Condenan a sujeto por racismo al no querer ser atendido por médico por su "color de piel" en Tarapoto: es la primera sentencia en la región

Una sentencia histórica contra la discriminación racial fue emitida en la región San Martín. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto condenó a Jesús Gonzales a dos años de pena privativa de libertad —convertida en 104 jornadas de servicios comunitarios— por agredir verbalmente a un médico del Hospital MINSA de Tarapoto con expresiones racistas, además de imponerle el pago de S/ 1.000 como reparación civil.

El fallo, considerado el primero por este delito en la región, fue resultado de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de San Martín.

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¿Cómo ocurrió el incidente en Tarapoto?

El caso se remonta al 4 de agosto de 2025, cuando el sentenciado rechazó de forma violenta ser atendido por el galeno debido al color de su piel, pese a haber recibido atención previa de otros profesionales. Durante el incidente, el acusado profirió insultos de carácter racial que atentaron contra la dignidad humana, el derecho a la igualdad y el libre ejercicio de la profesión médica de la víctima, configurando el delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación.

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La fiscal adjunta provincial Gabriela Carmina Goñi Balarezo explicó que la condena se logró mediante la conclusión anticipada del juicio oral, un mecanismo que permitió una respuesta penal rápida y eficaz frente a un acto que no debe ser tolerado ni normalizado en la sociedad.

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¿A cuántos años de cárcel te pueden condenar en Perú por racismo, según el Código Penal?

Según el artículo 323 del Código Penal, una persona que comete actos discriminatorios por motivos raciales, étnicos u otros puede ser condenada a una pena de prisión de entre 2 y 3 años, además de posibles servicios comunitarios como sanción alternativa.

La pena puede aumentar hasta 4 años de cárcel si existen agravantes, como el uso de violencia, la difusión del acto por internet o si el responsable es un funcionario público, caso en el cual también puede aplicarse inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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