Otro expresidente caído. Alejandro Toledo Manrique, la esperanza para reconstruir la institucionalidad democrática tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, ingresó anoche al penal especial de Barbadillo.
Allí, cumplirá 18 meses de prisión preventiva, a la espera de un juicio público por delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, en relación con el escándalo Lava Jato.
En el penal de Barbadillo se encontrará con su antecesor en la presidencia, Alberto Fujimori. El Chino cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de derechos humanos. Además, también verá al más reciente expresidente, Pedro Castillo. El profesor rural cumple prisión preventiva, mientras se le investiga por el frustrado golpe de Estado y actos de corrupción.
A diferencia del año 2000, cuando apareció en la escena política nacional, Toledo arribó al aeropuerto Jorge Chávez ya no cómo un exitoso profesor de las universidades de Harvard y Stanford, sino como un fugitivo de la justicia.
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El expresidente descendió del avión, que lo trajo de San Francisco-California, vía Los Ángeles, a las 7:01 de la mañana. Realizó el viaje escoltado por dos agentes de US Marshal, en cumplimiento de la orden de extradición decretada por el juez de California, Thomas Hixson y el Departamento de Estados de EE.UU.
Al descender del avión, lo hizo caminando, pero minutos después se le vio cabizbajo en una silla de ruedas. Más tarde, su abogado Roberto Su informó que sufrió una descompensación y se había caído dos veces dentro del aeropuerto Jorge Chávez.
Apoyo. Simpatizantes de Perú Posible llegaron hasta la Dirección de Aviación Policial. Foto: John Reyes/La República
Lo recibió un equipo de la policía al mando del general PNP Jorge Luis Angulo; el jefe de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, el fiscal Alfredo Rebaza; y fue revisado por médicos legistas.
La policía lo trasladó a la cercana Dirección de Aviación Policial. Se había previsto llevarlo en helicóptero hasta el cuartel policial de la Diroes, al lado del penal de Barbadillo. Pero esto no fue posible.
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A la sede de la policía aérea llegó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Un hecho inédito, pues ella no interviene en sus procesos y nunca antes la máxima autoridad del Ministerio Público había intervenido en la llegada de un extraditado.
La oficina de prensa de la Fiscalía comunicó que Benavides informó a Toledo de sus derechos y de los procesos judiciales que debe afrontar en nuestro país.
Fuentes policiales señalan que la fiscal de la Nación también le indicó los beneficios penitenciarios, como reducción de pena, que podría recibir si se acoge a una sentencia anticipada.
Abogado. Roberto Su acompañó al expresidente en la audiencia judicial. Foto: Poder Judicial
También le hablaron de la posibilidad de una reducción de pena o incluso el perdón total, si se acoge a la ley de colaboración eficaz y entrega información sobre otros actos de corrupción durante o después de su gobierno.
“El Cholo escuchó a en silencio, parecía concentrado, analizando lo que le decían. Luego, respondió que está enfermo, que nunca ha robado, que no es corrupto y que está seguro de que probará su inocencia”, detalló un oficial de la Policía que observó la reunión.
Sobre este evento, el abogado de Toledo agradeció la cortesía de la fiscal de la Nación por interesarse en proteger los derechos de su cliente, desde que llegó al aeropuerto hasta antes de su traslado al penal de Barbadillo.
Mientras Toledo hablaba con Benavides, en los exteriores un grupo de simpatizantes del expresidente, con banderolas del desaparecido partido Perú Posible y pancartas, defendía su inocencia.
Derechos. Fiscal de la Nación, Patricia Benavides habló con el extraditado de sus procesos. Foto: Ministerio Público
También llegaron los exministros de Defensa y exvicepresidente, David Waisman, y de Trabajo, Carlos Almerí, durante el gobierno de Toledo. Ambos discutieron en plena calle y la conversación terminó con un puñetazo.
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“Te botaron por burro del Ministerio de Defensa, eres un desleal. Yo voy a declarar. Cuando yo era ministro, tú me pedías todos los días puestos de trabajo para tu gente”, le increpó Almerí a Waisman.
A lo que este respondió: “¿Qué? No seas desgraciado. Eres un mentiroso de porquería. Muerto de hambre”, respondió Waisman, a la vez que le lanzó un puñetazo que le rozó la nariz y el mentón.
Al concluir el altercado, Almerí presentó una denuncia por agresión. Por su parte, Waisman declaró que fue agredido verbal y físicamente por la gente que llegó acompañando a Almeri.
Exministros. David Waisman y Carlos Almerí discutieron y hubo golpes. Foto: difusión
Pedro Toledo, hermano del expresidente, también se acercó a la Policía Aérea, pero no lo pudo ver. Más tarde, le alcanzó ropa, sábanas, útiles de aseo y alimentos en el penal.
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El fiscal Alfredo Rebaza solicitó al Poder Judicial que la diligencia de identificación se realice de manera virtual, pero la jueza de turno de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, Margarita Salcedo Guevara, respondió que debía ser presencial.
Ante esta situación, el expresidente fue trasladado en helicóptero al cuartel Los Cibeles, en el Rímac. De allí, en auto, lo llevaron a la sede judicial. En la audiencia participó el fiscal José Domingo Pérez y participó el abogado defensor Roberto Su.
El expresidente le dijo a la jueza su nombre, número de DNI, los nombres de sus padres y su dirección en Lima. Además, señaló como domicilio la casa de la calle Los Olivos 185, en Camacho, en Lima, que recientemente ha sido incautada por la Fiscalía.
Si bien el caso de la Interoceánica, por el que ha sido extraditado, está a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, dado que llegó detenido un fin de semana, la audiencia correspondió al juzgado de turno.
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La policía retornó a Toledo al cuartel Los Cibeles, con el detenido ya a disposición del INPE. Como estaba previsto, lo calificaron al penal de Barbadillo. A ese reclusorio llegó en helicóptero, con gestión de la Diroes. El expresidente tendrá tiempo para reflexionar y preparar su defensa. Su juicio podría comenzar dentro de un año y medio.
Penal. Toledo llegó en un helicóptero de la Policía hasta la Diroes. Foto: Gerardo Marín/La República
Al concluir la diligencia judicial, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que el juicio podría comenzar en unos meses y que la Fiscalía tiene las pruebas más que suficientes para demostrar que el expresidente Toledo es culpable de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.
El expresidente Alejandro Toledo cumplirá 18 meses de prisión. Una orden judicial que se emitió el 9 de enero del 2017, a pedido del fiscal Hamilton Castro, luego de que Jorge Barata y Odebrecht revelaron pagos por 30 millones de dólares por la carretera Interoceánica.
Para el 2017, Toledo ya era investigado por el caso Ecoteva en una fiscalía de lavado de activos, pero con comparecencia restringida.