Por: Milagros Berríos y Jesica León
Luego de anuncios y reclamos, el Gobierno aprobó la entrega de un subsidio para el transporte público en Lima, Callao y las principales ciudades del país ante las “pérdidas económicas” generadas durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Esta medida será oficializada hoy, el mismo día que arranca la cuarentena focalizada, a través de un decreto de urgencia.
El presidente Martín Vizcarra precisó que, una vez dada la norma, las unidades de transporte urbano no deberán trasladar a pasajeros de pie. Si bien no precisó si se mantendrá vigente la obligatoriedad de un aforo no mayor del 50%, señaló que todos los ocupantes deberán estar sentados y usar protectores faciales, los cuales se añadirán al uso regular de las mascarillas.
“Asumiremos parte del ingreso de los pasajeros que no van a poder usar el servicio. Si al realizar la fiscalización pasa un bus y hay gente parada, querrá decir que se está incumpliendo, y simplemente se le quitará el subsidio”, refirió ayer sin precisar cómo se fiscalizará ello.
Esta demanda tomó fuerza hace una semana cuando un sector de transportistas de Lima y Callao paralizó el servicio argumentando pérdidas que alcanzaban los 300 soles diarios por vehículo ante la reducción del aforo para evitar contagios. No obstante, en ese periodo los usuarios también denunciaron alza de pasajes e incumplimiento del distanciamiento social.
Según la Cámara de Transporte Urbano (CTU), el subsidio alcanzará a más de 35 mil unidades a nivel nacional, de las cuales 12.500 corresponden a Lima y Callao. Entre ellas se incluiría a las combis. “Pero es perfecta la ocasión para comenzar a formalizar las planillas, choferes, empresas. El subsidio deber ser un fondo intangible, ya que es necesario para cubrir los gastos operativos”, refiere el asesor legal de la CTU, Josué Gutiérrez.
Hace una semana, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, indicó que en Lima y Callao el subsidio llegaría a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en función a los kilómetros recorridos por cada vehículo. En las regiones estará a cargo de los municipios provinciales y en base al combustible utilizado.
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Esto ha sido reafirmado por la CTU, la cual señala que, en diálogo con la ATU, se acordó, por ejemplo, que la subvención para las combis era de 0,63 céntimos por kilómetro recorrido, mientras que para cústeres 0,99. “En las cústeres, esto permitirá compensar los 266 soles de pérdidas de cada unidad”.
Gutiérrez, de la CTU, agregó que si el subsidio permite compensar las pérdidas, la consecuencia inmediata será la regularización de los pasajes. También indicó que si bien esta medida no está en función de condicionantes como los referidos por el presidente, sí se podría separar al bus o sancionar económicamente a la empresa.
Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, recuerda que la mayoría de vehículos de transporte urbano son afiliadores y el dinero no va a la empresa, sino se reparte entre el cobrador, el chofer y el dueño del vehículo. “Quién va a recibir ese subsidio: las empresas de transporte o el dueño del vehículo?”.
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Por eso considera que para una mejor regulación del subsidio se debería implementar el cobro electrónico, cajas centralizadas, en lugar del pago de pasaje en efectivo. “Así la empresa recaudaría y eso obligaría a que ponga en planilla a sus trabajadores”. A esto añadió la necesidad de instalar GPS para saber el recorrido de las unidades. “Y se sabría cuánto recauda y se estimaría el porcentaje o la proporción que reconocerá el Estado como subsidio”.
Según la CTU, el uso de tarjeta electrónica y GPS está previsto tras la emisión del reglamento de este decreto de urgencia.
Además de la subvención, la norma también hará referencia al uso de protectores faciales para todos los pasajeros, como un factor adicional de seguridad ante las características de los buses y cústeres. Para ello, el Gobierno elaborará y entregará 10 millones de estos productos en el transporte público.
El presidente Vizcarra, además, planteó la implementación de horarios diferenciados para el ingreso de los trabajadores del sector privado, similares a los del Estado, a fin de que no se concentren en las unidades de transporte en horas punta.
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