La mandataria Dina Boluarte fue citada para declarar a fin de mes, en la investigación abierta por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden, según informe de la CIDH, durante las protestas sociales. Su defensa legal solicitó ayer mismo un cambio de fecha para el 1 de junio. En paralelo, fueron citados también los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además del personal de las distintas regiones donde se cometieron los hechos.
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La toma de manifestación, según la resolución, será en las instalaciones del Ministerio Público. Ayer, sin embargo, Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, sostuvo que coordinará con su patrocinada sobre este punto, al considerar que tiene la prerrogativa de decidir si acude a la Fiscalía o declara en Palacio.
El fiscal Marco Huamán Muñoz emitió la resolución programando la diligencia para el 31 de mayo, pero la defensa de Boluarte pidió el cambio para el 1 de junio. Ahora la Fiscalía debe dar respuesta. Se trata, en realidad, de una reprogramación, pues el pasado 7 de marzo Boluarte no llegó a declarar porque la Fiscalía impidió la participación de la Procuraduría General del Estado.
Esta controversia ya fue resuelta en primera instancia a favor de la Procuraduría, pero la Fiscalía apeló y el caso se encuentra pendiente de pronunciamiento en la Corte Suprema.
Manuel Gómez de la Torre. Comandante general de las FF. AA. Foto: difusión
Carlos Rivera Paz, quien acompaña en la defensa a los familiares de las víctimas desde el Instituto Defensa Legal (IDL), advierte que en este momento el tema no está plenamente resuelto. Es decir, está vigente el riesgo de que la Procuraduría y los abogados de las víctimas no puedan participar cuando declare Dina Boluarte.
El abogado Rivera Paz recuerda que los principios del derecho internacional precisan que “los órganos del sistema de justicia deben amparar la intervención efectiva y eficaz de los agraviados”.
Dina Boluarte no es la única citada para declarar por los crímenes. El fiscal Marco Huamán emitió otra resolución, citando al comandante general del Ejército David Guillermo Ojeda Parra para el 26 de mayo.
David Ojeda Parra. Comandante general del Ejército. Foto: difusión
En otra resolución, programó tomar la declaración del comandante general de las Fuerzas Armadas, Manuel Jesús Gómez de la Torre Araníbar, el 5 de junio. A estos dos se suma Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, quien debe declarar el 15 de junio.
Estas diligencias son para esclarecer los crímenes del 15 de diciembre del 2022, en Huamanga, donde el Ejército disparó directamente al cuerpo, incluyendo a personas que no participaban en las protestas.
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Hay otra resolución del 17 de mayo, firmada por el fiscal adjunto supremo Elmer Ríos Luque, donde cita a una treintena de miembros de la Policía, incluyendo a algunos mandos regionales. Y es que el patrón fue distinto en las demás regiones, donde los asesinatos fueron cometidos por personal policial.
Para el 2 de junio fue citado Raúl Alfaro Alvarado, quien se desempeñó como comandante general de la Policía cuando ocurrieron los hechos.
Rául Alfaro. Ex comandante general de la PNP. Foto: difusión
La lista de citados también incluye a Julio Santos Mauricio Contreras, David Villanueva Yana y Carlos Omar Bravo Cáceres, mandos policiales de Puno.
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Asimismo, Ántero Mejía Escajadillo (de la VIII Macrorregión PNP de Ayacucho), Carlos Urbina Barreto (encargado de la región policial en Arequipa) y Luis Jesús Flores Solís (entonces jefe del Frente Policial de Apurímac). Las diligencias se realizarán principalmente en la segunda quincena de junio.
Versión. El premier Alberto Otárola aseguró que la presidenta Dina Boluarte no hará uso “de ningún derecho al silencio”. Afirmó que declarará lo que sucedió durante las protestas.
Jesús Amarildo Vera Ipenza. Comandante de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho. Foto: difusión
Boluarte es citada para el 31 de mayo. Hay riesgo de no permitir la participación de la Procuraduría y los abogados de las víctimas. Las citaciones fiscales son principalmente a miembros de la Policía, en tanto existe un mayor retraso sobre el personal militar.