Laboratorios investigados hicieron 17 mil pruebas moleculares

Por: Luis Ángel Villanueva y Diego Quispe Sanchez

El superintendente de Susalud, Carlos Acosta, reveló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su institución investiga 17 mil pruebas moleculares que se realizaron en tres laboratorios particulares.

“Encontramos 40.300 muestras que vienen de establecimientos privados, de las cuales 17 mil provienen de: Inbiomedic, con 954; Roe, con 9 mil; y Unilabs, con 7 mil”, expuso.

Precisamente, estos tres establecimientos que mencionó el titular de Susalud son los observados por la Contraloría General de la República (CGR).

Inbiomedic, según la CGR, “carece de un instrumento de medición de humedad y temperatura, generando el riesgo de que no se pueda monitorear tales condiciones que requieren sustancias que se utilizan en la preparación de mezcla de reactivos del PCR para la detección moleculares del virus SARS-CoV-2”.

El director de este laboratorio es Heinner Guio Chunga, quien actualmente es investigador del Instituto Nacional de Salud (INS) en el campo de genética e inmunología. “Su condición es de trabajador contratado por la institución”, respondieron a este diario en esta entidad.

La auditoría, en caso de Unilabs, cabe recordar, encontró que su personal no está capacitado en bioseguridad, factor determinante en la confiabilidad de los diagnósticos.

En tanto, sobre Roe, su laboratorio es Sequence Reference Lab. Y es el que más test moleculares ha realizado en la muestra observada por Susalud.

Acosta fue citado por la Comisión de Fiscalización debido al informe de la Contraloría, que destapó presuntos cobros irregulares de clínicas en test moleculares que el INS realizó de forma gratuita y a los laboratorios que no contaban con personal capacitado y condiciones de bioseguridad para brindar diagnósticos de COVID-19.

Paralelo a su exposición, en la Comisión de Salud del Congreso, se presentó el vicepresidente de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), Miguel Noé Ramírez. Abordado por las pruebas moleculares de laboratorios, respondió que el precio referencial de estas es de S/ 359. “Habría que multiplicar, pero los precios los establecen ellos”, dijo.

Si multiplicamos, basándose en esa referencia, entonces, estos centros privados obtuvieron S/ 6′103.000.00 por las muestras evaluadas.

El congresista de Acción Popular Jesús Arapa le preguntó al representante de la ACP, en vista de los cuestionamientos e indagaciones, qué pasará con los usuarios. “¿Les devolverán su dinero?”, consultó.

“De ser el caso, debe haberlas”, respondió el representantes de las clínicas.

Discusión por las pruebas

En Fiscalización, por otro lado, también interrogaron al jefe del INS, César Cabezas.

“La clínica San Pablo dijo que le entregaron pruebas moleculares”, le cuestionó el parlamentario de Podemos Perú Aron Espinoza.

“El INS no entregó ninguna a las clínicas o laboratorios. Se les hizo una comunicación diciéndoles que estas son gratuitas”, alegó Cabezas.

Como se sabe, la clínica San Pablo es uno de los nosocomios mencionados por la CGR, como los que cobraron test moleculares que eran analizados sin costo en el INS.

Según Espinoza, José Luis Díaz Callirgos fue asesor del director de este establecimiento y actualmente trabaja en Susalud.

Sin embargo, Acosta respondió que Díaz Callirgos presentó su renuncia a Susalud el lunes último, justo el día previo a su presentación ante el Parlamento. “El personal aludido se ha desempeñado como asesor de defensa jurídica de esta superintendencia”, reconoció el superintendente.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, en tanto, había sido invitado, pero no asistió a la sesión. En vez de ello, participó en una reunión con el premier Vicente Zeballos y los representantes de los partidos políticos Podemos Perú, Somos Perú, Fuerza Popular, Frente Amplio y Acción Popular.

Concertación en mercado de balones de oxígeno

La Defensoría del Pueblo alerta de que el mercado de balones de oxígeno se reparte en dos compañías: Linde Praxair, con el 82 % y 85 % de la producción, y Air Products con 15% y 18%. “Estas, además, son las empresas matrices de los mayores abastecedores de oxígeno medicinal al Estado, según OSCE”, sostuvo en un informe.

Recordó que en el 2010 la empresa Praxair Perú (del grupo Linde) y Messer Gases del Perú (de Air Products) fueron sancionadas por Indecopi por prácticas de concertación. Como se sabe, actualmente por la pandemia, acceder a un balón de oxígeno es un privilegio por su excesivo precio.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.