Familiares de Inti y Bryan piden al Congreso aprobar antejuicio a Manuel Merino

Un conmovedor pedido contra la impunidad hizo al Parlamento el padre de Bryan Pintado, uno de los jóvenes que perdieron la vida en las manifestaciones del 14 de noviembre del año pasado. Solicitó a los congresistas autorizar la denuncia constitucional para Manuel Merino y los exministros Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez.

“Cuando hable acerca de nuestros hijos, de los heridos y los fallecidos, no diga que están exagerando”, exhortó Óscar Pintado a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien hace tres semanas, en una entrevista, calificó de exagerada la denuncia presentada contra Merino por la fiscal de la Nación.

“Dos chicos que han fallecido, no es cualquier cosa... Una exageración es terruquear a los chicos porque salen a las protestas”, refirió, invitándola a ir a la puerta del cementerio donde está enterrado su hijo.

Junto a él estaba Killa Sotelo, hermana de Inti, el otro joven fallecido durante las protestas contra el irregular régimen de Merino, quien destacó la labor realizada por el Ministerio Público para investigar y definir las responsabilidades de Merino, el expremier Flores Aráoz y el exministro del Interior Rodríguez, que derivó en la acusación constitucional que desde inicios de octubre tiene el Legislativo.

“Hay un informe en el que hay documentos, fotos, evidencias, grabaciones, testimonios de personas que también asistieron a las marchas. Pero esto tiene que pasar por la aprobación del Congreso, donde muchos no tienen empatía con lo que hemos sufrido”, expuso.

Recordó que Inti llevaba solo su casco de bicicleta, una vasija para desactivar las bombas lacrimógenas y unos guantes, a diferencia de los policías que tenían su escudos y máscaras especiales.

Demandó al Parlamento aprobar la acusación constitucional. Pero, además, solicitó una investigación en todos los casos en que se hayan registrado agresiones en las protestas sociales.

Aseguró que no se cansarán hasta alcanzar justicia. “Vamos a seguir unidos y exigiendo las reparaciones y sanciones debidas”, afirmó.

Por su parte, los abogados de los deudos, Ronald Gamarra y Carlos Rivera, recalcaron que la protesta es un derecho constitucional y el Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho, lo que no ocurrió en la marcha del año pasado, y más bien hubo excesivo uso de la fuerza.

Gamarra destacó la labor de los fiscales que investigaron los sucesos, que actuaron con imparcialidad e idoneidad; y alertó de que la Policía habría archivado el caso a nivel administrativo contra los policías que participaron en la represión.

Rivera destacó que también del caso de Inti y Bryan, la Fiscalía ha reunido 80 agraviados, con la sustentación de lo que les ha ocurrido. Dijo que de esta manera ha sentado las bases para hacer una acusación contundente para que se determinen las responsabilidades penales en su momento.

Descartó que, como afirman algunos, la acusación constitucional contra Merino y los dos exministros sea una persecución política.

Reparación para heridos

Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señala que 27 de los 70 manifestantes que resultaron heridos sufren secuelas severas, como John Cordero, que quedará en silla de ruedas a sus 20 años, así como otros jóvenes con lesiones oculares muchas veces irreversibles o que han perdido parte de la movilidad.

Por ello requieren una pronta reparación del Estado, pues los juicios pueden durar una década.

Solicitó al presidente Pedro Castillo que apruebe un decreto supremo que ordene cubrir los gastos de los tratamientos médicos de quienes resultaron heridos y se les dé una reparación de forma inmediata.

Datos

Acción. Mañana realizarán un plantón ante el Congreso a las 3 p. m. para exigir se apruebe la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez.

Marcha. El sábado se llevará a cabo una movilización, cuya concentración será en la Plaza San Martín a las 4 p. m.