El borrador del pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori reabrió la controversia sobre el futuro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), especialmente de aquellas que cuentan con ecosistemas marinos. La propuesta plantearía revisar las restricciones aplicadas a actividades productivas dentro de estos espacios, una disposición que genera preocupación por sus posibles efectos sobre zonas como la Reserva Nacional de Paracas, en Ica.
El punto 2.5 del documento, referido a Desarrollo Productivo e Innovación, propone armonizar las normas ambientales con el desarrollo de actividades productivas y revisar las restricciones impuestas a empresas dentro de áreas protegidas. Además, establece que estas limitaciones deberán sustentarse en "evidencia científica objetiva" para mantener su aplicación.
El proyecto ha generado cuestionamientos entre organizaciones ambientales, especialistas y pescadores artesanales, debido a que podría abrir la puerta a modificaciones en las reglas que actualmente restringen determinadas actividades extractivas dentro de espacios protegidos.
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El debate ocurre pocos meses después de que la Corte Suprema ratificara la prohibición de la pesca industrial dentro de las Áreas Naturales Protegidas. En enero de 2026, el máximo tribunal declaró infundada una demanda presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería, que cuestionaba las restricciones para la actividad industrial en estas zonas.
La decisión se convirtió en un antecedente judicial para la protección de los espacios marinos y fue respaldada por organizaciones ambientales y pescadores artesanales, quienes sostienen que el ingreso de grandes embarcaciones podría afectar los recursos de los que dependen las comunidades costeras.
Tras la sentencia, en el Congreso también avanzó un dictamen que buscaba establecer de manera expresa, mediante una ley, la prohibición de la pesca industrial dentro de áreas marinas protegidas. Sin embargo, la iniciativa quedó pendiente de debate en el Pleno antes del cierre de la legislatura.
La Reserva Nacional de Paracas, creada en 1975, cuenta con un régimen especial de protección y restricciones para determinadas actividades pesqueras. Su situación vuelve a cobrar relevancia ante la posibilidad de que el Ejecutivo reciba facultades para modificar normas vinculadas con actividades productivas y conservación ambiental.
La controversia también alcanza a otros espacios marinos protegidos, como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Dorsal de Nasca, que cuentan con regulaciones específicas y han sido escenario de discusiones sobre la compatibilidad entre conservación y actividades pesqueras.
Para los sectores críticos de la propuesta, cualquier modificación debe considerar no solo la actividad económica, sino también la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.
La discusión se desarrolla, además, en un contexto de preocupación por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero 2026. El calentamiento anómalo del mar puede modificar la distribución de especies marinas, entre ellas la anchoveta, y generar cambios en los ecosistemas.
Especialistas advierten que estas alteraciones climáticas aumentan la presión sobre la biodiversidad marina y sobre las comunidades que dependen de la pesca. Por ello, consideran que cualquier modificación del régimen de protección de las áreas naturales debe sustentarse en criterios técnicos y científicos que garanticen la conservación de estos espacios.
Por ahora, la presentación de la versión final del pedido de facultades legislativas permanece pendiente para su posterior evaluación en el Congreso. Su eventual aprobación podría reabrir la discusión sobre el alcance de las restricciones para actividades productivas dentro de las áreas naturales protegidas y, particularmente, sobre el futuro de la pesca industrial en zonas marinas como Paracas.





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