El futuro de la reforma universitaria ahora está en manos del Tribunal Constitucional (TC). Para mañana se tiene programada la audiencia pública en la que seis magistrados escucharán a las partes involucradas en la demanda de inconstitucionalidad presentada por 33 congresistas contra la ley que debilita a la Sunedu, norma que ellos mismos promovieron y aprobaron.
Dicha acción, impulsada por Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Renovación Popular, es más bien -alerta la Sunedu- una maniobra con la que los legisladores tienen la intención de perder. De esta forma, la denominada contrarreforma pasaría a ser constitucional y, por lo tanto, entraría en vigencia.
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Para este viernes, los parlamentarios demandantes estarán representados por José Carlos García, según el registro de las audiencias. En tanto, como demandados figuran el mismo Congreso y el Poder Ejecutivo, que participará con la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional.
A solicitud de esta última, la Sunedu intervendrá en el proceso en calidad de “partícipe”, por lo cual se podrá requerir su opinión, mas “no puede plantear nulidades, excepciones ni pedidos de abstención de magistrados”, de acuerdo a lo que resolvió el TC el 24 de noviembre último.
En la audiencia participarán los magistrados Francisco Morales (presidente), Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa. No votará Augusto Ferrero por estar con licencia.
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Para que prospere la acción de inconstitucionalidad, se requieren cinco votos de los seis magistrados, quienes han sido elegidos por el actual Congreso y que admitieron en menos de una semana la demanda. Si no se llega a esa cifra, se presume la constitucionalidad de la ley.
Para esta sesión sobre la Ley n.° 31520, que permite el ingreso de representantes de rectores a la Sunedu, se espera que el demandante y demandado expongan sus alegatos y luego los magistrados realicen preguntas. Tras ello, corre el plazo para que el Pleno tome una decisión.
La superintendencia subraya que el Poder Judicial ya ha declarado en suspenso la aplicación de esta norma. “Se ha fijado para marzo de 2023 una audiencia en la cual el procurador del Congreso, Sunedu y los litisconsortes presentarán sus argumentos y ahí recién se debería definir”, sostiene el superintendente Oswaldo Zegarra, quien califica la acción ante el TC de “inusual, insólita y hasta cierto punto absurda”.
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Ante ello, invoca al Tribunal Constitucional a que tome en cuenta el accionar del Parlamento y que, además, tenga independencia de criterio para tomar las decisiones que correspondan en beneficio de la educación de los universitarios. “Es un tema complejo que atenta contra la reforma, en la cual ellos comenzarían a tener cierto nivel de participación al no declararla inconstitucional”.
El exmagistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña recuerda que hay hasta tres sentencias previas de dicho órgano que justifican la existencia de una superintendencia. No obstante, considera que será difícil que se consigan los cinco votos de seis para declarar la inconstitucionalidad.
Si eso pasa, dicha decisión se verá reflejada en la actuación de los jueces que siguen el caso.
“El TC tendrá que votar, pero deberá aclarar en su voto los alcances del mismo. Si no, hay posibilidad de la utilización de la sentencia por las partes, no para resolver el conflicto en términos constitucionales, sino en términos políticos”, concluyó.
Oswaldo Zegarra, Titular de la Sunedu
“Si el TC se presta -espero que no sea así- a esta maniobra del Congreso, la Sunedu tendrá que acatar la decisión. Será el fin de la reforma, la captura de su consejo directivo y cambiarían las reglas de juego”.
Eloy Espinosa-Saldaña, Exmagistrado del TC: “Hay un reto importante. No tengo conocimiento de un caso similar en los años de existencia del TC. Habrá que ir con cuidado si la intención de quien demanda es hacerlo para perder, como se insinúa”.