
Un nuevo hecho de violencia golpea al sector transporte. Eugenio Odilón Benites Tacanga, de 69 años y gerente de la empresa de transporte Corazón de Jesús de San Diego, fue asesinado a balazos la noche del miércoles 5 de agosto en el distrito de Los Olivos. Su esposa, quien lo acompañaba al momento del ataque, resultó herida y fue trasladada a un centro de salud.
El crimen ocurrió en la intersección de las avenidas 2 de Octubre y Alfredo Mendiola, donde sujetos armados interceptaron la camioneta de la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones.
De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, los atacantes realizaron hasta 11 disparos contra el vehículo. Benites Tacanga recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar, mientras permanecía al volante.
Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para recoger casquillos de bala y otras evidencias que permitan identificar a los responsables. En tanto, la esposa del gerente fue auxiliada por personal de emergencia y permanece bajo atención médica.
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Las diligencias realizadas por la Depincri apuntan a que el asesinato estaría relacionado con un presunto caso de extorsión contra la empresa de transporte.
Familiares de la víctima exigieron que el crimen sea esclarecido cuanto antes y pidieron la captura de los autores materiales e intelectuales del ataque. La cuñada del fallecido confirmó que Benites Tacanga era el gerente de la empresa y solicitó justicia.
Asimismo, trabajadores y representantes del gremio de transporte expresaron su preocupación por el incremento de la violencia y demandaron mayores medidas de seguridad para proteger a conductores y personal administrativo.
La empresa Corazón de Jesús de San Diego, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y San Miguel, ya había sido víctima de ataques relacionados con extorsiones.
En septiembre de 2024, delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el paradero final de la compañía, ubicado en San Martín de Porres. En ese atentado, tres unidades de transporte fueron baleadas con el objetivo de intimidar a los trabajadores.
Según denunciaron entonces los conductores, los extorsionadores exigían el pago de S/250.000 para permitirles continuar operando. Aunque en ese ataque no hubo víctimas mortales, casi dos años después la violencia escaló con el asesinato del gerente de la empresa.
La Depincri mantiene a cargo las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los sicarios que participaron en la emboscada. Mientras avanzan las pericias, el sector transporte vuelve a denunciar que las extorsiones y ataques armados continúan afectando a empresas y trabajadores, quienes reclaman una respuesta más efectiva de las autoridades frente al avance de la criminalidad.
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