
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la noche de este 6 de marzo que Adrián Villar, quien atropelló y provocó el deceso de Lizeth Marzano, será recluido en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.
La decisión se adopta luego de que el Poder Judicial impusiera contra el joven de 21 años nueve meses de prisión preventiva, mientras se llevan a cabo las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, a raíz del atropello a la deportista nacional el 17 de febrero en el distrito de San Isidro.
El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, dictó el 4 de marzo la medida restrictiva luego de acoger el requerimiento del Ministerio Público.
Tras ello, el imputado fue trasladado a la carceleta del INPE ubicada en el penal Ancón II, a la espera de que la junta clasificatoria de esta entidad lo derive a un centro de reclusión en la capital, lo que finalmente ocurrió en horas de la noche de este viernes.
El magistrado Farfán sustentó su veredicto en la existencia de peligro de fuga, la posibilidad de que la eventual condena supere los cinco años de pena privativa de la libertad y la falta de arraigo laboral y familiar de Villar, lo que —según explicó— no garantiza su permanencia durante el desarrollo de las indagaciones.
Asimismo, detalló que el implicado cuenta con los recursos para salir del Perú, como anteriormente lo hizo a otros países, y consideró que una medida menor como el impedimiento de salida al exterior no garantizaría que, ante una posible sentencia condenatoria, el joven no intente escapar.
Tras conocer el fallo que dispone la privación de libertad de Villar, el abogado César Pérez Escobar, integrante de su defensa, anunció que ingresaron el pedido formal de apelación. "Ya se apeló y lo que corresponde ahora es fundamentar el recurso", indicó en declaraciones a la prensa.
El letrado adelantó que uno de los argumentos que cuestionarán será la falta de arraigo familiar. En su opinión, el hecho de que los padres de su patrocionado sean separados y vivan en inmuebles diferentes no puede ser una razón para que la justicia desacredite este extremo.
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