociedad

Caen Los Injertos del Tren: Fiscalía intervino a 12 presuntos extorsionadores de transportistas en San Juan de Lurigancho

La intervención, que incluyó el allanamiento de 13 inmuebles en Lima, Cusco y Ucayali, busca determinar el grado de involucramiento de los detenidos en la red de extorsión.

Fiscalía señala que la organización criminal primero atacaba a sus víctimas para luego ofrecerles "seguridad"
Fiscalía señala que la organización criminal primero atacaba a sus víctimas para luego ofrecerles "seguridad"

La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo contra la presunta organización criminal Los injertos del tren, señalada de extorsionar a empresas de transporte público en distintos sectores de Lima. La intervención permitió la detención preliminar de 12 personas, de acuerdo con información del Ministerio Público, además del allanamiento de 13 inmuebles ubicados en Lima, Cusco y Ucayali.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Segundo Equipo) obtuvo la medida judicial como parte de una investigación que busca establecer el grado de participación de cada uno de los investigados en una presunta red dedicada al cobro de cupos a empresas de transporte.

Las diligencias se realizaron en la noche del jueves 10 de septiembre y comprendieron los distritos de San Juan de Lurigancho, San Antonio de Huarochirí, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Santa Anita y zonas de la Provincia Constitucional del Callao, además de intervenciones en Cusco y Pucallpa.

Según las pesquisas fiscales, el presunto líder de la organización criminal se encontraría en la zona de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, desde donde habría dirigido las acciones de extorsión contra empresas de transporte. La organización habría iniciado sus operaciones en 2024 y utilizaba como argumento el supuesto ofrecimiento de seguridad a sus víctimas.

Atacaban primero y luego ofrecían “protección”

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, explicó que la organización habría desarrollado un particular modus operandi para someter a las empresas de transporte.

De acuerdo con el fiscal, los integrantes de la presunta red primero perpetraban un atentado contra una empresa. Posteriormente, acudían ante sus representantes para ofrecerles protección a cambio de pagos periódicos.

Los injertos del tren habrían hecho creer a sus víctimas que contaban con capacidad para garantizar que sus unidades y trabajadores no fueran atacados. Sin embargo, según la hipótesis fiscal, cuando alguna empresa dejaba de pagar, los propios miembros de la organización volvían a atentar contra ella.

Una de las empresas que habría sido víctima de esta modalidad es Santa Catalina. Otras compañías también estarían comprendidas en las pesquisas, aunque sus nombres se mantienen en reserva por razones de seguridad.

La investigación se inició en marzo del 2026 a partir de información proporcionada por transportistas de Lima Este, Lima Sur —incluidos Villa María del Triunfo y Villa El Salvador— y Lima Norte. Las denuncias advertían sobre el envío de mensajes extorsivos en los que se exigían pagos de dinero bajo amenazas de violencia.

La Policía también identificó cuentas bancarias y números utilizados mediante billeteras digitales como Yape y Plin que, presuntamente, servían para recibir los pagos exigidos a las víctimas.

Celulares, tarjetas y un vehículo fueron incautados

Durante el operativo, los agentes de la División de Investigación de Delitos contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DIVIDT) y de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) incautaron 14 equipos celulares, ocho tarjetas de distintas entidades bancarias, 2 tablets, un USB y un vehículo. También se halló marihuana durante las diligencias.

La documentación policial señala que los investigadores realizaron acciones de inteligencia para identificar a los presuntos integrantes de Los injertos del tren. Con esa información, se solicitó la medida judicial que finalmente fue autorizada mediante la Resolución Judicial N.° 3, emitida el 2 de septiembre de 2026 por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Como parte de las diligencias, también se dispuso el allanamiento del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro y de la empresa de transporte terrestre Santa Catalina, además de otros inmuebles vinculados a la investigación.

Un requisitoriado fue encontrado durante el operativo

Los intervenidos fueron identificados como Martín Germán Cárdenas Morales, Ángel Martín Cárdenas Silva, David Alejandro Espinoza Ruiz, Raysibeth Yoherling Ferrer Blanco, Santiago Callupe Rosas, Yajaira Fairus Hurtado Quecaño, Iarley Joselito Guevara Abanto, Alexander Dayron Pashanaste Samanez, Manuel Ernesto Roque Quispe, Sheyla Elisa Huamán Huamán y Johnny Orcon Patilla.

Sin embargo, durante la intervención de Sheyla Huamán también fue encontrado Jorge Gerardo Quintero Hurtado, ciudadano venezolano que registra una requisitoria por el presunto delito de extorsión. Esta intervención explicaría la diferencia entre el reporte policial inicial de 11 detenidos y la cifra de 11 investigados comunicada por el Ministerio Público.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar si los intervenidos forman parte de la estructura de Los injertos del tren y cuál habría sido la función específica de cada uno dentro de la presunta organización criminal.

Fiscalía pide denunciar las extorsiones

Jorge Chávez Cotrina exhortó a las personas y empresas que sean víctimas de extorsión a acudir a las fiscalías especializadas contra el crimen organizado.

El fiscal recordó que las víctimas pueden solicitar mecanismos de protección para evitar que su identidad y domicilio sean expuestos durante la investigación.

“Nosotros tenemos disposición de nuestro fiscal de la Nación de otorgarles un código de reserva, a fin de que no sean identificados y tampoco sea identificado el domicilio de estas personas”, señaló.

El Ministerio Público indicó que las diligencias forman parte de las acciones destinadas a desarticular organizaciones dedicadas a la extorsión y establecer la responsabilidad penal de los investigados.

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