Política

Piden facultades para investigar a organismos reguladores

Congreso. Comisión de Defensa del Consumidor aprueba pedir facultades investigadoras ante revelaciones de cobros de clínicas por pruebas moleculares para detectar el Covid-19, pese a que el Estado las realiza gratis.

Emplazamiento. Congresistas cuestionaron duramente la inacción del INS y de Susalud.
Emplazamiento. Congresistas cuestionaron duramente la inacción del INS y de Susalud.

Por unanimidad, con 9 votos a favor, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó solicitar al Pleno del Congreso que le brinde facultades de comisión investigadora por 180 días hábiles, para fiscalizar a todos los organismos reguladores. En opinión del titular de ese grupo de trabajo, José Luis Luna Morales (Podemos Perú), sus representantes han mostrado incompetencia para defender los intereses de los usuarios.

“Tras siete sesiones en las que se recibió a los representantes de los organismos reguladores, la conclusión es que hay una evidente falta de competencia y se ha detectado conductas sospechosas, pues en lugar de proteger a los consumidores, han protegido los intereses de las empresas que tienen que fiscalizar, lo vimos con Osiptel y lo vemos ahora con Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que argumenta vacíos legales que les impide actuar”, manifestó Luna.

Durante la sesión virtual, los congresistas de las diferentes bancadas cuestionaron duramente el accionar de Susalud por permitir que los centros de salud privados de Lima hayan cobraron indebidamente por la toma de pruebas moleculares para el diagnóstico del coronavirus, que el Instituto Nacional de Salud (INS) les entregó y procesó sin costo alguno.

Según el informe de fiscalización fueron 19.746 muestras biológicas remitidas por clínicas privadas de Lima, por las cuales las clínicas efectuaron cobros entre los S/ 422,72 y S/ 576,61.

Cuestionamientos

La congresista Carmen Omonte (APP) sostuvo que las respuestas de los representantes del INS, César Augusto Cabezas Sánchez; de Susalud, Carlos Manuel Acosta, y del presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Alejandro Miguel Langberg La Rosa, no fueron satisfactorias.

“Han hecho uso y abuso de recursos subsidiados por el Estado. Ese recurso tiene que ser devuelto al sistema de salud para que se compren más pruebas en favor de la población. No solo son responsables las clínicas, sino también los funcionarios del sector salud que han propiciado esta discriminación a un sector del pueblo”, señaló.

Asimismo, consideró necesario citar al contralor Nelson Shack, para que informe sobre la situación de las clínicas que cobran a pacientes para que se les realice pruebas moleculares, cuando el Estado con recursos públicos las hace gratis.

El parlamentario José Luis Ancalle, del Frente Amplio, dijo que también se debe citar al ministro de Salud, Víctor Zamora, para que diga cuál va a ser el criterio para que la Diresa entregue más cantidad a unas clínicas que a otras, y cómo se va a abastecer de oxígeno a los hospitales, sabiendo que los costos se han elevado.

Ancalle responsabilizó a las clínicas por haber lucrado de manera indebida con la necesidad de salud de los peruanos, al haber cobrado hasta 427 soles solo por pasar triaje, la consulta médica a 95 y además obligarles a pagar por material como mandil y mascarilla de los médicos y enfermeras, entre otros.

Según la Contraloría, del 6 de marzo al 26 de mayo del presente año, el área de recepción y obtención de muestras del Centro Nacional de Salud Pública del INS registró las muestras biológicas de 88 centros de salud privados, lo que representa el 21% del total de las muestras remitidas a la referida entidad. Esas muestras fueron pagadas a las clínicas por los pacientes, pese a que el costo los asumió previamente el Estado.

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Estudió periodismo en la USMP. Inicié mi labor periodística a los 21 años, por lo que tengo 32 años en el ejercicio del periodismo, pasando de la máquina de escribir a las computadoras. Fundador de diarios, revistas y semanarios, haciendo cobertura en policiales, judiciales, política y deportes. Ahora, es redactor de política en La República.