Tres jueces superiores postulan a la presidencia de la Corte Superior de Lima

Los jueces superiores titulares Miluska Cano López, Andrés Tapia Gonzales y Roberto Vílchez Dávila presentaron sus candidaturas para la presidencia de la Corte Superior de Lima, por el periodo enero 2025 a diciembre 2026.

El que resulte elegido reemplazará a la suspendida presidenta de la Corte Superior de Lima, jueza María Vidal la Rosa Sánchez, implicada en el caso Chibolín.

La elección estará a cargo de la Sala Plena de la Corte Superior de Lima, integrada por 99 jueces superiores titulares. La Sala Plena, bajo la presidencia del juez superior decano, Ricardo Vinatea Medina se reunirá hoy para escuchar los planes de trabajo de los tres candidatos. Se requiere 50 votos para ganar en primera vuelta.

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En caso de que ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de votos de los participantes de la Sala Plena, de inmediato se procede a una segunda vuelta entre los dos más votados.

La elección es trascendente para una Corte Superior golpeada por el caso Chibolín. Uno de los cuestionamientos a Vidal La Rosa es haber recibido un supuesto financiamiento para agasajar a los magistrados que le dieron su voto para presidir la Corte.

Sin embargo, para entonces ella ya tenía ascendencia entre los magistrados, tal es así que, en dos oportunidades anteriores, la habría elegido presidente de la Oficina Desconcentrada de la Corte Superior de Lima.

Casos mediáticos

Andrés Tapia y Roberto Vilchez integran la Primera y Segunda Salas Constitucionales de Lima. Miluska Cano integraba hasta fines de octubre último, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Nacional Penal Especializada.  Los tres son magistrados de carrera y han resuelto casos  emblemáticos y mediáticos.

Andrés Tapia fue uno de los dos jueces de la Primera Sala Constitucional que en mayoría dictó la medida cautelar y la sentencia de Amparo contra el Congreso que permitió la reincorporación de los consejeros Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia. En decisión unánime, firmó la medida cautelar que repuso al fiscal Rafael Vela en la coordinación del Equipo Especial Lava Jato.

Antes, emitió un voto en minoría a favor de dar trámite a una demanda de habeas corpus contra la detención del ex presidente Pedro Castillo. También votó en minoría en la sentencia de Amparo que anuló la investigación de la Megacomisión del Congreso contra el fallecido ex presidente Alan García, en el caso de los 'narcoindultos'.

Roberto Vílchez, con un perfil alejado de los medios de comunicación, votó en unanimidad a favor de la vigencia de la condena a Magaly Medina por difamación a Luis Cáceres. También firmó la sentencia de Amparo que se pronunció en contra de la demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que pretendía revertir la prohibición de la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas.

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Miliuska Cano López, pese a su cambio de ubicación, sigue al frente del juicio al grupo Colina por la matanza de Pativilca. En febrero dictó la sentencia anticipada contra Vladimiro Monteisnos a 19 años y 8 meses de prisión, por homicidio. Aplicando el control difuso de la Constitución se ha pronunciado en contra de aplicar una ley del Congreso que otorga impunidad a los violadores de derechos humanos.

Planes de trabajo

Sus planes de trabajo coinciden en la necesidad de crear más órganos jurisdiccionales para descongestionar la carga procesal, buscar disminuir el alquiler de locales de sedes jurisdiccionales, que consumen buena parte del presupuesto, transparencia y lucha contra la corrupción, aunque hay que decir que ninguno menciona el tema Vidal la Rosa y 'Chibolin'.

El juez superior Andrés Tapia

" Resulta evidente que la imagen ciudadana de nuestra Corte Superior de Justicia ha desmejorado paulatinamente, requiriéndose realizar mejoras urgentes a diferentes niveles. Necesitamos no solo una mejor gestión administrativa sino una refundación y profunda transformación moral que implique a 200 años de su creación, una lucha frontal y sin cuartel contra la corrupción y una defensa férrea de ese valor institucional que es la independencia", afirma el juez superior Andrés Tapia, en la presentación de su plan de trabajo.

