Subcomisión de Acusaciones Constitucionales blinda a Dina Boluarte

Un blindaje más. Con 11 votos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales bloqueó la denuncia contra la presidenta, Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y dos exministros por los muertos y heridos durante las protestas sociales por el excesivo uso de la fuerza de la Policía y el Ejército.

Con esta decisión salvan también a los exministros César Cervantes (Interior) y Pedro Angulo (PCM). 

Los acusaban de presunta infracción inconstitucional de los artículos 2, 3, 39, 44 de la Carta Magna, referidos a los derechos a la vida, entre otros.

La Secretaría Técnica de la Subcomisión, presidida por Lady Camones, recomendó su improcedencia; argumentó que el caso está siendo ya investigado en la Fiscalía y en el Congreso, y que “aún no se cuenta con evidencia objetiva a nivel de verosimilitud indiciaria de una actuación ilícita o ilegal determinada” ni hay pruebas de que los denunciados “hayan tenido participación, conocimiento o hayan omitido algún deber”.

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Agrega que algunas manifestaciones fueron pacíficas, pero también hubo actos vandálicos, y que las fuerzas del orden tienen un marco legal que regula el uso de armas y permite utilizarlas en determinadas situaciones.

Pese a que existen decenas de videos en los que se observa a efectivos policiales y militares disparar directamente al cuerpo de manifestantes, y que los fallecidos recibieron impactos de arma de fuego, la Secretaría Técnica, en su informe de calificación, recomienda su improcedencia al “no poderse determinar el supuesto abuso desproporcionado de la fuerza y la participación de los denunciados”.

39 muertos por bala

Esta recomendación fue cuestionada por los legisladores que presentaron la demanda constitucional.

La congresista Sigrid Bazán remarcó que la acusación se debe admitir y resaltó las evidencias del informe de Human Right Watch recientemente emitido, en el que se precisa que las 39 muertes fueron producto del impacto de balas, 34 de los cuales cayeron en las partes superiores del cuerpo: 11 en la cabeza. Resaltó, asimismo, que 21 de las víctimas no participaban en las protestas.Por su parte, la legisladora Ruth Luque criticó el informe de la Secretaría Técnica que señala que las fuerzas del orden habrían usado sus armas correctamente según su reglamento y da a entender que hubo muchos actos violentos.

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Remarca que entre los heridos de gravedad hay niños y personas con discapacidad. “Yo me pregunto: ¿eso es el uso proporcional de la fuerza?”, dijo.

Luque sostuvo que con la denuncia han presentado algunas imágenes, pero sugirió que la Subcomisión podría valorar también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informes de la prensa y de la Defensoría del Pueblo, y la investigación que está siguiendo el Ministerio Público, entre otros. “No se puede determinar una improcedencia de esta naturaleza. Se requiere una valoración de fondo”, manifestó.

Finalmente, la Subcomisión desestimó la denuncia con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. A favor estuvieron las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, y se abstuvieron 3 legisladores de la Bancada Magisterial y de Somos Perú.

Las ‘mochasueldos’

La Subcomisión también dio cuenta de la denuncia presentada contra las parlamentarias de Alianza para el Progreso, Magaly Rosmery Ruiz, Katy Ugarte Mamani, María Acuña y Rosio Torres, por haber recortado los sueldos a sus trabajadores.Todas ellas fueron acusadas por concusión por el ciudadano José Luis Briones Trujillo. Trascendió que, sin embargo, como el denunciante no es uno de los afectados, este caso pasaría al archivo. Otra forma de que la denuncia sea tramitada es que algún parlamentario la haga suya, pero hasta ahora ninguno lo ha hecho. 

Aprueban denuncia contra Vizcarra y Mazzetti

Con 17 votos a favor y una abstención la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, por haberse vacunado de forma irregular.

El 28 de abril pasado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, envió la denuncia del caso conocido como ‘Vacunagate’; señaló que el exmandatario habría abusado de su cargo para “inducir” al investigador principal del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 en Perú, Germán Málaga, a que él reciba la vacuna, así como a su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra. También se acusa de lo mismo a la exministra Mazzetti. Ambos fueron inoculados antes de que fuera oficial en el país.

El informe de calificación de la denuncia fue aprobado sin necesidad de debate.Este es el primer paso de un largo proceso, pues luego irá a la Comisión Permanente y de allí al Pleno.34 de los muertos fueron impactados por balas, de las cuales 11 cayeron en la cabeza.