Doce congresistas de universidades no licenciadas integran la Comisión de Educación

Cuidado con el conflicto de intereses. La Comisión de Educación del Congreso, que en los últimos años ha sido epicentro de diversos intentos para tumbarse la reforma universitaria, se encuentra hoy integrada por un sector importante de legisladores que han estudiado en universidades que no recibieron el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por incumplir con la exigencias mínimas de calidad.

La República detectó que de los 19 miembros titulares elegidos para formar parte de la Comisión de Educación, ocho han llevado o culminado una carrera profesional en universidades públicas y privadas no licenciadas; en tanto cuatro accesitarios, de los 17 existentes, tienen ese mismo antecedente.

Esto es preocupante y debería ser una alerta porque estos congresistas podrían ser jueces y parte al momento de debatir y aprobar un proyecto de ley que sea contrario a la Sunedu, coinciden especialistas consultados.

En esa lista se encuentra el presidente de la Comisión de Educación, el legislador de Renovación Popular Esdras Medina, quien ha invitado para el próximo martes a la Sunedu en torno al cierre de algunas universidades que son “fundamentales” en regiones, como la Néstor Cáceres Velásquez de Puno, donde él estudió una maestría.

El vicepresidente de este grupo de trabajo también le sigue los pasos. El parlamentario de Perú Libre Álex Paredes está a favor de una reestructuración de la Sunedu porque tiene “muchas consultorías” y “trabajadores sin títulos”. Él es abogado por la denegada Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua.

En su bancada están en esa misma situación los congresistas Edgar Tello, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV); Wilson Quispe, profesor por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech) e ingeniero civil por la Néstor Cáceres Velásquez; así como Jorge Marticorena, cirujano dentista por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica) y José Balcázar, quien tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En Fuerza Popular también hay congresistas con posibles conflictos de intereses. Es más, el legislador Raúl Huamán ya planteó crear un grupo de trabajo que monitoree a la Sunedu respecto a las universidades públicas denegadas. Él ha estudiado Administración, Medicina y Economía en la Unica; en tanto, es abogado egresado de la UIGV.

Su colega Luis Cordero es bachiller en Derecho por la denegada Universidad Privada de Ica. Lo mismo pasa con Eduardo Castillo, quien tiene estudios inconclusos en la Uladech.

En Somos Perú figuran José Jerí, abogado por la UIGV, y Alfredo Azurín, con estudios interrumpidos en la misma universidad que tuvo la licencia denegada a pesar de que su exrector Luis Cervantes Liñán tenía un sueldo de 2 millones de soles.

La lista la completa el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, quien no llegó a acabar su carrera de Derecho en la Universidad Alas Peruanas. Él le pidió al ministro de Educación, Juan Cadillo, tomar cartas en el asunto sobre la autonomía de las universidades públicas en relación con la labor de la Sunedu.

Jueces y parte

Pues bien, los 12 legisladores mencionados deberán demostrar su neutralidad cuando discutan el proyecto de ley presentado por su colega de Acción Popular Darwin Espinoza, quien —precisamente— plantea darle una segunda oportunidad a las universidades privadas asociativas (sin fines de lucro), como la Néstor Cáceres Velásquez, UIGV, José Carlos Mariátegui y Uladech. Espinoza se reunió con el rector de esta última.

Al respecto, la parlamentaria del Partido Morado Flor Pablo lamentó que sus colegas presenten iniciativas sin sustento. “Vemos de manera reiterada que siguen primando intereses de dueños de universidades privadas contra la reforma”, dijo tras anunciar que presentará un proyecto de ley para evitar futuros conflictos de intereses.

Responde la Sunedu

El jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, aseveró que los últimos Congresos han creado hasta cuatro comisiones investigadoras contra la Sunedu y no han hallado nada irregular; es más el Poder Judicial les ha dado la razón en todas las denuncias.

Sobre la propuesta de darles una nueva oportunidad a las 51 universidades denegadas (3 públicas y 48 privadas), Zegarra explicó que estas tienen posibilidades de presentarse a un nuevo licenciamiento, siempre y cuando cumplan con un plan de cese progresivo. “La Sunedu amplió el plazo de cierre hasta por 3 años a las que cumplan. A eso se han acogido la Unica, Néstor Cáceres, Sergio Bernales, San Andrés y la de Chiclayo”.

Al cierre, el congresista Wilson Quispe respondió que alistaba un proyecto de ley similar al de Espinoza “para apoyar a los estudiantes de universidades denegadas”. Sus otros colegas no contestaron las llamadas.

Un caso más

Otro miembro titular de la Comisión de Educación es el parlamentario de Podemos Perú José Elías Ávalos. Él es directivo de la Universidad Privada San Juan Bautista, la cual sí está licenciada. Avalos, desde que pertenecía a Fuerza Popular, siempre se ha mostrado en contra de la Sunedu.