Vizcarra y Del Solar: la interpretación retroactiva de Alejandro Muñante para denunciarlos
El congresista de Renovación Popular impulsa un juicio político contra ellos apelando a una reciente sentencia del TC. Diversos juristas califican esta acusación de inviable.
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, ha utilizado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la cuestión de confianza para denunciar al expresidente Martín Vizcarra, el ex primer ministro Salvador del Solar y sus exministros por la disolución del Congreso de setiembre del 2019.
Pero hay una serie de interpretaciones forzadas que hacen inviable esta acusación. Para explicarlo es necesario conocer el contexto.
Lo que pasó en 2019
Vizcarra disolvió el Congreso en setiembre del 2019 luego que esta institución se rehusó a votar un proyecto para modificar la ley orgánica del TC y elegir a sus magistrados mediante concurso público. El Pleno quería concretar dicha elección bajo la modalidad de invitación.
Salvador del Solar tuvo que ir al Congreso a hacer cuestión de confianza por esa iniciativa. La sesión fue accidentada. El fujimorismo y sus aliados no debatieron el proyecto y continuaron con la elección de los magistrados del TC.
Vizcarra, ante esa respuesta del Parlamento, interpretó que hubo una denegación fáctica de la cuestión de confianza. Con ello, hubo dos crisis de gabinete. La primera fue cuando el primer ministro fue Fernando Zavala y la segunda era con Salvador del Solar. Con esa interpretación, el expresidente a las 4 de la tarde del 30 de setiembre de ese año disolvió el Congreso.
Hubo, tras ello, un conflicto competencial entre el Ejecutivo y Legislativo. Al año siguiente, el pleno del TC resolvió que la decisión de Vizcarra no había sido ajena a la Constitución. El expediente 0006-2019 resolvió: "Se ha considerado constitucional el acto de disolución del Congreso de la República que tuvo lugar el 30 de setiembre del 2019".
Es decir, existe una sentencia del TC que le da la razón a Vizcarra.
El caso Aníbal Torres
A fines del 2022, en el gobierno de Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres planteó una cuestión de confianza para modificar la ley que limita el derecho a referéndum para reformas constitucionales que impulsen, por ejemplo, una Asamblea Constituyente por una nueva Constitución.
El problema es que meses antes el Congreso había modificado su reglamento para estipular que las cuestiones de confianza no proceden sobre hechos que son competencia exclusiva de esta institución, como aprobar leyes o censurar a ministros. Amparándose en esa norma, el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, declaró improcedente el pedido de Torres.
Tras esa decisión, Torres renunció al Gabinete y señaló que en los hechos sí hubo una denegación fáctica de la cuestión de confianza. Con ello Torres dejó entrever que de rechazarse un nuevo pedido de confianza, el entonces presidente Castillo quedaba habilitado para disolver el Legislativo.
Debido a eso, el presidente del Congreso, José Williams, recurrió a un conflicto competencial ante el TC. La composición de este Tribunal, cabe precisar, fue modificada el año pasado. El nuevo TC, el 20 de junio, resolvió esa demanda señalando que no existe la figura de la denegación fáctica de la cuestión de confianza.
La denuncia de Muñante contra Vizcarra y sus exministros
Después de la publicación de dicho veredicto, el congresista Muñante denunció a Vizcarra y Del Solar, y a sus exministros, por infracción a la Constitución debido a la disolución del Congreso del 2019. En vista que el TC señaló que la denegación fáctica de la cuestión de confianza es contraria a la Constitución, Muñante apeló a esa sentencia para impulsar un juicio político contra ellos.
Pero es necesario aclarar que las sentencias del TC en conflictos competenciales no son retroactivas. Con ello, en teoría, la denuncia de Muñante se cae.
El propio presidente del TC, Francisco Morales, en una entrevista a Canal N precisó que el caso de la disolución del Congreso en 2019 ya es cosa juzgada. Y en efecto, lo es, pues en 2020 el Tribunal consideró que esa decisión no fue inconstitucional.
La decisión del TC fue sobre la cuestión de confianza de Aníbal Torres y tiene efectos a futuro. Así lo afirman diversos constitucionalistas consultados por La República.
Juristas refutan a Muñante
Marianella Ledesma, expresidenta del TC, recalca que la resolución del TC del 20 de junio de este año "en ningún momento se refiere al cierre del Congreso del año 2019. La sentencia responde a un tema en concreto, analizar la cuestión de confianza ejercida en la gestión de Pedro Castillo".
"En ningún momento el actual Congreso ha planteado en su demanda un cuestionamiento al cierre del Congreso del 2019. Hay que leer textualmente la demanda presentada en el 2022. Hay que afirmar categóricamente que el pronunciamiento del TC generó cosa juzgada en el caso del cierre del Congreso del 2019 y no hay ningún pronunciamiento que revisa o altere esa decisión", afirmó Ledesma.
"La actual composición del TC ha hecho una interpretación de la cuestión de confianza, a pedido de este Congreso, que regirá hacia el futuro, mas no tiene efectos retroactivos. Toda decisión en el ordenamiento jurídico rige hacia adelante. Ver artículo 103 de la Constitución", agregó la exmagistrada.
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El constitucionalista Pedro Grandez coincide con esta visión y cuestiona la denuncia de Muñante. "Efectivamente, pretenden juzgar hechos del 2019 con una interpretación cuestionable del actual TC (...) Jurídicamente esa denuncia no tiene sustento alguno", sostuvo.
Pero existe una preocupación latente para Grandez. "El tema es que ahora el parámetro parece ya no ser el derecho. Ya no estamos en un Estado de Derecho. Al menos en el Congreso es un estado de la política, de los juicios subjetivos de la política", manifestó.
En ese sentido, la constitucionalista Ana Neyra, quien fue ministra de Justicia en el periodo de Vizcarra advirtió que "lo más probable es que (las bancadas) busquen los votos para sancionar políticamente (a Vizcarra y Del Solar), lo que implica nuevas inhabilitaciones políticas".
"Es que han logrado (las bancadas) unas coincidencias que realmente usan para hacer todo acorde con sus prejuicios. Ni siquiera tienen una orientación ideológica, salvo lo conservador y anti derechos", lamentó la abogada Neyra.
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En la ultraderecha podrán sindicar, de pronto, que estas opiniones jurídicas están parcializadas contra ellos. Sin embargo, Domingo García Belaúnde, constitucionalista a quien Renovación Popular no puede acusarlo de estar en el lado de sus rivales políticos, opinó el último domingo en el programa Patio de Honor que la denuncia del congresista Muñante era inviable.
"La ley dice que las sentencias del TC no son retroactivas, eso rige para adelante. Entonces, ahí Vizcarra se quedó y el que se ha librado es el señor Del Solar, ya sabemos que entró a patadas en el hemiciclo, pero eso ya pasó. Ya no, pues (puede ser denunciado). En su momento ser archivó el caso y se acabó. Hay que olvidarse del caso", comentó García Belaúnde.
De modo que todas las opiniones jurídicas refutan la denuncia de Muñante. Sin embargo, el congresista en Twitter la promociona. Esta acusación ahora queda en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La cuestión es que en este Congreso lo que determina una decisión es la fuerza de los votos. No necesariamente la razón.
