Asalto dentro del mall de San Juan de Lurigancho: cámaras registran como mujer arrebata celular a clienta

Las cámaras de seguridad de una tienda ubicada en el mall de San Juan de Lurigancho registraron el momento exacto en que una mujer sustrae el teléfono móvil de una clienta que revisaba productos en los estantes.

En las imágenes se observa a la sospechosa acercarse por detrás de la víctima y, en cuestión de segundos, tomar el dispositivo y ocultarlo entre sus prendas sin que la agraviada lo advirtiera.

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La víctima solo notó la ausencia de su teléfono cuando la presunta ladrona se colocó a su costado. En ese momento, la mujer le pregunta si tenía el aparato consigo, solicitándole incluso revisar sus pertenencias. No obstante, en medio del alboroto, la sospechosa huye del lugar sin mayor explicación.

Este método, en el que el responsable del hurto simula colaborar en la búsqueda del objeto sustraído, genera confusión en la víctima y dificulta la reacción inmediata ante el delito. Hasta el momento, las autoridades no han informado si la presunta autora del robo fue identificada o detenida.

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¿Cuál es la pena por hurto simple en Perú?

De acuerdo con el Código Penal, un hecho como el descrito, la sustracción de un teléfono celular sin empleo de violencia o intimidación, se enmarca en el delito de hurto simple, regulado en el artículo 185. Esta figura establece una pena de hasta tres años de prisión, que puede variar según los antecedentes del implicado y las circunstancias del caso.

El delito solo se configura como hurto agravado cuando concurren factores específicos, como actuar en banda, emplear una destreza inusual, sustraer bienes de especial valor o aprovechar situaciones de emergencia. En esos supuestos, las penas pueden oscilar entre cuatro y ocho años, e incluso llegar hasta doce años en las modalidades más graves.

En ausencia de tales circunstancias —y tratándose únicamente de la sustracción de un celular dentro de un establecimiento comercial— la sanción prevista corresponde al hurto simple, cuya pena máxima es de tres años de privación de libertad.

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