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Entre sus principales propuestas destacan:

• Una política de atención abierta y oportuna de todas las áreas de la administración. La Presidencia tendrá una política de real puertas abiertas señalando horas precisas para la atención diaria a todos los jueces y personas que lo requieran.
• La creación de una plataforma informática que permita a los jueces conocer los antecedentes profesionales y laborales de cada servidor.
• Una labor limpia y transparente en las compras internas para adquirir bienes o servicios. Para lo cual, plantea informar mensualmente con cifras, variables e indicadores a todos los integrantes de la Corte de Justicia de Lima el avance de nuestra gestión y básicamente, la adquisición de bienes y servicios.
• La designación de jueces provisionales y supernumerarios respetando escrupulosamente la normatividad vigente y el orden de prelación establecido por ella.
• La creación de más órganos jurisdiccionales pues es evidente que la carga límite que puede soportar cada uno de ellos ha sido rebasada ampliamente contándose solo con 463 jueces bajo el régimen de la Carrera Judicial,.
• Una lucha firme e implacable contra la corrupción. Mi gestión fortalecerá de forma coordinada, las herramientas de la ODANC a efectos que se persigan no solo los plazos procesales vencidos sino fundamentalmente los actos de corrupción.

Jueza superior Miluska Cano

"Actualmente nos encontramos en una coyuntura social y política difícil en el país, de la cual el Poder Judicial no es ajeno. Somos objeto de múltiples ataques por nuestras resoluciones o decisiones judiciales, lo cual, si bien es parte de las consecuencias de nuestra labor, hace necesario mejorar nuestra comunicación con la ciudadanía, así como la interrelación y trabajo con las demás instituciones públicas y otros poderes del Estado", señala jueza Miluska Cano, en la presentación de su plan de trabajo 2025-2026.

Entres los objetivos que plantea destacan:

• Se impulsará la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de la Especialidad Penal” Sede San Jorge que albergará 205 despachos, 83 salas de audiencia, áreas administrativas y jurisdiccionales, áreas comunes y estacionamientos.
• Se brindará capacitación permanente y gratuita a magistrados y trabajadores, mediante diplomados, pasantías, cursos de especialización e intercambios, maestrías y post grados.
• Diseñar e implementar un plan de comunicación interno y externo a cargo del área de Presa e Imagen de la Corte, en coordinación con las áreas jurisdiccionales y administrativas competentes, a fin de mejorar la comunicación entre los trabajadores, magistrados, usuarios y comunidad.
• Defenderemos la independencia judicial con acciones concretas tan pronto se presente una amenaza. Ningún magistrado de la Corte de Lima debe ser sancionado por resolver una causa en función a su criterio jurisdiccional, siempre y cuando ampare su criterio en la Constitución Política del Perú y en las disposiciones legales vigentes, los principios generales del derecho y en convenios internacionales de obligatorio cumplimiento.
• Se realizarán los estudios correspondientes para solicitar la creación de dos salas de la especialidad penal, una sala contencioso administrativa, una sala de la especialidad de familia y una sala constitucional, a fin de atender con mayor celeridad los procesos judiciales.
• Fortalecer la Oficina de Integridad de la Corte a fin de garantizar la actuación ética y de cumplimiento de las leyes, así como proponer y aprobar políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en la jurisdicción.

Juez superior Roberto Vilchez

"Proponemos un estilo de gestión diferente, dinámico, itinerante, procurando la atención inmediata e implementando mecanismos de comunicación más horizontales y directos con los jueces de todos los niveles (superior, especializado y paz letrado), para conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de los órganos jurisdiccionales, sin que ello implica distraerlos del quehacer judicial", afirma el juez superior Roberto Vilchez, en su plan de trabajo.

Entre sus propuestas destacamos:

• Implementación de un sistema de recepción atención de denuncias sobre corrupción, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo, accesible y confidencial, que garantice la protección de los denunciantes, en coordinación con la Autoridad Nacional de Control, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
• Mejoramiento del Sistema Integrado Judicial Estadístico para la emisión y automatización de los reportes estadísticos de ingreso de expedientes, carga procesal, producción jurisdiccional y actos procesales (nulidad y medidas cautelares), a fin de liberar a los diversos órganos jurisdiccionales de la remisión mensual de esta información.
• Implementación de Proyectos de Inversión Pública para la Demolición de la sede Alimar y la construcción de nuevas sedes judiciales en Alimar y en el ex Penal San Jorge.
• Reestructuración y fortalecimiento de la Oficina de Coordinación de Recursos Humanos, con el objeto de rediseñar sus acciones y procedimientos para anticiparse a las necesidades y requerimientos de personal por parte de todos los órganos jurisdiccionales.
• Formalización de la Comisión de Defensa Institucional, integrada por jueces de todos los niveles (paz letrado, especializados y superiores), nombrados por la Junta de Jueces y Sala Plena, según corresponda, para la defensa de la autonomía e independencia judicial, así como de los demás derechos de los jueces reconocidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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