Pueblo de Cañete exige justicia por el secuestro y abuso de una escolar

Con crucifijos, estampitas, globos y carteles con mensajes “no a la violencia contra menores” y “que el peso de la ley caiga sobre quien robó la paz y la inocencia”, cientos de personas marcharon hasta San Vicente de Cañete para exigir justicia para una escolar que fue secuestrada y ultrajada cuando se dirigía al colegio.

“Pedimos juicio justo, que no liberen al responsable de este delito atroz”, pidió la madre de la víctima que vive un verdadero calvario.

La manifestación se llevó a cabo por las principales calles hasta la principal dependencia policial de esa provincia ubicada al sur de Lima.

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Indignadas madres de familia, profesoras, vecinas, comerciantes e incluso hombres, mostraron su repudio ante la violencia machista, y denunciaron la falta de políticas públicas que protejan a las niñas, adolescente y adultas. Además, trasmitieron el derecho de todas las mujeres a “vivir libres” de toda agresión.

Los hechos se registraron el viernes 22 de agosto, cuando una escolar de 15 años salió de su casa ubicada en el centro poblado Pueblo Nuevo de Conta (Nuevo Imperial) con destino a San Vicente, y en el trayecto se subió al vehículo, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo al testimonio de un familiar, abordó el colectivo informal en la esquina de un parque, y el conductor habría desviado la ruta para cometer un delito y luego abandonar, maniatada, a la menor en Herbay Bajo.

Gracias a la rápida acción de una vecina, la menor fue auxiliada y se dio aviso a las autoridades. La familia logró acceder a las cámaras de videovigilancia, identificando el vehículo involucrado. La Policía Nacional detuvo al presunto agresor.

El titular de esa unidad de transporte ha sido identificado como C.S.Z., quien permanece en la comisaría. La menor lo habría reconocido dentro de la dependencia policial.

La comunidad educativa de la IE 20188, padres, directivos y docentes también se apersonaron hasta la dependencia policial exigiendo celeridad en este caso, pues temen que el presunto responsable sea liberado.

Por eso, este domingo 24 de agosto, las protestas se extendieron en busca de justicia toda vez los familiares de la menor habrían recibido la información que el presunto autor sería dejado en libertad al no existir elementos de flagrancia.

"Pedimos justicia para este hecho aberrante y le pedimos a la fiscalía encargada del caso que actúe con celeridad y esté a la altura", pidió una indignada madre de familia.

INVESTIGACIÓN Y CONDENAS

Según la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, fiscal superior Jacqueline Pérez Castañeda, el Ministerio Público ha logrado 7.704 sentencias, de las cuales 6.750 son condenatorias, lo que representa un 87.6 % del total, entre enero a julio de 2025 por delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

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Es decir, ocho de cada diez casos son condenas. "Esto confirma que el sistema especializado funciona, que no solamente investigamos, sino que obtenemos justicia real para las víctimas. Investigamos con enfoque, litigamos y transformamos las denuncias en sentencias", señaló la fiscal superior Jacqueline Pérez. En detalle, al mes se consiguió de 964 condenas y 32 sentencias diarias, lo que evidencia una respuesta del Ministerio Público contra el agresor, pero con protección a la víctima. "Es un mensaje de que no hay espacio para la impunidad en los casos de violencia de género. Las víctimas no están solas, las escuchamos y actuamos", subrayó.

Respecto a delitos contra la libertad sexual se obtuvo 1.362 sentencias. Además, 663 sentencias en casos de delitos sexuales en agravio de menores de edad: 381 sentencias por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos; 278 por violación sexual de menor de edad; y cuatro por violación sexual de menor de edad seguida de muerte.