Callao: mafia traficaba terrenos con apoyo de malos funcionarios

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada arrestaron ayer a siete presuntos integrantes de la red criminal ‘Los Z de Ventanilla’, entre los que se encuentran un exfuncionario del Gobierno Regional del Callao y el actual procurador público de ese organismo estatal.

Esta red estaría integrada por 23 personas, pero la Fiscalía solicitó la detención preliminar de 13 de ellas, además del allanamiento de 31 predios y 3 celdas.

Ahora bien, solo fueron detenidos siete. Ellos son Omar Hernández de la Cruz, exjefe de la oficina de Gestión Patrimonial del GRC; Roberto Meléndez Arévalo, procurador público del GRC; Héctor Erginio Rivera Landa; Jacinto Zelaya Castro; el abogado Wagner Eusebio Llanos Ronceros; Sofía Ramírez Mandruma y Ethel Isaac Espinoza Gabriel.

Sobre ellos pesan cargos como organización criminal, usurpación agravada, tenencia ilegal de armas de fuego, corrupción de funcionarios, falsificación de documentos, homicidio calificado (conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato) y coacción, dijo el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.

Desde hace 11 años

‘Los Z de Ventanilla’, de acuerdo a las investigaciones, operaban desde el año 2010 y eran liderados, según la Fiscalía, por Betty Lizet Herrera Lima, llamada la ‘primera dama’.

En los documentos de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ventanilla, a cargo del fiscal Elver Cerrón Valverde, se da cuenta de que la red inició sus actividades con la usurpación de lo que es hoy la Asociación de Vivienda Leandra Ortega, ubicada en la zona de Pachacútec.

Asimismo, el 8 de febrero del 2010, bajo la fachada de una seudoasociación de vivienda, usurparon un terreno del Estado bajo la titularidad del Gobierno Regional del Callao, colindante a la Asociación de Vivienda ProfamPerú del distrito de Santa Rosa.

Un día después, la cabecilla y otros miembros de la organización solicitaron al mayor PNP de apellido Calderón, de la Comisaría de Pachacútec, una constatación policial con el propósito de hacer notar la existencia de módulos de vivienda y evitar cualquier desalojo.

Por otro lado, al contar con el apoyo de funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao y de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, lograron desafectar una extensa área reservada de protección ambiental de titularidad del Gobierno Regional del Callao.

“Con el apoyo de autoridades y documentación fraudulenta se adjudicaron terrenos del Estado, para luego venderlos a personas incautas, a quienes posteriormente los obligan, con métodos violentos, a pagar cobros indebidos, por concepto de servicios básicos (agua y luz), entre otros”, reveló un oficial a cargo de las pesquisas.

Así, algunos funcionarios habrían favorecido a la organización entregando permisos para lotizar zonas usurpadas.

Estos lotes situados en quebradas de la zona de Pachacútec eran vendidos entre 15 mil y 20 mil soles, mientras que los terrenos ubicados en el llano eran ofrecidos a sumas entre 40 mil y 50 mil soles, agregó el oficial.

“Hechos son de la otra gestión”

Sobre la detención del procurador público, Roberto Meléndes, el GRC explicó que la investigación obedece a hechos que corresponden a la anterior gestión.

Indicaron que se allanaron ambientes de la Oficina de Gestión Patrimonial, donde se recogió información documentaria de la gestión 2017.

Asimismo afirman que no han realizado ninguna gestión en los AH Leandra Ortega Espinoza y Ampliación Profam.