Fiscal suprema Zoraida Ávalos pide intervención de la Defensoría del Pueblo
Ante la pretensión de un sector del Congreso de sancionarla por su criterio jurisdiccional por motivos, dice, políticos y de control de la administración de justicia.
La fiscal suprema titular Zoraida Ávalos Rivera solicitó al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez intervenir y pronunciarse sobre el riesgo a la institucionalidad democrática que supone el intento del Congreso de la República de sancionarla por emitir una decisión jurisdiccional en la época en que ella ejercía el cargo de fiscal de la Nación, de enero 2019 a marzo del 2022.
Esta solicitud fue hecha a través de una carta escrita presentada el pasado 6 de junio. Hasta la fecha, transcurridos nueves días, la Defensoría del Pueblo guarda silencio. Mientras tanto, el Congreso citó a Ávalos para que ejerza su defensa frente a la moción de sanción que discutirá y votará el próximo, 21 de junio.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez guarda silencio frente al Congreso
"Me dirijo a usted para expresarle mis saludos y solicitar respetuosamente su atención y respeto del procedimiento parlamentario de acusación constitucional en el que se me ha comprendido y que será votado próximamente en el pleno del Congreso de la República por el que se me pretende inhabilitar para el ejercicio de la función pública por el termino de 5 años", dica Ávalos en la misiva.
Subara que acude "a su despacho para solicitar su intervención y pronunciamiento sobre los riesgos que implicaría una decisión de esa naturaleza, no solo por la clara afectación a mis derechos constitucionales; sino también constituiría un nefasto precedente contra la independencia de la administración de justicia, y en consecuencia, un debilitamiento del sistema democrático".
Un sector de la derecha y el fujimorismo en Congreso de la República acusa a Ávalos de infracción constitucional por supuestamente no investigar al expresidente Pedro Castillo, no obstante que ella fue la primer fiscal de la Nación que cambio el criterio jurisdiccional de no investigar a presidentes en el ejercicio de sus funciones, y si investigó los presuntos actos delictivos atribuidos al exmandatario.
Todos los fiscales de la Nación desde su creacción en los años 80 habían opinado que un presidente y los presuntos hechos a él atribuidos, no podían ser investigado mientras ejerciera el cargo.
Avalos cambió ese criterio y acordó investigar, primero, a Martín Vizcarra, y luego, a Pedro Castillo y, con ellos, a todo su entorno familiar, amical y de funcionarios públicos. Los presuntos hechos ilícitos fueron investigados, independiente de los cargos públicos, aunque con respecto a sus derechos. Eso le permitió interrogar al presidente Pedro Castillo, en diciembre del 2021, lo que luego sería base para la denuncia constitucional en su contra.
Pese a todo, la mayoria de políticos de derecha buscan su destitución para lo que, en medios judiciales, se considera es enviar un mensaje a todos los jueces y fiscales de someterse al poder político dominante, si quieren permanecer en el cargo.
"Como he explicado reiteradamente, se me pretende sancionar por una decisión sustentada en un criterio jurídico constitucional adoptado en el ejercicio funcional de la Fiscal de la Nación en la que no se podrá encontrar atisbo de infracción constitucional y, menos, indicios de ídole penal", indica la fiscal suprema.
Anota que ante la ausencia de razones juridicales reales, "tal pretensión responde claramente a motivaciones políticas y la sola expresión de arbitrariedd de un sector del Congreso; hecho queademás de vulnerar flagrantemete mis derechos constitucionales, implica también la afectación a la garantías de la administración de justicia, de modo particular la autonomía e independencia de los magistrados y los órganos a los que pertenecen".
