La Contraloría General de la República detectó un perjuicio de S/ 621.320 en el mejoramiento de la vía departamental Puente Positos (kilométro 9,2 del distrito de Túcume)-ciudad de Mórrope (intersección con la carretera Panamericana Norte), el cual contó con una inversión de S/ 30 655 698. La entidad identificó responsabilidad penal, civil y administrativa en 9 funcionarios de la gestión del exgobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña.
En el marco del megaoperativo anticorrupción, la entidad emitió el Informe de Auditoría 047-2021, que evidencia irregularidades en el procedimiento de selección 08-2017. Además, tras la adjudicación de la buena pro al Consorcio Vial Lambayeque, se ejecutó el contrato de obra 04-2018, pero sin contar con el saneamiento físico y legal de los terrenos privados que serían afectados, lo que ocasionó cinco ampliaciones de plazo y el pago de reconocimiento de gastos generales por S/ 213 127.
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En ese sentido, mencionó que la entidad regional, al no haber suscrito ningún acuerdo o convenio institucional con la Municipalidad Distrital de Mórrope que garantice el oportuno saneamiento del terreno, realizó el trámite de expropiaciones con particulares.
También se generó un perjuicio de S/ 356 465 por gastos generales, específicamente en el pago de mayores metrados en algunas subpartidas valorizadas durante la obra en un 105,18% y 104,32%.
Asimismo, se pagó saldos que no fueron valorizados a favor del consorcio ejecutor durante la liquidación de la obra.
La Contraloría dispuso que la Procuraduría Pública inicie las acciones civiles y penales. Foto: Contraloría
Los auditores indicaron que existe un perjuicio de S/ 51 727 debido a la falta de cobro de una penalidad por retraso injustificado. Esta fue impuesta por haber concluido los trabajos un día después del plazo contractual. Pese a esta situación, los funcionarios y servidores aprobaron la liquidación de obra.
El equipo de control también constató que los trabajos se ejecutaron sin presencia permanente del supervisor o inspector, ya que el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) prescindió de la supervisión y designó inspectores sin apoyo técnico ni logístico.
Luego de identificar responsabilidad penal, civil y administrativa, la Contraloría dispuso que la Procuraduría Pública inicie acciones legales contra el exgerente regional de Infraestructura, Fidel Ortiz; José Cadena, exdirector de Supervisión y Liquidación; Fredy Marín, exlocador de la Dirección de Liquidación y Supervisión; y Jarlley Jave, presidente del comité de selección.
En la lista se consigna a Randy Vegas, exdirector de Estudios y Asistencia Técnica; Pedro Castro, exintegrante del comité especial; José Chinguel, exdirector de Supervisión y Liquidación; y Yosip Mejía, exadministrador.