En el Congreso ahora apuntan a gobernadores y alcaldes

En la Comisión de Constitución se debatió ayer un proyecto de ley según el cual se estaría habilitando la vacancia de gobernadores y alcaldes en caso de que no se cumpla con proceder con los pedidos de información provenientes de los congresistas. 

De aprobarse, esta vacancia no sería ejecutada por el Congreso —porque sería algo inconstitucional—; sin embargo, se dejaría la puerta abierta para que el concejo, regional o municipal, proceda con la misma, lo que podría dar luz verde a una serie de arbitrariedades.

Esta iniciativa se suma a otras a través de las cuales el Parlamento busca controlar a las instituciones.

“El intento de control congresal de los poderes del Estado no tiene límites”, advirtió la legisladora Flor Pablo (no agrupada), quien es miembro de la comisión y participó del debate.

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Antes de discutirse esta propuesta, en la misma sesión se había aprobado una resolución legislativa que modifica el artículo 87 del Reglamento del Congreso y que especifica la responsabilidad de gobernadores y alcaldes en la entrega de estos informes solicitados por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

Luego se propuso que debía pensarse en alguna solución para obligar a que los requerimientos congresales sean efectivamente atendidos. Por eso, se planteó la opción de la vacancia en caso de que no sea así.

De acuerdo con el presidente de la comisión, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), el Congreso no sería el que decida esa posible vacancia sino el propio concejo regional o municipal.

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Alejandro Cavero (Avanza País) fue quien defendió la viabilidad de la propuesta: “No es una vacancia automática del Congreso frente a un alcalde o gobernador, porque eso no es posible, es inconstitucional, pero, si un gobernador o alcalde no responde, su concejo puede tener una causal que en su momento se evaluará”, dijo.

Pero, como advirtió la propia Pablo, se puede terminar generando una mayor inestabilidad: “¿Y si empapelo a los gobernadores, no tengo respuesta y tengo una causal de vacancia? Entiendo que el control político hay que reforzarlo, pero el Congreso va a tener en sus manos a los gobernadores”, advirtió.

Frente a las opiniones cruzadas, Guerra García planteó que el debate pase a un cuarto intermedio. La discusión debería retomarse el viernes en una sesión extraordinaria.

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“Este dictamen ya afecta la autonomía (de los Gobiernos subnacionales); llevará a cualquier interpretación y eso llevará a mayor inestabilidad”, dijo por su parte Jaime Quito, de Perú Libre.

También ayer, la Comisión de Constitución aprobó, por mayoría, una ley que modifica la ley orgánica del sistema nacional de control y de la Contraloría, por la cual se dispone que el contralor general continuará en funciones hasta que el Congreso elija a su sucesor.

Aunque el cargo de Nelson Shack recién va a vencer en julio del año que viene, este proyecto se ha votado con la excusa de que, si el Pleno no se pone de acuerdo en un sucesor, se evitaría un “vacío de poder”.

Hay que decir que este argumento no es correcto. 

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De hecho, como hicieron notar otros congresistas en el transcurso del debate, cuando el plazo del mandato de una autoridad vence y no hay todavía un reemplazo oficial que tome la posta, bien puede asumir su segundo de manera interina. 

“No ha habido problemas históricamente para la elección (del contralor general) y además no se elige por dos tercios, sino por mayoría. Además, el mandato (de Shack) vence en julio de 2024 y hay tiempo suficiente para evaluar las propuestas que llegarán del Ejecutivo. ¿Qué hay detrás de este interés? ¿Se está anticipando que no habrá propuesta? ¿Hay una reelección por ahí? Me genera dudas. Es algo innecesario”, expuso Ruth Luque (Cambio Democrático).

No deja de ser curioso que en esta oportunidad —contrario a lo que se ha visto otras veces— el Congreso no demuestre apuro en cambiar a una autoridad y, más bien, le dé la opción de mantenerse en el puesto, incluso más allá de lo que estipulan las normas vigentes.

Cabe señalar que el texto aprobado todavía deberá ser refrendado en el Pleno.

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Una medida fuera de proporción 

La posibilidad de que se pueda proceder a la vacancia de los gobernadores y alcaldes por el incumplimento en la entrega de la información solicitada por los congresistas recibió distintas críticas.

“Es una medida absolutamente desproporcionada que se refiere a un pedido de información. Las autoridades subnacionales son electas por mandato popular y por ese tema no se puede determinar una vacancia”, dijo Ruth Luque, de Cambio Democrático. Patricia Juárez, de Fuerza Popular, también mostró sus reparos: “El proyecto genera incertidumbre. Es cierto, el Congreso no va a vacar, el que vaca es el concejo, pero la aplicación es compleja”.

La clave

Precaución.  Patricia Juárez (Fuerza Popular) recomendó durante el debate que se tuviera en cuenta que, muchas veces, no es que no se quiera brindar información, sino que las solicitudes exceden largamente la capacidad de respuesta de quienes están a cargo.