“Paquetazo ambiental”: facultades de Keiko Fujimori abren alerta por retrocesos en protección ambiental y derechos indígenas

El borrador del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo de Keiko Fujimori prepara para enviar al Congreso encendió las alarmas entre especialistas ambientales. Entre otros temas, la propuesta plantea cambios que, bajo el argumento de destrabar inversiones, podrían reducir controles, flexibilizar evaluaciones y debilitar salvaguardas para áreas naturales protegidas, territorios indígenas y ecosistemas estratégicos.

Aunque el documento aún no es definitivo y podría modificarse antes de llegar al Parlamento, el capítulo ambiental propone otorgar al Ejecutivo facultades para modificar reglas sobre certificación ambiental, reducir plazos, simplificar procedimientos, aplicar el silencio administrativo positivo y revisar las restricciones para actividades económicas dentro de áreas naturales protegidas.

Para los especialistas consultados por La República, el riesgo es que estas medidas repitan una tendencia de flexibilización iniciada en años anteriores y que termine priorizando la rapidez de los proyectos sobre la prevención de impactos ambientales. José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, sostiene que la propuesta no plantea un verdadero equilibrio entre inversión y protección ambiental. “Inclina la balanza para que supuestamente las inversiones fluyan”, afirmó.

Según explicó, desde 2013 distintos gobiernos han impulsado cambios bajo el argumento de combatir la “permisología”, pero estas reformas terminaron debilitando estándares ambientales y sociales. “El discurso se mantiene y la gran pregunta es hasta dónde se va a seguir desregulando en materia ambiental”, señaló.

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Silencio administrativo: el punto más cuestionado

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la posibilidad de aplicar el silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales. Esta figura permitiría que, ante la falta de respuesta de la autoridad dentro de un plazo establecido, determinadas solicitudes puedan considerarse aprobadas.

Para el abogado ambientalista Richard O'Diana, trasladar esta herramienta al ámbito ambiental implica un riesgo porque podría favorecer actividades económicas sin que exista una evaluación suficiente de sus impactos. “El silencio administrativo es una figura válida para simplificar procedimientos, pero en materia ambiental tiene otro cariz porque busca proteger un bien común, que es el medio ambiente”, explicó.

De Echave advirtió que, según una de las versiones del borrador revisadas, esta figura podría alcanzar instrumentos de gestión ambiental vinculados con proyectos ubicados en áreas naturales protegidas, territorios indígenas o zonas con restos arqueológicos. “Eso es realmente un despropósito y además nos aleja de las recomendaciones de la OCDE”, afirmó.

Áreas protegidas bajo amenaza de flexibilización

Otro punto observado por los especialistas es la modificación de las reglas para actividades dentro de áreas naturales protegidas. El borrador plantea que las restricciones deberán sustentarse en “evidencia científica objetiva y clara”.

Para O'Diana, esta formulación podría alterar el enfoque del derecho ambiental al exigir un nivel de certeza que no corresponde con el principio precautorio, que permite actuar frente a posibles daños antes de que sean irreversibles. “Si no hay información clara, se va a privilegiar la actividad privada cuando en el derecho ambiental existe el principio precautorio”, sostuvo.

De Echave cuestionó que se busque flexibilizar mecanismos creados justamente para preservar ecosistemas estratégicos. “Es flexibilizar al máximo los mecanismos que existían para proteger precisamente estos ecosistemas”, afirmó.

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Pueblos indígenas: riesgo para participación y consulta

Aunque el borrador no modifica expresamente la Ley de Consulta Previa, especialistas alertan que la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos podría afectar la participación de comunidades en proyectos extractivos desarrollados sobre sus territorios.

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó que temas de esta relevancia sean regulados mediante una delegación de facultades. “La delegación de facultades tiene carácter excepcional. Las normas que nos van a regir deben debatirse públicamente”, señaló.

El abogado explicó que muchas actividades mineras, petroleras y gasíferas se desarrollan en territorios indígenas y que los estudios de impacto ambiental requieren evaluaciones complejas que no pueden reducirse únicamente por razones de rapidez. O'Diana añadió que, aunque la consulta previa no está siendo modificada directamente, una reducción de tiempos podría afectar otros mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas vinculadas a estudios ambientales.

Más conflictos en territorios vulnerables

Los especialistas advierten que una menor protección ambiental podría traducirse en mayor conflictividad en zonas donde ya existen tensiones por actividades extractivas.

De Echave recordó que más de la mitad de los conflictos sociales identificados por la Defensoría del Pueblo corresponden a conflictos socioambientales y alertó que una menor protección de territorios y derechos indígenas podría aumentar las tensiones. “Una desprotección de los territorios, de los derechos de los pueblos indígenas y orientada a que los proyectos de inversión se agilicen va a provocar una situación de tensión social en muchos territorios”, afirmó.

O'Diana cuestionó que la reducción de controles sea presentada como una solución para destrabar inversiones. A su juicio, el problema no está únicamente en los permisos, sino en la falta de mejoras en mecanismos de participación, planificación y relación con las comunidades.

El pedido de facultades todavía puede cambiar antes de su presentación al Congreso. Sin embargo, para los especialistas, el debate ya está planteado: si el Ejecutivo avanzará hacia una nueva etapa de flexibilización ambiental o si fortalecerá una institucionalidad que, advierten, viene debilitándose desde hace más de una década.