El último viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final que sustenta la denuncia constitucional por presuntas infracciones a la Constitución, y el supuesto delito de traición a la patria del presidente Pedro Castillo.
La votación resultó con 11 votos a favor y 10 en contra, ya que se tomó en cuenta la posición positiva para dicho informe de Lady Camones, titular del grupo parlamentario, y de Wilson Soto, legislador de Acción Popular que elaboró el documento sustentado por Diego Bazán (Avanza País).
Antes de iniciar la sesión, Camones Boriano hizo un llamado a los integrantes de la SAC para que se abstengan de votar aquellos integrantes que tengan procesos penales debido a que estarían infringiendo el artículo 20 del reglamento del Congreso.
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No obstante, José Arriola, legislador acciopopulista e integrante de la Subcomisión hizo caso omiso a dicha advertencia, pues en la actualidad tiene una investigación preliminar en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de negociación incompatible.
Tal como lo reveló La República, Arriola también tiene una investigación abierta por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según una disposición emitida el 9 de febrero del presente año.
Arriola juró como congresista el último 23 de julio. Foto: Congreso
Según la resolución fiscal, Arriola Tueros era subgerente de Programas Sociales e Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de Ate cuando se produjo el presunto favorecimiento a cuatro proveedores, por 2 millones 886 mil 418 soles, en procesos de adquisición directa de productos para un programa de alimentación y nutrición, entre los años 2016 y 2017.
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Al ser consultado por este diario, el congresista admitió tener conocimiento. Sin embargo, fuentes de la bancada Acción Popular informaron que, durante los debates internos, Arriola Tueros nunca avisó que tenía una investigación fiscal.
Es importante precisar que, la sesión de la SAC se hizo luego de oficializarse el retiro de Martha Moyano, Waldemar Cerrón y Óscar Zea, quienes tenían procesos judiciales pendientes. En sus reemplazos ingresaron María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) y Heidy Júarez (Podemos Perú).
El artículo 20 del reglamento del Congreso, en su enciso d) señala que, durante el ejercicio del mandatario parlamentario, los congresistas “están prohibidos de integrar a Comisión de Fiscalización, Comisión de Ética, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras comisiones ordinarias que actúen en función de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales”.