Asesora de Rafael Belaúnde es investigada por presunta red de trabajadores fantasmas en EMILIMA

Maritza Manturano Castro, jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa, es investigada por su presunta participación en una red de trabajadores fantasmas en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA). Según reveló Cuarto Poder, la Fiscalía la considera presunta líder de una organización criminal que habría utilizado contrataciones fraudulentas para obtener dinero público mediante servicios que no se realizaron.

Los hechos investigados corresponden a la etapa en que Manturano se desempeñó como gerente general de EMILIMA, cargo al que llegó en 2019. De acuerdo con la documentación fiscal presentada en el reportaje, el caso comprende 22 contrataciones de locadores cuyos trabajos no se habrían ejecutado, pese a que la entidad municipal realizó los pagos correspondientes.

La investigación también incluye audios entregados por aspirantes a colaboradores eficaces. En una de las grabaciones, Manturano habría coordinado con otros investigados las respuestas que debían dar ante el Ministerio Público. Otro de los participantes afirmó que no había realizado las labores por las que fue contratado, aunque recibió indicaciones sobre qué información debía proporcionar durante las diligencias.

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Pese a la investigación fiscal, Rafael Belaunde la designó como jefa de su gabinete de asesores en el Ministerio de Defensa. La relación entre ambos también tuvo un componente empresarial. Manturano figuró como apoderada de cuatro compañías vinculadas al actual ministro y participó en actividades de la campaña electoral de Libertad Popular, partido liderado por Belaunde.

Audios exponen presuntas coordinaciones para responder ante la Fiscalía

Uno de los casos detallados por Cuarto Poder involucra a Cinthya Daphnne Cavero Gonzáles, quien habría sido contratada como locadora de EMILIMA sin contar con experiencia previa como proveedora del Estado.

Según la tesis fiscal, Cavero habría recibido pagos por un servicio que no realizó y luego habría entregado el dinero a Yazmín Sevilla Nieto, quien presuntamente lo remitió a Manturano. Un audio entre Cavero y Sevilla mostró que ambas hablaron sobre cómo explicar ante la Fiscalía el origen de la contratación y evitar que sus respuestas vincularan a la entonces gerente general.

Otra grabación corresponde a una reunión del 5 de noviembre de 2023, cuando las diligencias fiscales ya estaban en curso. En ella, Manturano habría recomendado a los participantes que respondieran de manera precisa y sin ofrecer detalles adicionales. También se comprometió a preparar documentos con preguntas y respuestas para que los investigados los utilizaran como guía durante sus declaraciones.

En la misma conversación, Fernando Rojas Barrera manifestó que no había realizado las labores por las que fue contratado y que solo había ayudado a Andrés Diez Tochiki a emitir recibos.

El abogado de Manturano, Roberto Robles, sostuvo que su patrocinada se limitó a aprobar los pagos con base en la información que recibía sobre los servicios realizados. Además, cuestionó la validez de las grabaciones y señaló que, hasta el momento de la entrevista, no existía una pericia fonética que confirmara la identidad de las voces.

Robles también indicó que Manturano guardaría silencio si la Fiscalía la citaba a declarar. La investigación incluye, además, a Pedro Gamio Felipa, esposo de la funcionaria, por su presunta intervención en la contratación de uno de los locadores.